LUCES Y SOMBRAS DE LAS CONSULTAS PREVIAS DEL LOTE 192 E HIDROVÍA AMAZÓNICA
PUINAMUDT, 18/08/2015.- El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), en un post publicado en redes sociales, desarrolla algunas ideas críticas respecto a las consulta previas de Hidrovia Amazónica y el Lote 192, las cuales acompaña como parte del equipo asesor de las organizaciones indígenas.
Desde la lectura de IDLADS, el principio de Buena fe indispensable de todo proceso de diálogo se estaría vulnerando. Señalan que «la ansiedad de los funcionarios públicos puede estar acabando con la buena fe». Esto representa un fuerte riesgo al exponer derechos indígenas a escenarios de imposición y, consecuentemente, a la vulneración de derechos. El texto además crítica a la Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, y el papel que está cumpliendo el Viceministerio en ambos procesos de consulta.
Respecto al proceso de consulta del Lote 192, las federaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP, ACODECOSPAT y la organización nacional AIDESEP, han emitido un reciente pronunciamiento criticando dicho proceso y advirtiendo de próximas medidas en territorios.
En los últimos días, la ministra ha salido a algunos medios de comunicación a defender la postura del gobierno frente al proceso de Consulta del Lote 192.
A continuación el post te IDLADS:
La consulta previa es un proceso político jurídico donde el Estado y los pueblos indígenas se sientan a escucharse recíprocamente sus propuestas y contrapropuestas, e intentar honestamente llegar acuerdos de buena fe, y así arribar al consentimiento libre e informado de las comunidades impactadas con una medida estatal que les va afectar sus derechos colectivos especialmente aquellos que implican afectación a su ambiente y cultura como en este caso serían la Hidrovía Amazónica y la explotación de hidrocarburos en el Lote 192, ambos proyectos de interés nacional cuya ejecución oscila entre los 20 a 30 años de duración, y que están desarrollándose en paralelo, y han traído enorme debate sus desarrollos y evolución.
Lo primero que tienen en común ambos proyectos es que el tiempo se hace relativo en su valoración, pues mientras al Estado le parece que se le acaba y está apurado mirando los descuentos de la administración actual, los pueblos indígenas se toman su tiempo pues saben que lo que decidan será una decisión transgeneracional y afectara sus vidas, hoy y en el futuro, será su legado a sus hijos y nietos, y eso es lo primero que deben comprender los funcionarios del Estado, que el vencimiento de un contrato de hidrocarburos, el 29 de agosto, o la salida del gobierno en julio 2016, no son temas que sean relevantes y de peso para las poblaciones indígenas cuyo pensamiento está en las décadas siguientes. Así las cosas, se equivoca el Estado cuando quiere acelerar el proceso de diálogo, y producto de esta ansiedad, termina trabando la consulta por ejemplo cuando realiza una muy deficiente etapa de información, como ocurrió en la Hidrovía Amazónica, y tiene que subsanarse ello con una ampliación de esa etapa, y reprogramar la fecha de instalación del diálogo con el Estado, ajustada al apremio gubernamental de acabarlo todo en septiembre, decisiones tan importantes como estas no deberían ceñirse a plazos impuestos. A pesar de todo, ha sido un acierto que el ente proponente, Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), haya reconocido sus errores y subsanado los mismos, lo que demuestra voluntad de diálogo aunque no de la mejor calidad.
Este síndrome de ansiedad gubernamental se puede volver a observar también en la etapa de diálogo de la consulta previa en el Lote 192 donde el Estado sintiéndose que se vence el plazo del contrato, quiere en un solo día llegar acuerdos con las poblaciones indígenas achuares del Corrientes y Achuares y Quechuas del Pastaza, sin pronunciarse de todos los 27 puntos de las propuestas indígenas sobre salud, educación, territorio, remediación ambiental, vigilancia indígena, y desarrollo social, reduciéndolo todo a un asunto meramente de beneficios económicos al amparo del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, pero lo más lamentable quizás sea que se quiera imponer la fórmula del Estado, bajo el axioma “tómalo o déjalo”. La lección aprendida de este proceder es que se olvidó mirar el contexto donde se hace ello, comunidades indígenas contaminadas por más de 43 años, que exigen ser escuchadas, y demandan tiempo para debatir sus propuestas, es su derecho, y por eso se llama diálogo intercultural, y no imposición. No ayuda en ello el comunicado del sector cultura sosteniendo que dieron un tiempo indefinido para llegar acuerdos cuando el propio ente proponente exigió que se cerrara, sí o sí, el tema de beneficios económicos el 14 de agosto, y no al siguiente como solicitaban los Apus. En este caso, para destrabar este proceso de consulta previa, se debe dar la posibilidad de que las poblaciones indígenas de Feconaco y Fediquep puedan debatir y consensuar con el Estado sus propuestas y hacérselas valer al nuevo concesionario, que por contrato debe respetar los acuerdos de consulta previa.
La ausencia de una institucionalidad estatal indígena autónoma, se dijo este 30 de julio ante la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está pasando la factura, y ello es más notorio en ambos procesos, pues ya se ha hecho evidente que el sector de cultura termina tomando partido por la entidad proponente, y no solo existe la sensación de ello, sino hechos inobjetables, cuando por ejemplo en el caso de la Hidrovía Amazónica dicho sector apoyo al ente proponente para que no accediera a realizar una etapa complementaria de la etapa informativa y evaluación interna, por las deficiencias detectadas, e insistir en ingresar a la etapa de diálogo, e incluso insistir en se encontraban en la misma, pese a los acuerdo de la mayoría de comunidades de no haber ingresado a las mismas porque no se había respetado ni cumplido el objeto de las etapas previas. Así se infiere que se requiere implementar una nueva institucionalidad estatal indígena con participación de los pueblos indígenas, y no un órgano de naturaleza política partidaria de la administración de turno.
Finalmente, en ambas consultas se ha detectado, la presión y quebrantamiento de la buena fe a través de la aseveración de terminar la consulta previa por decisión unilateral de la entidad proponente, y sin agotar el tiempo de diálogo, simplemente señalar que el Estado puede decidir aprobar la medida objeto de consulta sin llegar acuerdos con las poblaciones indígenas afectadas y que esta es una prerrogativa legal contemplada, y porque además sienten que ya se ha cumplido con la formalidad (la consulta), lo dijo de manera pública la Viceministra de Interculturalidad, en el proceso de consulta previa del Lote 192, el último 14 de agosto, para sin tapujos presionar a las Comunidades que faltaban suscribir el acuerdo sobre fideicomiso social sin mayor debate o contrapropuesta, y se escuchó un día antes más tímidamente, en el proceso de Hidrovía Amazónica por el Director General de Transporte Acuático del MTC, en las reuniones técnicas. Ello revela que la ansiedad de los funcionarios públicos puede estar acabando con la buena fe, y sin querer queriendo, ejerciendo presión y temor en las poblaciones indígenas. Nuestra conclusión: una consulta previa auténtica y real, requiere voluntad política de dialogar honestamente y sin el reloj en la mesa, y urge la creación de una entidad estatal que verdaderamente proteja y defienda los derechos colectivos de las poblaciones indígenas pues la estructura estatal actual está diseñada para generar indefensión de los pueblos, y su epitafio se escribió desde su nacimiento al no haber sido objeto de consulta previa, y ser un órgano eminentemente político y no esencialmente técnico.
Iquitos, 17 de agosto de 2015
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS