Apus exigen a Ollanta Humala voluntad política para solucionar problemas consecuencia de la actividad petrolera
La carta fue dirigida además a la premier Ana Jara, los ministros de Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, al Viceministerio de Interculturalidad, Defensoría del Pueblo, y otros.
PUINAMUDT, 15/10/2014.- Las federaciones indígenas ACODECOSPAT, FEDIQUEP, FECONACO y FECONAT, remitieron el pasado 14 de octubre una carta al presidente Ollanta Humala donde manifiestan su profundo descontento por la falta de respuesta del Estado frente los graves problemas sociales y terribles consecuencias ambientales en sus territorios, en los lotes petroleros 1AB y 8.
“El incumplimiento de compromisos, la dilatación burocrática de las actividades, así como la falta de voluntad política para tomar decisiones y asignar un presupuesto que permita realizar e implementar medidas de solución, han sido constantes en los años de diálogo que sostenemos con el Estado”, señalan los presidentes de las federaciones en su documento.
Actualmente, la Comisión Multisectorial RS 119-2014-PCM, es responsable de dar solución a las consecuencias de casi 43 años de explotación petrolera en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el departamento de Loreto. Instalada en mayo, la comisión aún no responde a las necesidades de las comunidades de las cuatro cuencas, en tanto no cuenta con presupuesto para la implementación de soluciones.
Sobre este contexto los apus señalan que un “diálogo en estas condiciones es difícil de sostener, más aún cuando en nuestras comunidades se continúa tomando agua contaminada, viviendo en suelos contaminados y vulnerándose derechos fundamentales a cada minuto”.
Voluntad política de decisión u otras medidas
En la carta, ACODECOSPAT, FEDIQUEP, FECONACO y FECONAT, exigen un “instrumento legal que asigne una partida presupuestal extraordinaria”, para la creación de un fondo que financie los compromisos de la Comisión Multisectorial: Titulación de comunidades, remediación ambiental, compensación, indemnización, estudios de salud y proyectos de desarrollo indígena.
Además, las federaciones reclaman un cronograma de plazos “estrictos” para la implementación de medidas. Luego, el documento enfatiza que, de no atenderse las exigencias, los “pueblos organizados acordarán tomar todos los caminos y decisiones que sean necesarios para exigir justicia”.
Añade las federaciones que no permitirán “que se otorguen derechos a ninguna nueva operadora” en sus territorios si no se da respuesta a su pedido; “hacemos un llamado [a] que no se promueva ningún tipo de industria extractiva sin antes haber dado solución a problemas”.
La incoherencia del Estado
A pocas semanas de realizarse en nuestro país el evento ambiental más importante del año a nivel mundial, la COP20, este escenario resulta poco favorable para la imagen que intenta ofrecer el Estado como anfitrión del evento. En la carta, los apus califican como “incoherencia” lo demostrado por el Estado en la Comisión Multisectorial, pues “busca mostrarse […] como protector del ambiente”, mientras ocurre y se pospone indefinidamente las soluciones a “la emergencia ambiental y social” más grande en la Amazonía peruana, actualmente.
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