Para que no se repita: la remediación urgente en el Lote 192
La demanda de los pueblos de un Plan de Abandono para la remediación de los sitios contaminados y su lucha por un futuro seguro
Los pueblos kichwa, quechua y achuar de las cuencas del Corrientes, Pastaza y Tigre han sufrido severos impactos por la explotación petrolera del lote 192 durante los últimos 46 años. Los daños ambientales son muchos y aún se siguen contabilizando más, mientras que los sociales y de salud no son atendidos plenamente. Hasta ahora, los más de 30 mil habitantes representados por las federaciones Fediquep (pueblo quechua del Pastaza), Opikafpe (pueblo kichwa del Tigre), Feconacor (pueblo Achuar del Corrientes) y Acodecospat (pueblo Kukama del Marañón) no tienen garantías de que sus derechos sean respetados en los próximos 30 años de explotación petrolera.
“Todos los árboles, las canoas, todas eran pintados de petróleo crudo. Las barcazas venían al puerto de la empresa, ahí, a través de un tubo embarcaban el crudo a la barcaza, y la barcaza se llenaba de crudo y se desparramaba todito al río. Nadie decía nada porque no sabíamos cuál era el proceso de transportar un crudo, confiábamos en que la empresa sabía lo que hacía. Ahora ya sabemos y podemos reclamar”, cuenta Raúl Cariajano, de la comunidad Los Vencedores del Pastaza.
Raúl Cariaajano, vicepresidente de FEDIQUEP.
Un estudio publicado recientemente comprobó la gravedad de la contaminación de las aguas de los ríos Tigre, Corrientes y Pastaza que durante décadas recibieron los vertederos de aguas de formación (aguas cargadas de minerales y gases disueltos, altamente tóxicas, que al salir a la superficie tras las perforaciones de extracción de petróleo se vuelven sobresaturadas). El estudio halló que la mayor concentración de tóxicos se encuentra en arroyos y quebradas, lugares que son de uso más común en las comunidades tanto para la recolección de agua para para consumo, como para el aseo personal y la recreación.
“Varias veces sufrían los niños con diarreas, vómitos y fiebre, esa agua tomábamos. Hasta los viejos en el bajo Pastaza también sufrían lo mismo. Y el Estado no ayuda. Nosotros tuvimos que conseguir una pileta de agua”, explica Maruja Sandi, madre indígena representante del caserío Nueva Unión, refiriéndose a las enfermedades que afectan a la población.
La investigación concluye que sólo en 2008 se vertieron hasta 5 toneladas métricas de plomo, 0.3 toneladas métricas de cadmio y 370 toneladas métricas de bario, entre otros químicos y metales.
El plomo es un metal especialmente nocivo para los seres humanos. Su presencia en la sangre es causante de problemas en el hígado y riñones, además de causar problemas de desarrollo y cognitivos en tanto niños como adultos.
Niños jugando en playa del río Pastaza.
Tras casi medio siglo de convivencia con una actividad petrolera irresponsable y sin ningún mecanismo que haga efectiva la remediación integral de los más de dos mil sitios contaminados, es claro el propósito de los pueblos de las cuencas afectadas al exigir una consulta previa: garantizar la remediación, la atención en salud y mejores estándares ambientales para prevenir daños futuros.
La remediación y las garantías para una vida plena
Hace varios meses atrás, las federaciones y las comunidades exigen un Plan de Abandono que contemple la remediación integral de sus territorios; que se remedien los más de dos mil sitios afectados, entre otros impactos identificados por las autoridades ambientales, ocurridos hasta el término de operaciones de la empresa Pluspetrol (agosto 2015).
Este plan es un instrumento de gestión ambiental que toda empresa que concluye un contrato de operaciones debe presentar e implementar, con el visto bueno del Estado. Sin embargo, la empresa Pluspetrol, tras dos años de culminar sus actividades, ha presentado dos planes inadecuados, ambos observados por el Ministerio de Energía y Minas. Al no existir un instrumento legal aprobado que determine un plazo para la remediación, ésta aún no se realiza. La situación actual es incierta.
En la última reunión sostenida entre el Ejecutivo y los representantes de las comunidades, el gobierno se comprometió a impulsar un cambio normativo de la ley de hidrocarburos que permitiría poner fin a esta incertidumbre. De esta forma, ante los reiterados Planes de Abandono inválidos presentados por Pluspetrol, de existir un reiteración en este accionar, el Estado mismo elaboraría un Plan de Abandono utilizando un fondo de garantía depositado por la empresa. Este cambio en la ley, según consta en acta, se debería realizar para la quincena de setiembre.
Son más de 45 años de actividad petrolera, incontables derrames de petróleo, lagunas que fueron drenadas, más de 2 mil sitios impactados y aún no se cuenta con un plan de remediación aprobado integral de todos estos daños. Por ello, otra de las demandas de los pueblos afectados es que el nuevo contrato de operaciones, se contemple un nuevo instrumento de gestión ambiental para Lote 192, que sea efectivo en la gestión, mitigación y, sobre todo, prevención de daños.
“Hay un vacío legislativo actualmente para las operaciones de hidrocarburos sobre instrumentos de gestión ambiental. Lo que se demanda es que haya un compromiso en el contrato de contar con un instrumento actualizado y completo que además de la gestión de daños, incluya mitigación de impactos sociales y ambientales así como la prevención de éstos”, comenta Ana Leyva, especialista legal en temas ambientales y directora de Cooperacción.
“Queremos que el Estado, así como garantiza las ganancias para la inversión privada y el desarrollo, garantice una actividad petrolera responsable en tema ambiental y social. No podemos seguir permitiendo una actividad petrolera irresponsable. Necesitamos garantías que por los siguientes 30 años nuestros derechos sean respetados”, expresa Carlos Sandi, apu del pueblo Achuar de la federación FECONACOR.
Este 13 de setiembre se cumplen 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El derecho al territorio, a la salud y a una vida digna se enmarcan dentro ella. El Estado Peruano ha vulnerado estos derechos en los últimos 46 años; pero hoy tiene la oportunidad de enmendar sus acciones y trabajar de la mano de las naciones indígenas para garantizar sus derechos.