Proceso judicial que inició ACODECOSPAT hace 3 años, permite multa histórica a Pluspetrol por contaminación en Pacaya Samiria

PUINAMUDT, 11/06/2015.-  Al final ganó la justicia. Pluspetrol no pudo evitar la sanción, por más que pretendió una vez más y por todos medios eludir sus responsabilidades ambientales. Ahora, la petrolera tendrá que pagar una multa de 29 millones de soles por incumplimiento del PAC del Lote 8X, un lote que lleva mucho años de impunidad ambiental, generando graves impactos en un ecosistema de humedales frágiles: la Reserva Pacaya Samiria.
La noticia es sumamente importante, sin embargo ha tenido escasa repercusión. El trabajo técnico del OEFA ha sido fundamental en este proceso, más aún en un contexto político donde la institucionalidad ambiental en Perú pierde fuerza y se le considera como obstáculo para la inversión.
Sin embargo, es necesario resaltar que esta iniciativa surge por una demanda judicial que interpuso la organización indígena ACODECOSPAT hace casi tres años. Según declaraciones de diciembre de 2012, el apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT y titular firmante de la demanda, dijo que «la intención [de la demanda] es demostrar cómo la empresa petrolera contamina y oculta delitos con malas prácticas ambientales».

detalle cocha de petroleo

Una de las lagunas contaminadas de la Reserva Pacaya Samiria. ACODECOSPAT, setiembre 2013.


Antes de ello, la situación ambiental y magnitud del daño en el Lote 8X eran simplemente desconocidas por el Estado y sus instituciones. “Vamos a ver unos casos que nunca han sido visibilizados, hoy es tiempo que se haga algo por ello”, decía en aquel entonces el apu Ander Ordoñez (nota del 15/12/2012), monitor ambiental de ACODECOSPAT.
Recuento de los hechos
El proceso inició el 6 de noviembre de 2012, cuando ACODECOSPAT interpuso una demanda contra la empresa Pluspetrol, operadora del Lote 8X, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta, en Loreto. La asesoría legal estuvo a cargo del Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social (IDLADS).
La consecuencia de esta demanda fue la primera inspección ambiental realizada en la Batería petrolera Yanayacu, centro de operaciones del Lote 8X. “Vamos a hacer una constatación fiscal y un recojo de muestras […] a efecto de verificar un hecho denunciado donde al parecer habría contaminación ambiental por derrame de hidrocarburos”, decía el entonces fiscal Vladimir Rojas, en diciembre de 2012.
La diligencia no fue fácil de realizar, y ACODECOSPAT lo denunció. La inspección se programó recién para el viernes 14 de diciembre de 2012, luego de muchos «peros» de la empresa Pluspetrol. Finalmente, la fiscalía solicitó el acompañamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), todas ellas instituciones que ingresaban por primera vez en el marco de una investigación ambiental. Aquella vez, las autoridades públicas encontraron inimaginables hallazgos.
Panorámica de una laguna contaminada con petróleo, durante la constatación fiscal. Diciembre 2012.

Panorámica de una laguna contaminada con petróleo, durante la constatación fiscal. Diciembre 2012.


ACODECOSPAT emitió un pronunciamiento el día 28 de diciembre de 2012. “Denunciamos el abandono del Estado evidenciado en la complicidad del SERNANP y la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria con la empresa Pluspetrol, encubriendo los daños ocasionados”, señalaba entre otros la organización indígena del Marañón en ese momento.
El resultado de dicha diligencia (tan sólo 10 puntos de muestreo) evidenció una situación ambiental sin precedentes en un Área Natural Protegida (Sitio internacional RAMSAR), uno de los ámbitos que concentra mayor biodiversidad en nuestro país, caracterizado por la fragilidad de sus ecosistemas y la inmensidad de sus bosques humedales.
Las terribles imágenes de la contaminación petrolera en la zona salieron a flote y las lagunas de petróleo de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en territorio kukama kukamiria del Marañón, fueron inocultables.
El 25 de febrero de 2013, la Directora del Área de Supervisión del OEFA emite el Reporte Público del Informe de Supervisión 1472-2012-OEFA/DS. En este informe, OEFA señalaba altísimos índices de contaminación por hidrocarburos y  metales pesado en aguas y suelos de los puntos de muestreo de la inspección de diciembre 2012.
Cuadro 3 del Reporte Público de OEFA de febrero de 2013. En el cuadro se aprecia los índices altísimos de contaminación por metales pesados e hidrocarburos (TPH).

Cuadro 3 del Reporte Público de OEFA de febrero de 2013. En el cuadro se aprecia los índices altísimos de contaminación por metales pesados e hidrocarburos (TPH).


Sin embargo, antes, el 8 de enero de 2013, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA ya había emitido la Resolución 006-2013-OEFA/TFA, donde le imputa una multa a Pluspetrol Norte S.A. «ascendente a ocho mil cuarenta y siete con 41/100 (8047,41) Unidades Impositivas tributarias», cifra que llega a los 29 millones de soles.
Esta es la resolución que apeló Pluspetrol por vía judicial, utilizando la misma estrategia con la que eludió cumplir sus responsabilidades ambientales en el Lote 8X: la judicialización de sanciones e instrumentos de gestión ambiental. Respecto a esta estrategia, precisamente IDLADS ha realizado un análisis que desnuda la mala fe y escrúpulos ambientales de Pluspetrol (ver informe aquí).
Alcances de la defensa del territorio indígena y pendientes
«El inicio en noviembre de 2012 de un proceso legal para descubrir hallazgos de contaminación ocultados por la empresa, es parte de una lucha permanente de ACODECOSPAT en defensa del territorio kukama kukamiria y la Reserva Nacional Pacaya Samiria», señala Alfonso López, presidente de la organización indígena ACODECOSPAT.
Posteriormente, como parte de las exigencias de ACODECOSPAT en la Comisión Multisectorial 200-2012-PCM, se realizó un nuevo monitoreo ambiental (setiembre 2014), ahora integral y más exhaustivo, tanto en la cuenca del Marañón como en la Reserva Pacata Samiria. Este monitoreo devino en una Emergencia Ambiental decretada por el Ministerio del Ambiente a inicios de 2014.
En último término, la defensa del territorio mediante litigio que inició ACODECOSPAT hace casi 3 años, sus exigencias a las autoridades ambientales judiciales y ejecutivas, así como la vigilancia indígena y territorial, repercutió en un fortalecimiento de la autoridad ambiental pública y un proceso de sanción justo.