Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Hora cero en lote 1-AB

El futuro del Lote 1-AB –en Loreto–, el de mayor producción de petróleo en el Perú, ingresa a su etapa final: esta semana las comunidades indígenas y el Estado discutirán las cláusulas del nuevo contrato, y se conocerá si Pluspetrol explotará los pozos durante 30 años más. Domingo asistió a la firma de un acta histórica, en territorio achuar, para que ni la tierra ni las aguas sufran más. (Fotos: La República)
Artículo de Renzo Gómez, fotografía Julio Angulo.
Suplemento Domingo, diario La República, 12/7/2015

Elmer Hualinga (32) hunde su machete y, por un pequeño agujero introduce una varilla de madera en lo que parece ser un pastizal. La varilla, que triplica su metro sesenta, desaparece fácilmente como si el suelo tuviera la consistencia de un helado. Hualinga sujeta la varilla desde un pedazo minúsculo que aún ve la superficie y, concentrado, empieza a desenterrarlo, con sus guantes de látex. La exhumación es un auténtico acto de magia: el palo, ahora embarrado de un negro viscoso, es interminable como los pañuelos multicolores que un mago jala de una oreja o un sombrero.
Aunque tenga cierta fantasía, la escena no despierta sonrisas en nadie. Es la prueba de que allí abajo existe una gigantesca laguna de petróleo, camuflada por la hierba. Crudo disimulado. Basura debajo de la alfombra.
Nos encontramos en el campamento de Pluspetrol en Andoas, uno de los seis distritos de Datem del Marañón, en Loreto. A unos 15 metros, detrás de unas rejillas, un par de funcionarios, en casco y overall, alimentan una inmensa máquina que incinera residuos sólidos. Unos pasos más allá se ubica la garita de control. La puerta de entrada a pozos y baterías, a carteles  que anuncian peligro y a otros que, con frescura, aconsejan que “limpiar es bueno, pero no ensuciar es mejor”. El ingreso a una parte del Lote 1-AB, que representa el 17% de la producción total de petróleo del país.

La historia es así: la estadounidense Occidental Petroleum (OXY) operó en este lote, localizado en la cuenca del Marañón (abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre), cerca a la frontera con el Ecuador, y que entonces era de 497 mil hectáreas, desde 1971 hasta el 2000. La multinacional Pluspetrol asumió el control a partir de entonces, sin licitación alguna y, en el 2011, con la venia de Perupetro, la empresa estatal encargada de las licitaciones y supervisión de la actividad petrolera, redujo el lote en un 58% a 287 mil hectáreas, convirtiéndolo en un archipiélago de cinco islas (A, B, C, D, E), donde las áreas restantes carecen hasta hoy de responsable.
El próximo 29 de agosto concluirá la concesión. Antes de irse, Pluspetrol Norte S.A. debe cumplir un plan de abandono que incluye 92 zonas contaminadas, según ha reportado el  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Pluspetrol se resiste, sosteniendo que son pasivos ambientales que le pertenecen a Oxy y, además, que en el 2009 cumplieron con el Plan Ambiental Complementario (PAC) que incluía la remediación de  75 puntos. Estos 92 sitios son adicionales y, según OEFA, ni siquiera finalizaron gran parte de los 75, como el pastizal de petróleo.
“Ellos dicen: si no me lo has exigido antes, no me lo puedes exigir ahora. Hay un gran cinismo”, indica Vladimir Pinto, coordinador del programa de Territorios y Recursos Naturales de Oxfam en el Perú. Pluspetrol es algo así como un inquilino faltoso que planea dejar la casa destruida y con goteras.
Muchas de estas goteras han sido descubiertas por comuneros como Elmer Hualinga, desde que en el 2011 se decidió capacitar a los mismos pobladores para que ejercieran funciones de monitores ambientales. Entre el 2010 y el 2014, Pluspetrol abrió procesos judiciales para no pagar S/. 39.4 millones por 12 multas.
El recorrido junto a Hualinga y Hugo Sánchez (34) es contundente: costras de petróleo, piscinas malolientes, negruscas o marrones, ductos descascarados por la corrosión y rellenos sanitarios, como el de la entrada a Shipilay, de 13 m².

Allí nos topamos con ocho trabajadores de Ecosep (empresa comunal del pueblo de Andoas), escarbando entre  montículos de fierros oxidados, alambres, filtros de aceite, y huesos de pollo. Su labor consiste en separar los residuos y colocarlos en jabas de madera. Luego, Pluspetrol se los lleva en barcazas, con paradero desconocido. “El 25 de julio se frenará todo.  Y  se quedará así –señala las montañas de desechos–. Limpiar un relleno demora un año”, lamenta el obrero Noé Majim.
Antes de emprender el regreso en la furgoneta, pasamos por Shanshococha, la laguna por la que la OEFA multó con 20 millones de soles a Pluspetrol en noviembre de 2013, y que en su momento fue una especie de mercado donde se conseguía buen pescado y taricaya. Sus aguas verduscas y marrones acaban con cualquier rastro de vida. Al borde, Hualinga entierra otra varilla y el líquido oscuro burbujea, como un diminuto volcán de mugre.
Pluspetrol dice que es culpa de Oxy, y que realizó trabajos de remediación. La cocha,  o lo que queda de ella –que es nada– no tiene a quién culpar.
LA UNIÓN COMO PUÑO
Cerca de 60 tipos con coronas de plumas (tahuasamas),  líneas de achiote en el rostro y  telares de mostacillas escuchan atentos a sujetos de polo y blue jeans. Son los apus, líderes y protectores de sus pueblos, y sus asesores. Ambos reunidos en un extenso salón de paredes desnudas.
Son las ocho de la mañana del domingo 5 de julio, en José Olaya, la última comunidad de la cuenca del Corrientes, frontera con Ecuador, y acaba de comenzar el tercer y último día de la asamblea de los quechuas y achuares sobre el proceso de consulta previa del Lote 1-AB.
Para llegar hasta Olaya la mayoría ha viajado un día entero en chalupa, y luego dos horas por una carretera accidentada. Los que venimos de Lima, en cambio, hemos hecho la ruta completa, en dos días y medio: avión hasta Tarapoto, pista hasta Yurimaguas, avioneta a San Lorenzo, bote a Andoas, y así. El aeropuerto Alfredo Sara Bauer, donde solo vuela StarPerú, es administrado por Pluspetrol, y los cupos suelen ser reservados.

En el aula, un paso adelante, al lado de los asesores, se encuentran Abel Nango (58), apu de Olaya; Aurelio Chino (45), presidente de la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep); y Carlos Sandi (31), su par de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco).
Fediquep agrupa a 15 comunidades y Feconaco a 36. Juntarlas ha sido sencillo. Desde hace unos años han formado un puño firme. Recién en el 2011, a propósito de los 40 años de explotación petrolera, junto a la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), crearon la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamud). La unión de estas asociaciones de siglas larguísimas marea, pero vaya que trazó un camino claro.
El acta del 10 de marzo, firmada con la entonces premier Ana Jara, fue la consolidación de esta alianza. El Estado atendía, por fin, las exigencias de los nativos, sus reclamos eternos, sus justas demandas. Estudios toxicológicos y epidemiológicos (vieja promesa de 2013 que quedó sin efecto), titulación, compensación, entre otros. El anuncio que más ilusión generó fue  la creación de un fondo ‘semilla’ de 50 millones de soles (hasta que Pluspetrol salde sus cuentas, el Estado otorgará este monto de remediación). Y, claro, la oportunidad histórica de discutir por primera vez un contrato petrolero.
Cuatro meses después, en esta mañana de lluvia copiosa, ronda el desencanto por los lentos avances. Y las primeras fracturas. Feconat no participa de la reunión. Su apu Fernando Chuje, elegido hace dos meses, ha preferido seguir la consulta en un proceso aparte, con otros asesores. Por si fuera poco, a inicios de año, nació, súbitamente, la Organización Interétnica del Alto Pastaza-Andoas (Oriap). El nombre es pomposo pero –según dicen– solo cuenta con el apoyo de Alianza Capahuari.
“Quieren hacernos pelear, que divididos quedemos, dando dinero por debajo, pero no lo van a lograr”, afirma Román Dahua, apu de Loboyacu. Afuera, la lluvia continúa empapando al pueblo.
ACTA HISTÓRICA
Aurelio Chino Dahua es una de esas mentes que no necesita de cartones para demostrar sabiduría ni enseñar los nudillos para probar fortaleza. Es el apu que más veces interviene. No siempre con la palabra precisa, pero sí con la idea más lúcida. Y sentida.
“No por el hecho de que seamos nativos, no sabemos pensar, no sabemos sentir. ¿Por qué me matas, como si no fuéramos peruanos?”.
Lo que más le preocupa no es el dinero de la compensación, sino cómo van a recuperar la riqueza de sus tierras, y la pureza de sus ríos. Es el primero en sospechar de los discursos pretenciosos y los ‘somníferos’ de cifras y leyes. Como acostumbra decir: “Los labios bailan bonito pero adentro el corazón puede estar pudriendo”.
Lo secunda Magdalena Chino (49), lideresa de las mujeres de Fediquep, madre de nueve hijos y abuela de cuatro nietos. Contraria a la visión machista de una parte del mundo andino, ha dejado a su esposo en casa.
Cuando Oxy ingresó, siendo una niña todavía, fue testigo de los abusos. Sus amigas fueron violadas y sus primas, presa fácil de la prostitución. A ella también intentaron persuadirla, pero se negó.
Ha visto morir a sus padres, de apenas cincuenta años, con las barrigas hinchadas y expulsando diarreas con sangre.  “Las postas con las justas tienen jarabes y paracetamol. Si es algo grave tenemos que ir hasta Yurimaguas, en bote y avioneta. Y no llegamos. No alcanza ni tiempo ni dinero”.
Los nativos son conscientes de que por su sangre circulan metales pesados. Se basan en sus hermanos que han tenido la chance de atenderse en la ciudad. “Nosotros no tenemos esperanza de vida ya. Estamos condenados a morir por la contaminación. Pero por nuestros hijos queremos ver”, dice Abel Nango, el apu de Olaya, una comunidad de 350 habitantes, que beben agua del río, con la terrible certeza de que se están muriendo de a pocos. Cosechan solo para su consumo y, como otros nativos, trabajan indirectamente para Pluspetrol, chaleando y tumbando palos. No les queda de otra.
De vuelta en la reunión, los asesores cuadran los últimos apuntes del acta. Detalles menores de redacción. Los apus de cada etnia cuchichean en achuar y quechua, sus lenguas nativas. Al promediar las tres de la tarde,  se obtiene el documento final. Los principales acuerdos: denunciar a Pluspetrol por los daños causados, y exigirle al Gobierno Regional de Loreto que aclare que el fondo de cuatro millones no ha sido obra de sus gestiones sino hechura de los indígenas.
Todos aplauden y beben masato. El apu Aurelio sonríe,  mientras un niño pelucón corre hacia él, abrazándolo.
SEMANA CLAVE
Es jueves por la tarde, en Lima. El enojo domina a los apus. La reunión por cerca de cinco horas, en la PCM, para revisar el cumplimiento del Acta del 10 de marzo ha sido un fracaso. Salvo el Ministerio de Vivienda, las demás direcciones han enviado a funcionarios sin poder de decisión.
Lo negativo: sostienen de que hay un avance del 60% sin remitirse a hechos concretos, salvo la instalación de plantas provisionales de purificación de agua.  Lo positivo, en teoría: han dado señales para implementar un fondo de 10 millones de soles para instaurar un plan de salud.
Desde el martes 14 hasta el viernes 17, en Iquitos, los apus discutirán con Perupetro, las cláusulas del nuevo contrato y, por lo tanto, los acuerdos del acta. En paralelo, el miércoles se sabrá qué empresa ganará la buena pro para explotar el Lote 1-AB por los próximos 30 años. La canadiense Pacific Rubiales y la anglo-francesa Perenco son los otros postores. El 27 se hará el anuncio oficial.
Antes de marcharme le pregunto a Aurelio por el niñito pelucón, el último de sus cuatro hijos, de tan solo dos años. “Se llama Herodito. Significa Héroe Revolucionario en Defensa de sus Pueblos Originarios”. La lucha está garantizada.