Pronunciamiento frente al terrible derrame de petróleo en Ventanilla: ¿es realmente el peor desastre petrolero en el país?
Las comunidades indígenas de los pueblos Achuar, Quechua, Kichwa, Urarina y Kukama Kukamiria, organizadas en nuestras federaciones FECONACOR, FEDIQUEP, OPIKAFPE, ACODECOSPAT y FIURCO nos solidarizamos con las familias afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, que a su vez sube por la costa peruana. Más aún cuando ha ocurrido un nuevo vertimiento en la misma zona este 25 de enero. Es terrible ver e imaginar el daño que generan dichos derrames en el ecosistema marino, en las economías familiares y en otros. Ese daño se incrementa además mientras la empresa Repsol no actúa con la necesaria capacidad y rapidez, pues prefiere buscar eludir sus responsabilidades ambientales y sociales.
Sin embargo, señalamos que esta desgracia ecológica nos arroja al rostro otro daño adicional: La discriminación, el racismo y el abandono de los territorios de los pueblos indígenas. Es aplastante la desproporción que existe en cómo trata la prensa nacional y el Estado peruano un derrame de petróleo y una crisis socioambiental en Lima en comparación a cómo lo tratan en los territorios indígenas. Entonces, nos preguntamos, ¿es realmente el peor desastre petrolero en el país?
Los indígenas sufrimos décadas de daño que se acumula en nuestros territorios, peces, alimentos, agua que bebemos y en nuestra misma salud causados por la actividad petrolera que lleva 50 años en Loreto. Revisemos información:
- Solo entre 2015 y 2020, la empresa Frontera Energy registró más de 100 derrames en el Lote 192 de acuerdo a las autoridades ambientales.
- En el Lote 8 la empresa Pluspetrol, entre el año 1998 y 2020, ha registrado según las autoridades más de 180 derrames.
- En el Lote 192, la misma Pluspetrol ha abandonado el lugar sin hacer remediación ambiental sobre más de 2 mil sitios impactados. A la fecha son más de 400 derrames petroleros en los lotes 8 y 192.
- De otro lado, la comunidad San Pedro de Urarinas ha sufrido 3 derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano (2014, 2016 y 2018) y Petroperú aún no remedia esta zona afectada por derrames de 7 mil 977 barriles de petróleo en 2014, 1 mil 130 barriles de petróleo en 2016 y 114 barriles en 2018. Esto sucede además en otras comunidades como en Nueva Alianza en el Urituyacu, que recientemente es afectada por un segundo derrame en su territorio.
- Esto sin contar los casi 30 años, décadas del setenta, ochenta y parte del noventa, donde las empresas petroleras vertieron, entre 1974 y 2009, más de 7 millones de barriles de aguas de producción petrolera impunemente a ríos y suelos de los territorios de nuestras comunidades achuares, kichwas, kukamas, urarinas y quechuas, aguas que son altamente tóxicas por su salinidad y contenido de metales pesados.
Mientras que para el caso del derrame en Lima la reacción de autoridades, funcionarios, congresistas y prensa ha sido de forma inmediata, e incluso se han tomado medidas judiciales para que los representantes legales de Repsol no salgan del país; ante nuestras denuncias lo que existe es postergación, indiferencia y desidia. Por ejemplo, frente al último derrame de petróleo en el Lote 192 este mes, en la comunidad achuar José Olaya, el OEFA no ha atendido la emergencia utilizando la excusa de la emergencia sanitaria. Otro ejemplo, el Estado peruano ha permitido a la empresa Pluspetrol irse del Lote 192 sin que se haga cargo de toda su responsabilidad ambiental, sin remediar. lo mismo quiere hacer en el Lote 8. No queremos plantear una competencia sobre quién es más afectado, solo ponemos cifras e historia para que hagan el contraste y se vea la diferencia del trato, lastre del centralismo, discriminación y racismo en Perú.
Ha tenido que ocurrir un derrame de petróleo en Lima para que realmente tomen en serio este problema ambiental que nuestras comunidades padecen desde hace 50 años y hemos denunciado incansablemente.
Queremos precisar además que las multas ambientales que impone el Estado no son suficientes, pues estas son judicializadas, luego incluso el Estado pierde esos juicios; pero principalmente porque estos no devienen en resarcimiento o reparación para la población afectada. Por ello, exigimos al gobierno de Pedro Castillo que asegure un sistema general de fiscalización eficaz para la industria de hidrocarburos. Exigimos también que se establezcan mecanismos fuertes y sanciones contundentes y ejemplares para que las empresas petroleras se hagan responsables de sus obligaciones ambientales y cumplan con altos estándares. De otro lado, el Estado debe fortalecer su rol en los procesos de remediación, creando mecanismos de gestión y financiamiento para las distintas zonas afectadas. Finalmente, demandamos más participación de pueblos indígenas y los gremios de las familias afectadas por la actividad de hidrocarburos, en la fiscalización de estas empresas y en la elaboración e implementación de acciones de reparación y remediación.
Queremos llegar al corazón de la población peruana para que acompañen también nuestra lucha por la restauración de nuestros territorios y el sueño de una Amazonía donde nuestros hijos e hijas puedan vivir a salvo de la contaminación petrolera. Antes de seguir promoviendo una actividad que no ha traído desarrollo a nuestras comunidades y nunca ha ofrecido garantías para la Vida y la Naturaleza, el Estado peruano debe poner en primer lugar a los pueblos, al futuro de nuestros niños y niñas.
Loreto, 28 de enero de 2022
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