Federaciones indígenas piden información a OEFA sobre estado de 1209 lugares contaminados en los lotes 8, 1AB y 192

FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT fiscalizan la labor de fiscalización del Estado. La acción pone en relevancia el trabajo del monitoreo ambiental indígena, a puertas del debate en el Congreso de la República sobre el dictamen de la Ley Marco de Monitoreo y Vigilancia Ambienta de comunidades

PUINAMUDT, 10/8/2020.- Un trabajo de 14 años de vigilancia e identificación de puntos de contaminación en territorios indígenas, realizado por monitores y monitoras ambientales de comunidades quechuas del Pastaza, achuares del Corrientes, kichwas del Tigre y kukamas y urarinas del Marañón, se presentó al Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) con el objetivo de conocer su estado actual y actualizar el registro ambiental nacional.

Los 1209 puntos reportados forman parte de la información recogida por los programas de monitoreo ambiental indígena independiente de las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT. El registro contiene además 51 cuerpos de agua impactados en territorios ancestrales, los cuales requieren urgente evaluación.

Las organizaciones indígenas solicitan a las áreas de supervisión y fiscalización de OEFA que ofrezcan información sobre cada punto y “en caso no existan ningún proceso iniciado, solicitamos que se inicie el procedimiento de identificación de sitios impactados, estipulado en la Ley 30321”. De acuerdo a las federaciones, probablemente OEFA no posea registro de varios de estos sitios en sus territorios.

La carta presentada el 12 de agosto y dirigida a Tessy Torres, presidenta de OEFA, también solicitan que se realicen “evaluaciones integrales para saber el estado de contaminación a nivel ecosistémico en las microcuencas” de sus territorios.

El documento ingresa a pocos días de aprobarse el dictamen de la Ley Marco sobre el Monitoreo y Vigilancia Ambiental en la Comisión de Pueblos del Congreso de la República, a partir de proyectos de ley que pugnan por aprobación desde el año 2016. El siguiente escenario del reciente dictamen es el pleno del Congreso, donde se debatirá la aprobación o no del mismo.

“Por años las comunidades han exigido ser parte de la protección del medio ambiente, con este dictamen logramos que el Estado los reconozca y les dote de recursos para su proceso”, señaló el congresista Lenin Bazán, presidente de la comisión.

Muestra del aporte de los programas de monitoreo ambiental independiente indígena es lo ocurrido en el Lote 1AB (hoy Lote 192) operado por Pluspetrol entre los años 1971 y 2015. Un reportaje de 2019 narra cómo los monitores ambientales indígenas aportaron hasta ese momento cerca de 500 puntos de contaminación en solo ese lote. Sin embargo, al ver números, vemos que el efecto generado por los monitores es mayor. En 2006, Pluspetrol solo reconocía 100 lugares contaminados. Hoy, luego del trabajo de los monitores y monitoras ambientales indígenas en el lote, el Ministerio de Energía y Minas registra más de 2 mil sitios contaminados en la zona.

Pese al gran aporte que representa la participación indígena en los procesos de vigilancia ambiental, la labor de los monitores se da en condiciones adversas. De un lado, la institucionalidad oficial es quien les somete a exclusión usando el argumento del vacío normativo de su reconocimiento, lo que genera que muchas veces se obstaculice o no se apoye suficientemente su participación.

Por otra parte, la incidencia y lobby del sector petrolero no solo busca inclinar la balanza a su favor en el plano normativo y práctico ambiental, sino que además busca anular la participación indígena; tal como se ha reflejado en el debate entorno a los proyectos de ley sobre monitoreo y vigilancia ambiental comunitario.

Urge y amerita respaldo de la institucionalidad pública

Respaldar y fortalecer el monitoreo ambiental independiente indígena, respetando su independencia, es una tarea pendiente del Estado. Hasta el momento, estas iniciativas se han implementado gracias al apoyo y acompañamiento técnico de instituciones de la sociedad civil y de la academia a nivel nacional e internacional.

Insituciones como Perú Equidad, WWF, Rain Forest Foundation, E-TECH International, Shinai, Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI), anterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Fundació Autònoma Solidaria (FAS), Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament (ACCD), Digital Democracy, Hivos, la Universidad Central de Cataluña (UVIC-UCC), el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam (ISS-EUR), han acompañado esta propuesta indígena.

La sistematización de la información presentada a la OEFA ha sido realizada por especialistas de la Universidad Central de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios Sociales, junto al trabajo de Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI) y parte de equipo técnico de la plataforma PUINAMUDT.