RESPONDA MINISTRA DE CULTURA
Ayer se realizó una sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República con la actual ministra de cultura Sonia Guillén, que dejó varios temas inconclusos y puso en evidencia _la falta de políticas públicas interculturales que articulen y fiscalicen protocolos a nivel regional ante la inminente llegada del COVID-19 a las comunidades indígenas.
Desde horas de la tarde la transmisión, algo accidentada, evidenciaba una reunión técnica entre 4 paredes. Mientras la mala conexión interrumpía la reunión, la evasión de respuestas demostraba el poco conocimiento de los problemas y necesidades urgentes en las comunidades indígenas.
La falta de acción del MINCU para plantear, en coordinación con las organizaciones indígenas, las estrategias y protocolos de acción del Estado ante al COVID 19, sumando a los actos negligentes de los municipios en el proceso de entrega de víveres, ha expuesto a muchas de comunidades al contagio del virus. Hecho que se agrava con la crisis sanitaria y el desabastecimiento de materiales de salud, pruebas de descarte, carencia de personal médico e implementos básicos (mascarillas, guantes, alcohol, etc).
Durante la sesión virtual, Lenin Bazán Villanueva presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, reivindicaba el pedido de las organizaciones indígenas que demandan apoyo en materias de seguridad, alimentos, y la falta de servicios de salud ante el coronavirus (COVID-19). Sin embargo, no recibió una respuesta clara ni acuerdos frente a varias interrogantes sugeridas por las organizaciones indígenas.
Las brechas sociales se agravan durante la pandemia dejando una radiografía de corrupción y romantización de la precariedad de los servicios públicos. Y mientras que aún hay incertidumbre respecto las políticas para atender a los pueblos indígenas durante la pandemia, lo que sí es cierto de este panorama es el interés de reactivar la economía. Ayer, a través del Decreto Supremo 080-2020-PCM, se permite la apertura de 27 actividades económicas, 8 de las cuales operan en la zona de la Amazonía. Este anuncio muestra nuevamente el peligro de etnocidio al que el Estado está sometiendo a los pueblos indígenas de la Amazonía.
Estamos frente a un Estado que sectoriza los intereses, la paradoja de la implementación de protocolos para la reactivación de la actividad hípica en el Jockey Club y luego las charlas ministeriales por ZOOM, nos alejan del verdadero problema en territorio. Mientras tanto el ministro de Salud Víctor Zamora declaró sobre la existencia de un plan de emergencia para la Amazonía, pero señalando que su ejecución depende de la capacidad de cada gobierno regional y local, deslindando de su responsabilidad al respecto.
Explicó que debido a la lejanía de las comunidades los planes a ejecutar tendrán un fuerte énfasis en la prevención y en el diagnóstico temprano, ignorando la extensión actual de los contagios. Hoy se presentará con la ministra Guillen en otra conferencia virtual con los representantes de las comunidades indígenas para coordinar las siguientes acciones.
Han tenido que pasar 51 días desde el inicio del estado de emergencia para que el ministro de salud planifique una reunión, de manera virtual, con representantes de las comunidades indígenas. La poca acción del ejecutivo es un acto de negligencia en sí mismo, mientras tanto el interés de los pueblos indígenas por articular y participar de la comisión multisectorial constituye una propuesta viable para avanzar en conjunto un plan de atención diferenciado por cada territorio.
Servindi y el Observatorio Puinamudt comparten 10 preguntas básicas que consideran que el sector Cultura, quién tiene a su cargo el mandato de cautelar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, debería responder:
Preguntas a la Ministra de Cultura
1. ¿Qué instancia de coordinación y decisión de alto nivel intersectorial en temas de emergencia se ha promovido y establecido con la participación de organizaciones indígenas a nivel nacional y regional? Si no existe este espacio, ¿por qué no se ha implementado hasta ahora si esto atenta derechos concretos de pueblos indígenas y elude recomendaciones específicas de instancias como la OEA, la Comisión IDH, la FAO entre otros? ¿Cuándo se creará?
2. ¿Por qué no existe una comisión o plan específico intersectorial y diferenciado en ejecución para atender la emergencia en comunidades y pueblos indígenas, especialmente en áreas amazónicas? Señalamos esto porque hasta el momento el rol que ha tenido el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas que lidera el MINCU ha sido básicamente informativo y no ha tenido repercusiones concretas en la atención de la crisis.
3. ¿Por qué aún no se han elaborado —con participación indígena—, aprobado oficialmente y difundido a los sectores y diversos niveles del gobierno, protocolos específicos y obligatorios para el reparto de alimentos en comunidades y la distribución de apoyo de los programas sociales (Juntos y Pensión 65)?
4. ¿Existe un plan de difusión nacional de mensajes de prevención en lenguas originarias adecuado a la realidad etnolingüística de las poblaciones indígenas y con capacidad de llegada a sus territorios y cómo ha evaluado y verificado el MINCU la repercusión real de sus mensajes de difusión elaborados hasta el momento?
5. ¿De qué manera se está coordinando con el sector Salud y gobiernos regionales la provisión de combustible para evacuar por transporte fluvial personas enfermas desde los centros de salud en territorio amazónico?
6. ¿Se ha coordinado con el sector Salud la ubicación de puentes aéreos para evacuar a pacientes graves de las comunidades hacia los centros de atención más adecuados?
7. Oficialmente hay más de 250 infectados en el sector minero y han empezado a aparecer síntomas en trabajadores del lote 8. ¿Qué acciones ha tenido el sector Cultura para evitar los riesgos de contagio y garantizar derechos de las comunidades frente a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos)? ¿Existen protocolos oficiales del Estado para actividades extractivas?
8. En las zonas fronterizas se desarrollan actividades ilegales como el narcotráfico, minería o tala ilegales. ¿Qué acciones se están tomando para controlar efectivamente el tránsito fluvial y terrestre para evitar el contagio y el surgimiento de conflictos entre grupos ilegales y comunidades indígenas?
9. ¿Qué medidas está adoptando su despacho para garantizar la continuidad educativa en las comunidades indígenas donde, en muchas de ellas, no cuentan con servicios de internet y, en casos como el Datem del Marañón, no son ni siquiera considerados como poblaciones en situación de pobreza?
10. ¿Qué medidas se han adoptado para el retorno controlado y sin riesgos de poblaciones indígenas hacia sus lugares de origen? Y en el caso de las poblaciones varadas en ciudades que no tienen condiciones para regresar: ¿de qué manera se les viene prestando auxilio para su sobrevivencia en las ciudades?