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Federaciones indígenas aclaran sobre Consulta Previa: “El Estado debe dar cuenta [antes] de sus avances en las exigencias que hemos planteado”
7 marzo, 2015

PUINAMUDT, 07/03/2015.- En reciente declaraciones vertidas ante una comisión del Congreso de la República, el Presidente de Perupetro Luis Ortigas ha asegurado que la consulta previa y la licitación del nuevo Lote 192, ubicado en lo que hoy se denomina Lote 1AB, “empezarían” el próximo 13 de abril.

El Lote 1AB, cuyo contrato vence en agosto próximo, está en una situación de conflicto. Las organizaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT, representantes de las  comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera, han planteado al Estado una serie de condiciones antes de la licitación del nuevo lote, vinculadas a reparaciones históricas por vulneraciones de derechos y daños ambientales.

La actual operadora del lote es la empresa Pluspetrol, quien está fuertemente cuestiona por sus prácticas ambientales y relación con las comunidades indígenas.

“Ellos no pueden decidir por sí solos, no hay confianza todavía”, ha aclarado el apu Carlo Sandi, presidente de FECONACO. Y luego agregó “el Estado debe dar cuenta [antes] de sus avances en las exigencias que hemos planteado desde hace mucho tiempo”.

La confianza entre el Estado y los indígenas es lo que está en juego. “A nosotros no nos van a engañar”,  “lo que interesa [al Estado] es sacar el petróleo nomás, a ellos no les interesa quién vive, ellos están lejos de nuestra realidad cómo hemos vivido”, dijo Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP.

Según los presidentes de las federaciones indígenas, las afirmaciones de Luis Ortigas estarían adelantando decisiones, escenarios y fechas, sin tener aún la opinión y el consenso final con las federaciones. En un acta de febrero 2013, Perupetro se comprometió a que “no se va iniciar el proceso de licitación [del lote 192] mientras ambas partes [Perupetro e indígenas] no tengan satisfecho el proceso de consulta”.

“Ortigas no puede poner fecha, cuando veamos compromisos seguros recién podemos hablar sobre consulta”, dijo el apu Aurelio Chino.

Asimismo, las palabras del presidente de Perupetro se relacionan con versiones del jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Julio Rojas, quien también ha anunciado acuerdos con las federaciones indígenas respecto a sus demandas de titulación, salud, remediación ambiental, compensación, educación, desarrollo, entre otros.

Pero los adelantos del jefe de la ONDS tampoco han caído bien a las federaciones. Al respecto el apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT: “no creo que estamos en condiciones de dar declaraciones sobre ello, el Estado mismo debe informar primero a los presidentes de las federaciones sobre los compromisos”. Según hay acuerdo con las federaciones, el Estado prepara una reunión con los presidentes de las federaciones para presentar oficialmente los compromisos.

“No vaya a pasar como la otra vez”, dijo López, refiriéndose a una reunión de semanas atrás con ministros, donde luego de varias horas no se arribó a ningún acuerdo. Lo mismo recuerda Carlos Sandi, “no podemos estar seguros qué vamos a firmar, pueden hacer lo mismo de la otra vez”, aludiendo a la frustrada reunión anterior.

“Podemos firmar pero para ejecutar al toque, al instante; no es así como dicen ellos, estamos pensando minuciosamente las cosas que van a venir”, precisa Aurelio Chino.

“[Antes de firmas acuerdos] tenemos que fijarnos en cronogramas y plazos para la ejecución de los compromisos donde se esclarezca bien cómo va a hacerse”, completa Carlos Sandi de FECONACO.

Este 10 de marzo habrá una reunión en Palacio de Gobierno entre altos representantes del Estado y los apus de las federaciones indígenas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. El objetivo es presentar los compromisos que el Estado ofrece a las comunidades de las cuatro cuencas respecto a sus demandas.

La actividad petrolera en el Lote 1AB y 8, ubicados en Loreto y operados por la cuestionada empresa Pluspetrol, ha dejado severos daños en el ambiente y la vida de los territorios indígenas. Ello ha sido identificado por el Estado a lo largo de dos comisiones multisectoriales implementadas desde 2012.

La ausencia de servicios públicos del Estado en comunidades (educación, salud, otros), la falta de fiscalización ambiental y a la gestión comunitaria a la actividad petrolera en los lotes 1AB y 8, han generado una deuda histórica del Estado peruano en las comunidades afectadas por más de 43 años de actividad petrolera en sus territorios.

Las emergencias ambientales declaradas en las cuatro cuencas por el Estado desde 2013, la emergencia sanitaria declarada en 2014, y sendos reportes ambientales que dan muestra de los terribles índices de contaminación de aguas, suelos y sedimentos, son sólo parte de un problema de profundo impacto en las comunidades.

 

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