La impunidad empresarial y la desidia estatal vienen retrasando y arriesgando la remediación ambiental de los territorios indígenas en la Amazonía norperuana que cargan con las consecuencias de 50 años de actividad petrolera.
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Plataforma de lucha acordada en la comunidad kukama San José de Saramuro a inicios de setiembre del 2022, para la movilización indefinida de las Cuatro Cuencas
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Las comunidades indígenas de la zona de influencia del Lote 8 (Loreto) advierten a Perupetro que no ingresará otra empresa operadora si no se inicia la remediación de sus territorios y el proceso de Consulta Previa
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Las comunidades indígenas afectadas por la contaminación de la actividad petrolera, se ven además impedidas de acceder a agua limpia para su consumo y uso. En la Amazonía norte peruana, cien comunidades y sus federaciones indígenas llevan una lucha unitaria, constante y articulada desde hace once años, en defensa de sus territorios y ríos.
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Mediante carta a cada despacho ministerial del Ejecutivo, las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT han formalizado el plazo de 45 días para que el Estado peruano reactive el diálogo y el cumplimiento de acuerdos. Ante el silencio del gobierno, las asambleas de las comunidades empiezan a organizarse con miras a una movilización indefinida.
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Alfonso López y Federico Díaz, presidentes de la ACODECOSPAT y la FECONACOR en entrevista con Javier Torres en el programa Al Filo
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El ex Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Eloy Espinosa-Saldaña, comenta sobre la situación actual de los pueblos indígenas en los lotes 192 y 8 de la Amazonía norperuana
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Desde la experiencia de la Amazonía norte del país, se ve como el Estado deja de funcionar como salvaguarda de derechos de los pueblos indígenas en tanto se suspenden la actividad petrolera. Aún peor, actúa como un perro del hortelano: no remedia ni deja remediar.
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PCM y MINSA niegan presupuesto para atender a casi 500 comunidades indígenas afectadas por la actividad petrolera en la Amazonía Norperuana.
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Las comunidades La Petrolera y Santa Teresa han solicitado al MINAM, al MINSA, al INDECI y la Defensoría del Pueblo la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en sus territorios a causa de las consecuencias del derrame de petróleo reportado a inicios de junio. El incidente no ha sido contenido totalmente después de un mes de ocurrido y continúa contaminando el afluente del Patoyacu en el río Chambira, afectando la salud y la alimentación de la población.
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