A un año de la salida de Frontera Energy: la misma historia de contaminación, evasiones y conflictos
Se acaba de cumplir 1 año del cese de operaciones de Frontera Energy en el Lote 192. La empresa canadiense representó la continuidad de los daños ambientales y la conflictividad social en la zona. Al igual que sus antecesoras, ahora busca eludir sus responsabilidades.
PUINAMUDT 04/02/22.- Desde hace medio siglo, la actividad petrolera en la Amazonía peruana no sólo ha sido marcada por los estragos que ha causado en los territorios y la salud de los pueblos indígenas, sino también por una condición histórica de impunidad que ha facilitado a las empresas operadoras abandonar los lotes sin asumir sus responsabilidades. El caso del Lote 192 (ex 1AB), en el norte de Loreto, es ilustrativo. A partir del primer brote de oro negro en Trompeteros, la Occidental Petroleum Corporation (1971-2000) y posteriormente Pluspetrol (2000-2015), han culminado sus operaciones libradas de costear una inmensa deuda ambiental y social que se acumula cada vez más.
Frontera Energy, ha sido la última empresa en operar el lote (2015-2021). Una empresa de origen canadiense, un país reconocido internacionalmente por sus esfuerzos contra el cambio climático y por la transición energética. Con todo, solamente su llegada estuvo envuelta en irregularidades y cuestionamientos. Por un lado, la empresa contaba con un polémico historial en Colombia, donde fue señalada por vulnerar derechos colectivos, laborales y criminalizar a defensores ambientales. Por otro lado, adquirió la licitación del lote a través de una negociación directa con el Estado en medio de la interrupción arbitraria del proceso de Consulta Previa, la primera que se realizaba como resultado de la presión de las organizaciones indígenas. Con una maniobra legal, inició sus operaciones en base a un contrato “temporal” de dos años.
La empresa tuvo conocimiento de las consecuencias socioambientales de las operaciones de su antecesora. Sin embargo, durante 5 años sumó 107 derrames (de petróleo, aguas de producción y diésel). De acuerdo al OEFA, hay comunidades que han sido impactadas hasta una veintena de veces. El caso más grave es de la comunidad José Olaya (22 veces). Le siguen Antioquía, Alianza Capahuari (19 veces), Los Jardines, Nuevo Andoas (17 veces) y Doce de Octubre (13 veces).
La misma fiscalización estatal ha confirmado que más del 70% de los derrames se debieron a corrosión y fallas operativas. Lamentablemente, Frontera Energy se amparó en el carácter temporal de su contrato para no realizar el mantenimiento necesario de la infraestructura del lote, pasando por encima de la normativa ambiental y los estándares de debida diligencia. Por el mismo motivo, tampoco ejecutó adecuadamente las medidas de contingencia y reparación de los daños. Las multas que el OEFA y el OSINERGMIN le impusieron ascienden a los 2 millones de soles, las mismas que la empresa ha buscado judicializar para evadir el pago.
La continuidad del daño agudizó la conflictividad social en la zona. Se registraron al menos una decena de movilizaciones de las comunidades. En comparación con los últimos años de Pluspetrol, Frontera Energy incrementó la frecuencia de los desencuentros. El momento más álgido se produjo en el 2017, cuando nuevamente el Estado intentó negociar a espaldas de las comunidades para entregar el lote por 30 años más. Si bien las organizaciones indígenas lograron frenar dicha proyección, la empresa no se retiró al cumplir los 2 años como establecía su contrato “temporal”. Por el contrario, hizo un uso perverso de una cláusula (Fuerza Mayor) para sacar provecho de las movilizaciones extendiendo su permanencia en el lote. En algún sentido, sancionó a las comunidades por ejercer su derecho a la protesta.
A lo largo de la emergencia sanitaria, la empresa tuvo serias denuncias en materia de derechos humanos. El retiro total del personal y la paralización de sus operaciones se dió recién a los dos meses de iniciada la cuarentena, con trabajadores ya contagiados y exponiendo a las comunidades de la zona. Pero la conducta más grave fue condicionar el oxígeno a cambio de petróleo. El alcalde de Andoas junto con las organizaciones indígenas solicitaron a la empresa la activación de la planta de oxígeno de la base de Shiviyacu. Al poco tiempo, en una reunión con las comunidades y el Estado, la empresa, condicionó la ayuda con el reinicio de la extracción y la garantía de que no vuelvan a ocurrir movilizaciones. El hostigamiento persistió con diferentes maltratos y se vinculó al acceso de electricidad, a la vez que los derrames continuaron durante todo el 2020.
Las organizaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE han denunciado las malas prácticas de Frontera Energy incluso en Canadá, mediante comunicaciones con parte del Senado y con la dirección ejecutiva de la empresa. A un año de su salida, la empresa no muestra ninguna disposición para hacerse cargo de la totalidad del impacto ocasionado. En su propuesta de Plan de Abandono declara haber cumplido con la remediación de los sitios afectados pero el OEFA ya ha desmentido tales presunciones. Aunque actualmente el Estado pretende explotar el lote por 40 años más, la impunidad de la que todavía se benefician empresas como Frontera Energy evidencian que la actividad petrolera, tal como la conocemos, es inviable respecto al futuro de los pueblos indígenas y nuestra Amazonía.
