Apus de las 4 cuencas esperan decisiones del Estado que atiendan la emergencia ambiental y social de sus territorios contaminados por la actividad petrolera
17 enero, 2015
PUINAMUDT, 17/01/2015.- Este domingo se reunirán en Iquitos los presidentes de las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT con una comisión de alto nivel del Estado para escuchar la propuesta de atención a la emergencia ambiental y social que se vive en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
La comisión de alto nivel estará integrada por el Ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, los viceministros de las carteras de Vivienda, Salud, Agricultura y Cultura, y el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
Desde varios meses atrás las federaciones indígenas han exigido al gobierno de Ollanta Humala acciones urgentes y decisión política para atender una situación histórica de emergencia; sin embargo, el gobierno ha pospuesto decisiones concretas frente a la problemática.
Oficialmente, el Estado atiende la problemática de las 4 cuencas desde noviembre de 2012. En mayo del año pasado se conformó una nueva Comisión Multisectorial encabezada por PCM, con participación de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agricultura y otros. La actual multisectorial ha mostrado un desempeño limitado. La falta de presupuesto y decisión política ha sido fuertemente criticada por los apus de las federaciones.
A inicios del pasado noviembre, la comisión multisectorial acordó una reunión con la Primera Ministra Ana Jara, en Lima, donde debieron participar más de 50 apus y madres indígenas, para presentar propuesta de solución a las demandas. Sin embargo, el compromiso fue incumplido.
Esta vez, las federaciones esperan que la comisión de alto nivel cumpla los compromisos. La titulación de las comunidades, la remediación ambiental, la compensación integral por el uso integral de sus tierras y estudios de salud, son parte de las principales demandas.
Las exigencias legítimas de las federaciones indígenas se basan en la vulneración histórica de sus derechos, por más de 43 años de explotación petrolera, tiempo en el que la convivencia con la contaminación ha expuesto en riesgo su propia existencia.
En este sentido, deberes fundamentales del Estado como la protección a la vida y la salud, han sido incumplidos por décadas. Asimismo, el Estado ha incumplido normas internacionales de rango internacional como el Convenio 169 de la OIT, entre otros.
Estado presionado por la licitación del Lote 192
“No permitiremos la licitación del Lote 1AB (192) si no se atienden estas demandas”, dijo el apu Carlos Sandi en un reciente entrevista.
A pocos meses del fin de contrato del Lote 1AB, el Estado tiene la urgente necesidad de convocar a licitación aquella área, ahora bajo su nuevo nombre, Lote 192. Por primera vez, luego de 3 años de diálogo con el Estado, las autoridades ofrecerían una propuesta de solución a la grave crisis social ambiental y social que padecen las comunidades de la zona.
Uno de los principales intereses del Estado es iniciar cuanto antes la licitación del Lote 192 y no perder la producción de yacimientos que producen casi el 20% del total de barriles de petróleo a nivel nacional.
Por su parte, las federaciones indígenas han manifestado reiteradamente que no están en contra de la licitación, pero exigen se respete sus derechos y se atienda y una crisis que afecta la existencia de sus pueblos.