Defensor del Pueblo, una vez más, exhorta a presidente Ollanta Humala a demostrar “mayor voluntad política” frente a problemática de las 4 cuencas
PUINAMUDT, 12/02/2015.- El actual Defensor del Pueblo en Perú, Eduardo Vega Luna, remitió nuevamente un oficio al presidente Ollanta Humala exhortando a que las entidades competentes del actual gobierno asuman una “mayor voluntad para encarar asuntos de verdadera urgencia para las comunidades” de las cuencas de Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.
El oficio N° 90-2015/DP se remitió el pasado 5 de febrero al despacho presidencial, exactamente a un año del oficio 043-2014/DP, donde el mismo Vega Luna señalaba a Ollanta Humala la importancia de restablecer “la confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume”, así como “plazos razonables para su implementación”.
En el oficio de 2014, además, el defensor hizo énfasis en las obligaciones urgentes del Estado para “asegurar la remediación ambiental” en los territorios indígenas, a fin de garantizar el derecho de las poblaciones indígenas a vivir en un ambiente sano. Sin embargo, hasta hoy, la remediación ambiental en los lotes 1AB y 8, en las 4 cuencas, no está asegurada.
En su reciente carta, el Defensor del Pueblo se detiene a solicitar atención inmediata a los conflictos que ocurren en los ríos Corrientes (toma de 14 pozos petroleros en el yacimiento Jibarito) y Tigre (bloqueo de río en el ámbito de instalaciones petroleras), los cuales se originan por un “serio problema de compensación económica justa” que no reconoce Pluspetrol.
Al día de hoy, los conflictos en el Corrientes y Tigre aún no encuentran solución, pero ya hace una semana se daba un mensaje claro a Ollanta Humala: “se podría tener una acción más decidida con un proceso de diálogo”. La participación del gobierno, por medio de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), empezó el pasado martes, en una mesa diálogo en la cuenca del Corrientes que no llegó a acuerdos concretos.
El Defensor del Pueblo, Vega Luna, comprende el escenario dramático que se vive en las comunidades indígenas, luego de tres años de diálogos con el Estado sin resultados capaces de atender la problemática socioambiental en los lotes 1AB y 8. De esta forma, relaciona los conflictos locales “comunidad-empresa”, con el diálogo “federaciones-estado”: “[observamos] un creciente hastío, por parte de las comunidades indígenas […] principalmente por la falta de efectividad para llegar a acuerdos y cumplirlos”.
Finalmente, en el oficio se apela a que el ejecutivo “tome las decisiones que hagan falta, de modo que la deuda histórica que tenemos como sociedad y como Estado, con lo pueblos indígenas vayan siendo saldadas lo más pronto posibles”.
Este último oficio emitido desde las altas autoridades de la Defensoría del Pueblo, se suma a una serie de documentos y notas públicas elaborados por la institución como entidad nacional que vela por el cumplimiento de las obligaciones de Estado en el marco del respeto de derechos.