¿Sin petróleo no hay derechos? El Estado del Hortelano se niega a cambiar en el Bicentenario
Por Diego Pérez Ojeda y Mario Zúñiga (PUINAMUDT), gracias al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
El Perú entra al bicentenario con un historial de crímenes ambientales difícil de ignorar. Las cifras objetivas, dadas por el propio Estado, nos dicen que las actividades petroleras han causado en nuestro país, desde 1997 hasta el primer trimestre del 2021, más de 1000 derrames en costa, sierra y selva, además de haber dejado más de 3 mil pasivos ambientales (zonas que han sido abandonadas por antiguas operadoras) concentrados casi en su mayoría en zonas del litoral (León y Zúñiga, 2022; MINEM). Cabe mencionar que estos impactos ambientales fueron producidos por empresas que ya dejaron de operar, por lo mismo que es muy probable que seamos nosotros, peruanos y peruanas, quienes tengamos que asumir sus costos.
La Información desagregada indica que en la Amazonía, desde estos mismos años, hubo 566 derrames, y en la costa, los derrames fueron un poco más de 400 (idem). Por otro lado, con respecto a pasivos, tenemos que el 98% de los pasivos del Perú se concentran en la costa norte, entre Piura y Tumbes, cerca o incluso a muchas de las playas en la que los peruanos suelen vacacionar en verano (ibidem).
Finalmente, es importante indicar que Loreto es la región Amazónica más afectada por derrames y sitios impactados, siendo los lotes ex 1AB (hoy lote 192) y el lote 8 palcos que permiten observar de cerca la gravedad de los daños continuos generados a partir de estos procesos. En el lote 192, por ejemplo, la información oficial reconoce 1375 sitios contaminados (residuos sólidos, chatarra, basura, impactos por hidrocarburos mal remediados, zonas con metales pesados, etc.) y 189 derrames de petróleo, producidos estos últimos sólo entre los años 2000 y el 2019 (León y Zúñiga, 2020); de la misma manera, en el lote 8 se tiene registrados un aproximado de 1380 sitios contaminados, así como 155 derrames en los últimos 20 años, dando un total de más de 3000 sitios de daño petrolero (idem).
Además, mientras se encontraban detenidas las operaciones en el lote 192 al no contar con una empresa titular, en estos dos últimos años sucedieron 36 emergencias ambientales de diversa índole. Es importante mencionar que Perupetro S.A. era la empresa estatal a cargo del cuidado y mantenimiento de los bienes e instalaciones del referido lote, no habiendo sido remediada hasta la fecha ninguno de los sitios afectados (OEFA, 2021).
La data presentada evidencia claramente cómo estos crímenes (perpetrados por las empresas y permitidos por el Estado) son cometidos contra territorios en los que los pueblos indígenas encuentran sus propios mercados, farmacias, ferreterías y hospitales. Y es ese territorio el que los impactos de las empresas han venido destruyendo, degradando y sacrificando, en muchos casos de forma irreparable, durante más de cinco décadas sin que se inicien ningún proceso de remediación y atención concreta a la población indígena.
El bicentenario, en ese marco, se vuelve el escenario de una encrucijada criminal en la cual las violentas realidades de contaminación se enfrentan a la posibilidad del ejercicio urgente de justicia ambiental y energética o ante una respuesta cínica y genocida de parte del Estado. Por ello es necesario dar una mirada crítica a los discursos y prácticas que envilecen la gobernanza en nuestro país a doscientos años de estar supuestamente libres del colonialismo español, pero no del colonialismo económico y energético que el norte global diseminó por el mundo, sometiendo derechos y diluyendo deberes.
De ese modo, iniciamos el presente artículo describiendo la situación actual del daño existente, señalando que el Estado aún no interviene, remedia ni atiende esta crisis socio ambiental, que se acentúa con otra variable adicional. En la actualidad, en medio de la pandemia y por deficiencia propia del Estado para operar Lotes petroleros, se detuvieron las operaciones en zonas sumamente degradadas como en el lote 192 lo que tuvo un efecto que se repite siempre en otras zonas extractivas: un Estado que deja de funcionar en la salvaguarda del medio ambiente, la salud y los derechos civiles de la población indígena. Esta situación nos lleva a preguntar, ¿en ausencia de operaciones petroleras también se suspenden derechos?, ¿si no hay petróleo y extractivismo tampoco hay derechos que proteger o que implementar?
Situación que nos lleva a indagar dos características perversas del Estado. La primera tiene que ver con el condicionamiento del derecho por el uso del petróleo, y la segunda con la negación del derecho a un ambiente sano. Ambas situaciones son acciones en las que la población es colocada en la encrucijada inevitable de aceptar el petróleo sacrificando sus derechos.
Parece mentira, pero las prácticas del Estado por lo general siguen la primera premisa de condicionamiento del derecho, aun cuando tienen cifras en contra; es decir, se les exige a las poblaciones someterse al extractivismo que destruye sus territorios a cambio de poder acceder a derechos. Extractivismo que (por ejemplo, en los lotes 192 y 8) en 50 años no trajo nada de lo que se vende como desarrollo, sino todo lo contrario. Y cuando estas poblaciones exigen que se cumpla con hacerles llegar servicios básicos prometidos como agua, luz, internet, educación de calidad y que se invierta en la remediación ambiental de sus territorios, el Estado se niega o demora.
Y como si fuera poco, muchas veces el Estado condiciona a estas poblaciones haciéndoles entender que para poder brindar todo lo que se les pide, primero tienen que garantizar la continuación de las actividades extractivas en sus territorios. De esta manera se termina obviando la existencia de una deuda pendiente e impaga para con estas poblaciones, condicionando además sus legítimos derechos como ciudadanos. Por ello, desde el territorio, desde las comunidades, la concepción que se tiene del Estado es la de un Estado mezquino que exige y no retribuye, que pide sacrificios en el altar del petróleo a cambio de nada.
Pero el Estado no solo condiciona derechos pidiendo el ingreso de más y más petroleras sin mayor reflexión crítica, sino que, como segundo aspecto, también actúa como un perro del Hortelano con respecto a otro tema importante que es la remediación ambiental de sitios impactados. Esto sobre todo si observamos el accionar del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y en parte la ineficacia de actores como Profonanpe, hoy bajo el paraguas del Fondo Verde para el Clima.
Por ejemplo, las organizaciones indígenas de los lotes ex 1AB (192) y 8, donde existe la mayor cantidad de sitios contaminados, han logrado que el Estado cree y apruebe una ley en el 2015 para para remediar sitios impactados, logrando que se sume un fondo de fideicomiso por más de 400 millones de soles administrado por Profonanpe, MINEM, Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y organizaciones indígenas. Pese a la urgencia por remediar sitios contaminados que representan daños para la salud y el ambiente, ese dinero no se usa hace dos años porque el MINEM y Profonanpe han mostrado no tener ni la diligencia ni la capacidad de desentrañar los nudos burocráticos y económicos que se necesitan para empezar a remediar más de 32 sitios impactados que han sido declaradas como de alto riesgo por estudios ambientales realizados por el mismo Estado.
Los estudios ambientales llamados Planes de Rehabilitación fueron diseñados entre el año 2018 y 2019, y luego de 3 años de revisiones, hasta ahora no se implementan. Ante ello sorprende la pasividad de los sectores involucrados, incluida la del MINAM pese a tratarse de temas totalmente relacionados a su sector. Pero este no es el único ejemplo, en la Costa el mismo MINEM declaró la existencia de 151 pasivos de alto riesgo en zonas de pescadores. El mismo MINEM reformó su normativa para que en estos casos se hagan intervenciones inmediatas de parte del Estado debido a la gravedad del riesgo. Estas reformas se dieron a finales del 2020, y hasta ahora el Estado no ha intervenido ni uno de ellos.
MINEM y Profonanpe, en estos casos, actúan con total indolencia frente a la situación de riesgo que vive la población indígena, campesina y pescadora, y ello a pesar de que existen normas que habilitan acciones de remediación, así como fondos necesarios para la implementación de la mismas. De ese modo, estas dos entidades no remedian ni dejan remediar. No remedian porque están enfrascados desde hace años en discusiones tecnicistas que consumen recursos económicos destinados para la remediación. Por otro lado, no dejan remediar, porque los gobierna el miedo a la coerción que reciben por parte del propio Estado cuando se decide utilizar fondos estatales, por lo cual permanecen inertes y no toman ninguna decisión por temor a una sanción administrativa. Tecnicismo aprovechado y desidia burocrática para no remediar ni dejar remediar mientras la población indígena y a los pescadores siga expuesta a riesgos altos contra sus territorios y sus cuerpos, en un contexto en el que se exige dar luz verde a nuevas operaciones petroleras.
La coyuntura nacional no es de las más alentadoras y la inestabilidad política se suma a la ya larga lista de problemáticas que dificultan la remediación urgente de sitios afectados. La indignación nacional generada a inicios de año frente al criminal derrame de petróleo sucedido en las costas de Lima parece haberse disipado más rápido que el petróleo derramado. Sin embargo, en la Amazonía y en tantas otras partes del Perú miles de sitios impactados permanecen aguardando desde hace décadas por atención urgente mientras que entidades estatales que deberían dar soluciones dilatan aún más la respuesta. El Estado peruano en este marco, sin ningún tipo de justificación técnica o legal, con todas las pruebas objetivas de daños causados por el extractivismo, y en sentido contrario a un mundo que cada vez más apuesta por reducir su matriz energética petrolera, les sigue diciendo a las poblaciones indígenas y pescadoras, en el bicentenario de su independencia, que sin petróleo no hay derechos.
Referencias
Informe 166-2020-MINEM-DGAAH/DGAH / Anexo I: Cuarta actualización del inventario de PASH
Emergencias febrero 2021 a marzo 2022. OEFA. Respuesta de acceso a la información. CARTA N° 00705-2022-OEFA/RAI
RESOLUCIÓN N° 00031-2021-OEFA/DSEM