Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Algunas acciones que se ejecutan para enfrentar los daños y engaños de la actividad petrolera del ex Lote 1AB en territorios indígenas

Renato Pita, 9 de abril, 2018.
En las últimas semanas, en el área petrolera del ex Lote 1AB, al norte de Loreto, se dan pasos concretos orientados a impulsar mecanismos y acciones adecuadas para enfrentar y remediar la contaminación petrolera histórica (y reciente) en la zona.
Se puede decir que el conjunto de acciones en marcha no tiene precedentes en más de cuarenta y cinco años de actividad petrolera en territorios indígenas de la parte alta de los ríos del Pastaza, Corrientes y Tigre, cuyas poblaciones reclaman desde hace varios años atención urgente. La tarea es gigante, por ello el moderado optimismo no debe contaminarse ni bajar la guardia.
Es necesario conocer este proceso, pues inciden en un contexto múltiple y complejo (nacional y local) de afectaciones históricas por contaminación petrolera, reiterados derrames de petróleo en Lote 192 (cuya área, más o menos, es la misma que la del 1AB), los umbrales del vencimiento del actual contrato de operaciones del lote, la sombra del próximo operador (Petroperú, cuestionada por sus operaciones en el Lote 8 y por derrames en el Oleoducto Norperuano), entre otros factores de un largo e inagotable conflicto entre el Estado peruano, empresas extractivas y comunidades indígenas que reclaman mejores condiciones de vida y respeto.
Las acciones hoy desplegadas hacia una remediación, rehabilitación o restauración, resultan de largas luchas de los pueblos indígenas de la zona, desde hace varias décadas. En el caso concreto de esta nota, daremos cuenta solo de acciones que surgen a partir del Acta de Lima (10/3/2015), uno de los documentos que rige la agenda de diálogo entre el Estado peruano y las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT.

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Es importante resaltar los diversos actores en este proceso pro remediación ambiental. Desde distintos roles y acciones, en el actual trabajo de campo están involucrados principalmente el Estado peruano (FONAM, OEFA, entre otros), empresas consultoras especializadas en labores ambientales, e incluso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Todos ellos son acompañados de cerca por alrededor de 30 monitores ambientales achuares, quechuas y kichwas de las de las comunidades afectadas por contaminación petrolera. Ellos cuentan con una experiencia que alcanza los diez años y un conocimiento territorial, cultural e histórico inmejorable.
Mención aparte merece quien fue operadora del ex Lote 1AB, Pluspetrol Norte, gran ausente en este proceso aun siendo ella, por ley, la única responsable de las acciones de remediación. A la fecha, Pluspetrol no tiene aprobado el Plan de Abandono que le obliga la norma, y que debió tener en el año 2015. Su propuesta ha sido rechazada por MINEM en dos oportunidades, porque elude hacerse cargo del total de áreas contaminadas.
Huelga decir que el actuar de “Plus” no sorprende, más bien ratifica su historial de irresponsable y bribón, con el objetivo de incumplir sus obligaciones ambientales. Eso sí, irrita y preocupa lo inoperante e ineficiente que resulta el Estado frente a esta empresa (deudora de millones en impuestos) que tanto daño a hecho a peruanos y peruanas.

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Entonces, ¿qué se está haciendo hoy en el área de lo que fue el Lote 1AB? Hacemos un rápido recuento de fechas, acciones y voces para apreciar valores y alcances de este proceso.
En marzo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) estuvo en la cuenca del Pastaza identificando nuevos sitios impactados; algunos de ellos serán incluidos en el próximo grupo de sitios que el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) debe priorizar para acciones de rehabilitación ambiental. Esta misma labor de identificación se hará en la cuenca del Tigre y el Corrientes a partir de la segunda semana de abril.
A su vez, FONAM también interviene en la zona. Luego de priorizar 32 sitios contaminados (junto con MINEM, MINAM, MINSA, MINAGRI, MIVCS y las federaciones indígenas) para acciones urgentes de rehabilitación ambiental, y luego de seleccionar en concurso público a empresas especializadas, por fin se iniciará el trabajo de campo para identificar metodologías adecuadas de intervención (caracterización de la zona, diseño de propuestas, etc.). En las cuencas del Tigre y el Pastaza lo hará el consorcio ECODES-VARICHEM, a partir de la segunda semana de abril, por más de 30 días en el lote. En el Corrientes lo hará la empresa JCI-HIDROGEOCOL las siguientes semanas.
Un tercer nivel de intervención la ejecuta el PNUD, quien es responsable de elaborar un Estudio Técnico Independiente (ETI) por medio de la participación de 18 especialistas internacionales de disciplinas tan diversas como biología en agua y suelos, ingeniería química, ecología,  toxicología,  antropología, entre otras. Este equipo compilará y analizará información de la historia ambiental del lote, recorrerá áreas contaminadas, comunidades, entre otros. Luego harán un informe con recomendaciones de alto estándar y criterios integrales, que servirá de referente a las empresas remediadoras del FONAM y otras prácticas de remediación. El trabajo de campo del ETI concluirá a finales de abril.
Pero ninguno de estos niveles de intervención sería pertinente y profundo si no contará con la participación y vigilancia activa de los monitores ambientales de las comunidades y otros actores indígenas.

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“Al final, nosotros hemos venido para aprender de ustedes” dijo Margarita Núñez a monitores y traductoras, hombres y mujeres, achures, kichwas y quechuas durante uno de los talleres previos al trabajo de campo del ETI. Margarita es bióloga, coordinadora del equipo técnico ETI, el cual ha sabido notar el valioso y sustancial aporte de los monitores al proceso.
Lo mismo piensa Etelvina Chino, comunera de Nuevo Andoas que participa como traductora en el proceso; “[los monitores] conocen los lugares impactados y son moradores, vivientes de acá, conocemos nuestra realidad”. Además resalta su perfil comunicador, “a través de ellos también somos todos participados, ellos nos explican mejor”.
Elmer Hualinga, coordinador del programa de monitoreo de la federación quechua FEDIQUEP, ve además una dimensión de vigilancia en su labor. “Nosotros como monitores independientes estamos fiscalizando que se haga un buen trabajo”. El compromiso es fuerte, los monitores son parte de la historia de estas acciones; “mediante los monitores [hace] mucho tiempo hacemos levantamiento de muestras, denuncias, mediante eso estamos logrando que PNUD entre a ser estas evaluaciones para que ellos recomienden”. Esto también es un logro de ellos.

Además la experiencia es valiosa para su propia formación técnica. A Roberto Sandi, monitor de la comunidad achuar Nueva Jerusalén, le preguntamos por qué es importante acompañar al ETI; él respondió sencillo y directo: “para ser monitores”. Luego continúa: “antes monitores trabajaban, exigían, pero empresas engañaban, decían remediar bien y total no [lo hacían], por eso necesitamos más capacitación, más experiencia para saber bien”.
Monitores ambientales, vigilantes, fiscalizadores, comunicadores, aprendices y expertos; ellos son todo eso al mismo tiempo.
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La historia de daño que ha escrito la actividad petrolera en esta zona es también una historia de engaños. Lo que durante décadas fue informado (si es que se informaba) a las comunidades como “remediación ambiental” solo fue una cruel pantomima.
Nuevamente, Roberto Sandi lo precisa. Al preguntarle si alguna vez Pluspetrol hizo algo para remediar la contaminación en el 1AB, él responde que sí, “pero no ha hecho bien”, aclara. “Como en Dorissa, hay unos diez o quince puntos y no está remediado bien, Pluspetrol metía máquinas, tractores, y lo han tapado nomás [al crudo]”.
El presidente de la federación achuar FECONACOR, Carlos Sandi Maynas, agrega: “Pluspetrol se esquiva lo que es su responsabilidad, y como el Estado es su padrino, o es su compadre, no quiere exigir[le]. El Estado es quien ha permitido hacer destrucción en nuestro territorio”.

“Nosotros queremos que remedien lo que hace daño, la contaminación”, dice Salomón Huamán de la comunidad achuar Antioquía. “Siempre decimos que el Estado viene a engañar, por eso no tenemos mucha confianza, nosotros queremos exigir que la empresa haga buen trabajo”, agrega Saqueo Sandi, de Nueva Jerusalén. Ni el Estado, ni las petroleras tienen la confianza de la gente.
Etelvina, de la federación FEDIQUEP, expresa la frustración de esta historia. “Se ha visto que nunca nos han hecho caso, por eso la federación ha visto que influyan otras organizaciones y que a través de ellas lleguemos al Estado; esperemos que asuman su responsabilidad tanto el Estado como las empresas”. Ella, como las federaciones, desea que el trabajo de PNUD incida directamente para que el Estado y las empresas cumplan con sus obligaciones y mejoren sus prácticas históricas y parámetros de bajo estándar, los cuales han generado, acumulado y perpetuado tanto daño e incertidumbre frente a la vida en estos pueblos.
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Este proceso no es casual. Diez años de monitoreo ambiental indígena, federaciones indígenas trabajando articuladas, una agenda frente a la problemática socioambiental generada por la contaminación petrolera, algunas acciones concretas que van abriendo nuevo procesos; nada es casual. Representa años de luchas, diálogos e incidencia de varias comunidades y distintas organizaciones indígenas, movilizadas en favor del cumplimiento de derechos.

La remediación, rehabilitación, restauración, o la “sanación” o “resanado” (como la llaman los propios monitores indígenas), aún no se ha logrado; es claro que eso no sucederá de inmediato. Pero definitivamente la contaminación no se abordará (no debe abordarse) de la misma manera luego de las reflexiones, acciones, recomendaciones y aprendizajes que se den en los próximos meses. Normas, metodologías, participaciones, deberán cambiar para una mejor protección ambiental y de la población. El Estado debe verse obligado a corregirse y cumplir su rol garante de derechos.
Como hemos visto, es clave en esto garantizar participación y vigilancia indígena para (también) remediar la tan devaluada credibilidad que tiene el Estado. Por ahora, pese a los pequeños pero importantes pasos dados, todo tiene aún frágil apariencia; en el Perú nada se sabe sobre el día de mañana.
Clever Cruz, quechua de Nuevo Andoas, sintetiza bastante bien el sentir de las comunidades frente a la incertidumbre: “No me vayan a jugar, el día que me jueguen mal, el indio ese día se levanta, el indio ha nacido de pie no de rodillas”.