Cuarentena sin derechos: Brechas amazónicas y testimonios de una enfermedad anunciada.
En recientes declaraciones, el jefe de la Dirección Regional de Salud en Loreto, Carlos Calampa, expuso la situación de abandono y precariedad en el que se encuentra el sistema de salud en la región y la repercusión que ello traería en comunidades indígenas. “Si las comunidades nativas empiezan a caer enfermos ellos tienen un sistema inmune muy bajo frente a esta enfermedad. Dios no permita que suceda eso, porque van a empezar a morir en mayor cantidad”.
A este problema, la falta de protocolos e implementación de políticas públicas de salud intercultural para la protección de los pueblos indígenas frente al avance del covid-19, se ha convertido en un grave peligro de etnocidio. Mientras tanto diversas comunidades sufren ya la expansión del virus en sus territorios sin contar con una estrategia de atención inmediata.
En loreto se ha empezado a contabilizar el aumento de contagios, es la quinta región del Perú con mayores casos de infectados por la pandemia del coronavirus. Según el último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa), el número de contagiados llegó a 2.444, de los cuales 209 fallecieron. Los contagios se dispararon en las capitales y se desconoce con exactitud el impacto en comunidades indígenas fronterizas por falta de mecanismos que permitan definir una variable indígena.
A 56 días de iniciado el estado de emergencia, el tardío decreto legislativo 1489 del Ministerio de Cultura, calificado por AIDESEP como “insultante”, sufre de diversos vacíos aplicativos al no asegurar la participación de las organizaciones indígenas para acciones urgentes.
Era cuestión de tiempo
La carencia de protocolos inmediatos, y la negligencia de los gobiernos regionales no pudo contener la expansión del virus hacia las comunidades indígenas. Ya han pasado más de tres semanas desde que Emerson Mucushua Apu de la comunidad de Pucacuro diera una alerta sobre la llegada de una embarcación municipal con personal infectado con COVID-19. La entrega de canastas básicas, a diversas comunidades, en el distrito de trompeteros, iniciaba un foco de contagios que hasta la fecha no ha recibido la atención pertinente, ni elementos básicos para contener el virus. Durante las siguientes semanas, gracias a la alerta desde Pucacuro, las diversas organizaciones Indígenas y comunidades vecinas se vieron obligadas a tomar medidas de prevención para proteger y vigilar las entradas y la salida de los territorios.
Las cuencas de los ríos se convierten en los principales vectores de contagio y la vulnerabilidad de la triple frontera se agudiza con la falta de servicios básicos, mientras las microrredes empiezan a sostener las carencias de un sistema de salud sectorizado en la capital.
“Ya sabemos qué ha pasado en el Corrientes, donde el alcalde de Trompeteros ha entrado distribuyendo a los hermanos y ahora ya están contaminados y sabemos que el distrito Trompeteros es una zona avanzada con la enfermedad. Frente a eso la cuenca del Tigre, las comunidades de OPIKAFPE, se han organizado y han cerrado el acceso a su comunidad“ afirma Igler presidente de la federación indígena OPIKAFPE.
Algunos líderes analizan la situación de desprotección y han iniciado sus propios protocolos que implican el bloqueo de los ríos. Igler Sandi comparte las estrategias que se han tomado desde las comunidades Kichwas para enfrentar el avance de la pandemia. “Las comunidades de la parte alta se han organizado internamente, porque la administración de justicia de los pueblos indígenas es la asamblea y se maneja internamente. Ellos se han organizado porque sabían que esa enfermedad de coronavirus se transmite de una persona infectada a otra. Han cerrado su comunidad como Doce de Octubre y otras, han cerrado en una parte de abajo, han cerrado el río y no van a dejar pasar, y las comunidades también están vigilando, hay puestos de vigilancia.”
Mientras tanto la situación se agudiza cuando a principios de mayo se promulga el Decreto Supremo N°080-2020 que establece medidas graduales para la apertura de diversos sectores, entre ellos el sector hidrocarburos. Tomas Hualinga Apu de la comunidad de Antioquia comparte sus inquietudes sobre la reactivación de la actividad petrolera. Su territorio ha sido afectado por un derrame a mediados de noviembre del año pasado y aún no cuenta con un plan de remediación.
“Nos han dejado contaminado [Derrame de petróleo 23/11/2019*] todo, y de nuevo otra vez que venga [la enfermedad]. Lo que queremos es que nos envíen pruebas rápidas, oxígeno, que nos implementen nuestro botiquín que está en Antioquía y que está bien olvidado. Si ellos entran, cómo vamos a saber nosotros si estamos contagiado si nos hacen pruebas rápidas.” La posta de Pucacuro, no cuentan con un doctor ni medicinas. Tomas Hualinga exige pruebas rápidas para empezar a contener el brote e identificar las personas afectadas. “Habían mandado, pero ya se está acabando porque hubo como 40 casos. Por eso necesitamos de manera urgente.”
La reactivación del sector petrolero podría ser un nuevo foco de contagio y contaminación para las poblaciones indígena que ya vienen alertando sobre la evacuación de posibles trabajadores petroleros contagiados. La alerta del COVID-19 y los planes de emergencia han sido la excusa perfecta para reducir las garantías medioambientales, y debido a la falta de fiscalización y monitoreo, se viene expandiendo diversas actividades legales e ilegales que aumentan el riesgo de la extensión del virus.
Mientras tanto los derrames no han cesado, la federación OPIKAPFE alertaron a finales de abril tres derrames de petróleo en la base de San Jacinto del Lote 192 [Derrame de petróleo 29/04/2020] . La denuncia llegó ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien hasta el momento tiene pendiente su ingreso para verificar las irregulares medidas de contingencia.
El monitor ambiental John García desde la comunidad Doce de octubre alerta sobre esta doble vulnerabilidad que ha generado diversos malestares en la comunidad. “Hemos informado a las autoridades máximas sobre los derrames, pero hasta el momento, Frontera Energy no ha tomado ninguna precaución. Lo que ha hecho es mandar al ejército y un poco de la comunidad para que limpien ese lugar. Nosotros queremos que asuman su responsabilidad y que tengan como objetivo las comunidades indígenas y que hagan una buena limpieza a los sitios impactados”.
la Emergencia medioambiental en la Amazonía y la crisis sanitaria, han debilitado el cumplimiento de normativas y tratados que deben de ser priorizados como derechos fundamentales, como por ejemplo proveer a comunidades con agua saneamiento y postas de salud abastecidas. Los complejos escenarios de negligencia son particulares y apelan a un trabajo sectorizado que permita la participación de las organizaciones indígenas, las cuales, ya han presentado sus propios protocolos y mecanismos de aislamiento.
Es claro que no ha existido un interés por desarrollar un plan claro para la Amazonía, y queda confirmado a través del interés depredante de reactivar ciertas actividades económicas frente a pasivos ambientales históricos que conducen a los pueblos indígenas a una pandemia sin derechos.
Igler reitera que para los pueblos indígenas no terminará la cuarenta hasta que garanticen servicios básicos, así como la implementación de los puestos de salud con medicamentos, bomba de oxígeno y material mínimo para evitar la expansión de virus. “Aquí estamos defendiendo la vida de las personas” enfatiza Igler, mientras vigila parte de su zona con un rifle en mano, cuida su territorio y el tránsito en el río, sabe que durante los contextos de emergencia por el covid-19 se agudizan diversas amenazas, desde invasiones a terrenos, minería y tala ilegal.
A través de diversos pronunciamientos las federaciones OPIKAFPE, FECONACOR, FEDIQUEP y ACODECOSPAT han señalado en reiteradas ocasiones el riesgo de salud a los que están siendo expuestos los Pueblos Indígenas. Frente a toda esta situación, los pueblos amazónicos solicitan la coordinación entre las autoridades locales y las organizaciones indígenas a fin de diseñar e implementar medidas claras de confinamiento y de auto sostenimiento.