LA COMUNIDAD ALIANZA CRISTIANA Y SU ARDUA LUCHA POR DEFENDER SUS VIDAS
PUINAMUDT 12/07/2020.- El 21 de junio en la comunidad Alianza Cristiana fallece un poblador con COVID-19, según personal de la posta, se habría rehusado a ser evacuado a San Lorenzo por miedo a morir abandonado. Desde San Lorenzo, ya se oía en la radio el pedido de la Red de Salud del Datem del Marañon, de cerrar sus puertos e ingresos por el alarmante aumento de contagiados. La Red se vio sobrepasada por la emergencia pues no cuenta con planta de oxígeno, medicamentos y personal de salud. Según fuentes locales, sus médicos estaban renunciando y otros estaban enfermos imposibilitados de trabajar.
Recién el 29 de junio la Red envía una brigada a Alianza Cristiana para tomar pruebas rápidas y brindar tratamiento COVID-19. Al aplicar la prueba utilizaron un criterio equivocado de selección eligiendo a la “cabeza de familia” y excluyendo a población con síntomas. Y en este momento, el responsable de la Microred de Andoas informaba que el virus habría alcanzado a más del 80% de la comunidad y que sería igual en las más de 50 comunidades bajo su jurisdicción.
Ya la primera alerta que fue ignorada a inicios de junio sucede cuando la brigada de malaria visita 8 comunidades de la jurisdicción y confunde casos COVID-19 con brote de gripe, restándole importancia al caso. El Sr. David Chino Vicepresidente de FEDIQUEP preocupado por esta negligencia dice “La gente estaba confundida pensaban que era gripe … pero la gente estaba muriendo y ya con las pruebas rápidas han salido positivos. Todos los de Alianza Cristiana están contagiados con la enfermedad (y también) los que han venido a cobrar sus bonos (del MIDIS) de otras comunidades, han venido y se han enfermado. Esa es nuestra preocupación, estamos mandando documentos al Estado, a los medios que escuchen nuestra petición.”
Todo el distrito que ya estaría contagiado enfrenta las graves deficiencias en los servicios de salud: comunidades sin postas, las pocas que hay están sin personal médico, sin medicamentos, sin combustible, sin pruebas rápidas, sin abastecimiento de oxígeno y falta de medios de comunicadas incomunicadas para gestionar emergencias (el GILAT fue retirado de comunidades en 2019).
David Chino asevera “Sungache, Soplín, Pavayacu, santa María, Nueva Esperanza y Loboyacu (…). No hay cobertura en esas comunidades (de Pastaza medio y bajo) ni radiofonía. En Soplín, el Apu ya estaba casi muerto, con plantas lo han tratado. Aquí nos estamos apoyando, no estamos dejando a nadie, pero lo que falta es medicinas”.
La falta de participación de las organizaciones como foco contagio
Desde el inicio de la emergencia, el Estado y sus sectores planificaron intervenciones en territorios indígenas sin informar ni planificar con las organizaciones indígenas a pesar de sus reiterados pedidos y denuncias de contagios generados por esta exclusión. Solo mencionar dos casos: en abril ingresan botes con alimentos gestionados por las municipalidades sin respetar las medidas mínimas de seguridad; y desde mayo los ingresos del programa de bonos de MIDIS que también generó aglomeraciones incontrolables y dispararon contagios. Esta actitud negligente del Estado muestra su desinterés por proteger la vida de los pueblos indígenas y deshace su falsa identidad “Intercultural” cuando no promueve la participación de los pueblos en las planificaciones.
El Sr. Chino continua “El estado debe coordinar con nosotros, con los líderes, así manda la ley (…) ellos infligen la ley de nosotros (…) Para coordinar la brigada (enviada el 5 de julio por PCM) solo se ha conversado con algunos apus (…) Nosotros nos hemos organizado como pueblos, y nosotros como líderes tenemos que saber para informar a nuestras comunidades qué hace el Estado”.
Han pasado 110 días desde el inicio de la emergencia y ni la Red de Salud del Datem, la Microred de Andoas, MINSA ni DIRESA tienen un camino claro de acción con enfoque preventivo, de control y de promoción de la salud en las comunidades, se limitan a activar brigadas pequeñas de emergencia sin medicamentos completos ni personal, excluyendo monitoreos preventivos y de control. Basta recordar que desde noviembre de 2019 la microred no vacuna niños porque no cuenta con cadena de frío portátil.
La brecha de servicios de salud en territorios indígenas es abismal, así como su limitado acceso a servicios de agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. El Estado no tiene un plan integral para proteger a los pueblos indígenas para enfrentar esta emergencia dejándolas, una vez más, solas en su lucha por la defensa de sus vidas, e incluso golpeándolas con intervenciones deficientes y mal planificadas que esparcen aún más el contagio, el desorden el miedo y la muerte.