Federaciones indígenas demandan al Estado por incumplimiento de acuerdos de Consulta Previa en el Lote 192
FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT proceden a iniciar un proceso constitucional contra el Estado por el incumplimiento de los acuerdos de Consulta Previa del Lote 192. El acta firmada en agosto del 2021 consta de 67 acuerdos que giran en torno a la protección de las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales ante la extensión de la actividad petrolera por 30 años más.
PUINAMUDT 12/04/2022.- Luego de haber emplazado al gobierno, las federaciones de las comunidades achuar del Corrientes, quechua del Pastaza, kichwa del Tigre y kukama del Marañón, han interpuesto una demanda contra las autoridades del Estado peruano por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Acta de Consulta Previa del Lote 192 en agosto de 2021.
“El Estado ha violado los acuerdos y plazos establecidos. Esto también es una violación a nuestros derechos. El Estado abusa de nuestra disposición a dialogar y nuestra buena fe”, señala el último pronunciamiento de las comunidades de la FEDIQUEP y la FECONACOR. La cadena de incumplimiento más los 27 derrames de petróleo generados en los últimos 12 meses han producido un malestar generalizado. “Si el Estado no cumple no habrá producción petrolera” han advertido las comunidades kichwa en su última asamblea.
Por ello, tras varios meses de espera y cansados de no recibir una respuesta efectiva de los ministerios, las comunidades decidieron tomar medidas legales y proceder a la garantía constitucional correspondiente, una Acción de Cumplimiento presentada en la Fiscalía de Nauta (Loreto), responsabilizando a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, entre otros.
La demanda fue elaborada en asambleas con las comunidades Nuevo Andoas, Alianza Topal, Capahuari Urku, Titiyacu, Sabaloyacu, Nueva Jerusalén, Nueva Nazareth, José Olaya, Antioquía, Pampa Hermosa, Sauki, Doce de Octubre, San Juan de Bartra, Andrés Avelino Cáceres y Centro Arenal durante febrero y marzo.
Fue en agosto del 2021 que concluyó el proceso de Consulta Previa con un acta que precisaba 67 acuerdos en torno a la protección de las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales con la intención de garantizar las condiciones mínimas para una actividad petrolera sostenible por 30 años más, después de medio siglo de contaminación y despojo.
Ciertamente, tal suceso representó en su momento un avance importante en materia de derechos de los pueblos indígenas en el país que permitía muchas expectativas a corto y mediano plazo. Sin embargo, a más de 6 meses, el gobierno no demuestra mayor voluntad política para corresponder a la buena fe de las comunidades. “Parece que la Consulta Previa no tuviera ningún valor para este gobierno” lamentaba hace poco en una entrevista el vicepresidente de la OPIKAFPE.
Si bien, en el marco de la legislación nacional, la medida tomada es justificada, lo es también por derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) pues la responsabilidad del Estado peruano frente a los acuerdos tiene rango constitucional ligado al amparo de derechos humanos.
Las comunidades están a la espera de la pronta reacción del gobierno de Pedro Castillo, apelando más de una vez a su discurso de campaña, el cual suponía un escenario con condiciones muy diferentes a las que siempre se han visto obligados a enfrentar en el pasado.