Consulta Previa Lote 192: Carta abierta a Ollanta Humala, presidente del Perú
Activistas, académicos, especialistas, políticos, investigadores y destacadas personalidades hacen público un mensaje al presidente Ollanta Humala mediante una carta abierta la cual invoca respeto por parte del Estado a los derechos indígenas, así como retomar de inmediato el diálogo con los pueblos indígenas achuar del Corrientes y quechua del Pastaza quienes, por medio de sus organizaciones FECONACO y FEDIQUEP, han denunciado el maltrato a las comunidades durante la Consulta Previa del Lote 192, un diálogo de mala fe y el cierre del mismo proceso sin llegar a acuerdos ni entendimientos con el Ministerio de Energía y Minas.
También puedes firmar la carta mediante una petición avaaz que está circulando en redes sociales con el nombre: Por una Consulta Previa respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas: Carta al presidente del Perú Ollanta Humala
Lima, 31 de agosto de 2015
“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar a importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.” Convenio 169 de la OIT (artículo 13)
“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…” Declaración Universal de Derechos Humanos
Ollanta Humala Tasso, Presidente del Perú
Respetado señor presidente,
Los abajo firmantes reclamamos su atención a fin de manifestarle nuestra preocupación por la forma en que funcionarios de su gobierno vienen tratando los asuntos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas del Perú, en especial los de aquellos pueblos indígenas del departamento de Loreto que vienen participando en la Consulta Previa para la operación del lote petrolero 192.
Esta Consulta Previa, que según lo dispone el Convenio 169 de la OIT es de obligatorio cumplimiento para protección de los derechos de los pueblos indígenas y originarios de eventuales daños ante intervenciones en sus territorios y en sus comunidades, ha sido declarada como “concluida”, de forma unilateral por parte del Estado, a pesar de que los pueblos indígenas se mostraron abiertos a seguir dialogando. De ese modo, debido a la intransigencia y falta de voluntad del Ministerio de Energía y Minas y del Viceministerio de Interculturalidad para abordar los temas que más preocupan a los pueblos indígenas, no se lograron tener acuerdos por temas de vital importancia para los pueblos de las cuencas del Pastaza y Corrientes: a) obtener la apropiación legal (titulación) de sus territorios ancestrales, b) reparar los daños ocasionados a sus bosques, suelos y aguas por más de cuatro décadas de explotación inclemente y deficientemente técnica de empresas extractoras de hidrocarburos; c) compensar a sus comunidades por los daños ocasionados a su salud y a su reproducción económica y social; d) de tener garantías de no-repetición de estos daños, pues parten de la certeza que solo tienen un territorio y quieren conservarlo íntegro y sano para sus hijos y e) la participación en los beneficios que reporten las actividades sobre sus territorios lo cual es de obligatorio cumplimiento y de rango constitucional.
Pero esta difícil situación por la que atraviesan los pueblos indígenas no es nueva. Tiene sus orígenes en el permanente atropello de toda clase de empresas “rapiñas” que desde hace siglos llegan a sus territorios para despojarlos de sus riquezas naturales y para ocasionarles la muerte y destrucción de su existencia. Esta situación se ha tornado insostenible por la presión sobre sus territorios y recursos y por los daños al ambiente de empresas petroleras que se ubicarían a lo largo de sus cuencas y bosques sin consulta previa. Todas estas empresas explotaron de forma irracional los recursos del ambiente y aún ponen en peligro el futuro y la vida de estos pueblos. Esta situación se agrava aún más por el crónico abandono del Estado peruano a estos pueblos y la indolencia y desgano de sus instituciones y funcionarios para atender sus demandas y garantizar sus derechos.
Señor presidente ¿será que por reclamar una mejor atención del Estado y exigir que la explotación del recurso no se haga sin escrúpulos, para que el petróleo no siga destruyendo sus santuarios de vida como son la mayoría de estos territorios amazónicos, los indígenas estén robándole el futuro al pueblo peruano? Aún más, ¿que lleguen a ser tratados como esa malhadada e indignante frase de Alan García, “los perros del hortelano”? –
¿Será que es un delito contra el Perú que los pueblos originarios quieran conservar su dignidad, preservando sus espacios de libertad y seguir siendo dueños y señores de su futuro, del bosque, de sus ríos y de sus vidas?; ¿será un delito que quieran acceder a la titulación de territorios donde no nació ninguna empresa petrolera sino que se impuso sin consulta por gobiernos pasados?; ¿será un delito que se exijan altos estándares tecnológicos y normativos para proteger sus aguas superficiales y subterráneas, ya que estas representan el núcleo de la vida espiritual y física de estos pueblos?
Los indígenas no quieren permanecer impasibles ante el saqueo y destrucción de sus territorios, ya que con ellos también se van sus vidas, pues poseen la idea de que la naturaleza y la tierra, es el origen de todo y fuente de toda la vida. De esa concepción derivan la responsabilidad con esta gran selva, y el reconocimiento de la solidaridad y de la compasión con la naturaleza –entendida como la capacidad de sentir en nuestras “tripas” la suerte de otros seres vivos, con los cuales compartimos el bosque y cuyas vidas están también en el ocaso– son también valores que hemos aprendido de los pueblos indígenas, que queremos seguir inculcándole a nuestros hijos.
Nosotros tampoco queremos permanecer impasibles, pues también hemos comprendido que las políticas de desarrollo en la Amazonía no están conduciendo ni a una mejor calidad de vida ni a una mayor felicidad humana, como tampoco a unas relaciones más armónicas entre nuestra especie y otras especies vivas, ni a formas más adecuadas de interacción con el entorno, y más seguras tanto para los ecosistemas como para los pueblos indígenas.
Los estándares internacionales para la protección de los pueblos indígenas otorgan particular atención a los derechos individuales y colectivos en relación con la propiedad colectiva, el uso y el control que ejercen los pueblos indígenas en sus territorios, así como la relación con los recursos naturales. Estos estándares ponen un claro énfasis en la necesidad de contar con mecanismos apropiados de consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado sobre los medidas administrativas y/o legislativas que tengan impacto sobre los pueblos indígenas. Y esto es así, pues es por medio del control que tienen de los factores y procesos que afecten sus vidas y territorios, que pueden mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y promover un desarrollo propio de acuerdo con sus deseos, aspiraciones y necesidades.
Señor presidente, como peruanos y hermanos ligados al amor por nuestra Amazonía, no queremos un futuro con pueblos indígenas con cochas y ríos contaminados, con territorios indígenas cruzados por oleoductos o “refugiados y desplazados ambientales” –comunes en zonas como Sudán y últimamente en Colombia- pero que pueden comenzar a presentarse en el Perú como resultado del deterioro ecológico. ¿Será eso lo que quiere el gobierno?
No podemos perder nunca de vista el carácter diverso y pluricultural de la Nación peruana. Esto significa que los planes de desarrollo nacional tengan la capacidad de adecuarse y aplicarse según las particularidades de cada región y de cada comunidad y que no sólo respeten, sino que expresen y activamente contribuyan a la consolidación positiva de esas particularidades.
La Consulta Previa, entendida como un diálogo intercultural, ratificada por su gobierno en una Ley y un Reglamento, busca precisamente articular versiones alternativas de desarrollo. Sin embargo en una acción unilateral e injustificada, su propio gobierno ha tenido la lamentable decisión de dar por concluido el proceso de consulta, sin llegar finalmente a ningún acuerdo con los pueblos que serán afectados directamente por la mayor cantidad de producción del Lote Petrolero más importante del Perú, el Lote 192, el cual además tiene una larga historia de destrucción y daño. Con esto, los pueblos terminarían excluidos de la posibilidad de decidir sobre el futuro de su existencia y de lo que ellos conciben como desarrollo, imponiéndose nuevamente una decisión que afectará para siempre sus territorios y sus propias vidas.
Y es por eso que los que suscribimos esta carta lo instamos a restablecer el diálogo con los pueblos indígenas y atienda en el marco de la garantía de sus derechos colectivos, las propuestas que ellos han planteado para que no se repita con este nuevo Lote 192 la infame historia de destrucción sufrida durante los últimos 40 años de explotación petrolera, esto al margen de la empresa petrolera que ingrese, ya que es el sentir de estos pueblos.
De ese modo, los pueblos indígenas de las cuencas del Corrientes y Pastaza, los pueblos indígenas del Perú y en general los peruanos y peruanas le agradecerán este gesto.
Pero tenga usted la certeza señor presidente que si los pueblos indígenas deciden movilizarse para hacer valer sus derechos, estaremos prestos a auxiliarlos con todos los medios a nuestro alcance y no ahorraremos esfuerzos para poner en marcha todos los mecanismos legales para apoyar sus derechos, pues estamos convencidos que la diversidad cultural y biológica forman parte de los derechos humanos que debemos conservar y proteger no solo por el bien de estos pueblos sino por los de todo el mundo.
De usted cordialmente,
- Verónika Mendoza Firsh, congresista de la república, Perú
- Claudia Cisneros, periodista/activista, DNI 10276060, Perú
- Frederica Barclay Rey de Castro, antropóloga, DNI 08231882, Perú
- Alberto Chirif, antropólogo, DNI 05342330 Perú
- Lucy Ann Trapnell, antropóloga y educadora, DNI 05285897, Perú
- Efraín Jaramillo, antropólogo, Colombia
- Luis Enrique Mendoza, filósofo, Perú
- Efraín Jaramillo Jaramillo, antropólogo, Colombia
- Kathe Meentzen, comunicadora, Alemana
- Richard Kamp, científico, Estados Unidos.
- Manuel Miguel Berjón Martínez, sacerdote, España
- Diana May Papoulias, bióloga, México
- Ermeto Tuesta Cerrón, awajun, DNI 10271565
- Pascha Bueno-Hansen, profesora Universidad Delaware, Estado Unidos
- Julianne A. Hazlewood, geógrafa, Estados Unidos
- Tirso Gonzáles profesor, Canadá
- Bren Metz, antropólogo, Estados Unidos
- Miryam Guevara Guevara, trabajadora social, DNI 01111709, Perú
- Charline Baudry, asesora en gestión de proyectos, Francia
- Roberto Lay Ruíz, DNI 01146587
- Mario Zúñiga Lossio, antropólogo, DNI 40312242, Perú
- Yaizha Campanario Baqué, técnica de derechos humanos, España
- Never Tuesta Cerrón, pedagogo EIB, Perú
- Miguel Lévano Muñoz, sociólogo, DNI DNI 08691911, Perú
- Isabel Port, maestra, Alemania
- Marcela Velasco, profesora de ciencia política, Fort Collins (Colorado)
- María Mercedes Jaramillo, profesora de Literatura, Fitchburg State College
- Gloria Salinas, contadora, Bogotá, Colombia
- Antonia Röck, artista, Frankfurt, Alemania
- Chiesie Salinas, ecóloga, universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
- Alonso Tobón, Presidente de Alianza Social Independiente, Bogotá, Colombia
- Jorge Agurto Aguilar, comunicador, DNI 10449399, Perú
- Ana Leyva Valera, abogada, DNI es 06251953, Perú
- Vanessa Schaeffer Manrique DNI 44466084, Perú
- Elqui Cruz Ayala, DNI 10231460, Perú
- Cindy Cecilia Chavarrí Castillo DNI 46531396, Perú
- Franco Andree Ratto Panduro DNI 46819178, Perú
- Ismael Vega, Antropólogo. DNI 08600121, Perú
- César Vladimir Pinto López, abogado, DNI 10218944, Perú
- Renato Pita Zilbert, artista plástico, DNI 40689377, Perú
- Richard O’Diana Rocca, abogado, DNI: 70434839 Perú.
- Tami OKamoto Mendoza, mujer, DNI 44037149, Perú
- Miller López Santillán, dirigente shawi, DNI 43454941, Perú
- Rocío Arana Gómez, antropóloga, DNI 45256598, Perú
- Juan Aste Daffos, ingeniero, DNI 06600063, Perú
- Carmen Rosa Arévalo Salas, activista derechos humanos, DNI 05256869, Perú.
- Aída Gamboa Balbín, politóloga, DNI, 70083150, Perú.
- Anahí Chaparro Ortiz de Zevallos, antropóloga DNI 42557826, Perú
- Rudy Roca Rozas, Antropólogo, DNI 44764024, Cusco-Perú
- Xiomara Carballo Briceño, Abogada en DDHH y Género, Costa Rica.
- Jonathan Hurtado, comunicador social, DNI, 42780987, Perú
- Luis Alberto Hallazi Méndez, abogado derechos humanos, Perú
- Sara Isabel Arana Gómez, antropóloga, DNI 42120680, Perú
- Giselle Vila, Socióloga, DNI 44710121, Perú
- Maritza Paredez, DNI 067831313
- Fernando Torres Anlas, antropólogo, DNI 43586998, Perú
- Harry Echegaray Elmore, sociólogo, DNI 40396027, Perú
- Selva Chirif Trapnell, educadora, peruana. DNI: 43090916, Perú
- Ángela Alfaro Vilanueva, antropóloga, DNI 42439710, Perú
- Glicerio Alfaro Ganvini, coronel PNP (r), DNI 43266065, Perú
- Narda Henriquez, socióloga, DNI 07215091, Perú
- Alba Paula Agüero, DNI 47312876, Perú
(siguen firmas)