Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Por, Nelly Luna Amancio
OjoPúblico, 15/02/2015.- La vida de Carlos Sandi está asociada al petróleo, aunque él no lo haya decidido. Nació cuando la Occidental Petroleum (Oxy) llevaba 15 años extrayendo el petróleo de territorio indígena, en la región amazónica de Loreto; creció viendo los pastizales sepultados en ese crudo oscuro y pegajoso, cumplió 14 cuando Pluspetrol Corporation adquirió los pozos, y se hizo adulto sorteando las cochas ahogadas en petróleo. Carlos Sandi tiene ahora 29 años, es jefe de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, y desde hace tres semanas lidera una protesta que exige la remediación de los daños ambientales tras cuatro décadas de explotación petrolera.
-Así como el Estado garantiza ganancias, también debe garantizar nuestros derechos, dice el joven achuar de voz templada y ojos pequeños.
Hace 15 años Pluspetrol Norte -filial de un conglomerado transnacional que opera en Sudamérica y África– explota el Lote 1-AB, ubicado en las provincias de Loreto y Datem del Marañón. Entre el 2010 y el 2014 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la sancionó en 12 oportunidades por infracciones al ambiente con multas que suman un total de 39’400.592 soles*. Sin embargo, la petrolera rechazó pagarlas, llevó seis de ellas ante el Poder Judicial, y además ha puesto una medida cautelar contra un informe del OEFA que menciona su responsabilidad en la remediación de los 92 sitios identificados con daños ambientales en el lote que explota.
El contrato de Pluspetrol vencerá en seis meses y la incertidumbre sobre quién atenderá las zonas afectadas ha despertado nuevamente las demandas de las comunidades indígenas. Lo que empezó hace tres semanas como una protesta en la comunidad achuar de Pampa Hermosa, liderada por Carlos Sandi, en el río Corrientes, se extendió en pocos días -ante la indiferencia de las autoridades- a las otras cuencas afectadas por la contaminación: el Tigre, el Pastaza y el Marañón.

Línea de tiempo: Rocío Romero/ Jordani Vidarte.

Desde que en 1971 la Oxy perforó el primer pozo de petróleo en esta zona las condiciones económicas y sociales de la población indígena no han mejorado. Las cifras oficiales desbaratan los promedios nacionales de crecimiento. Aquí, la desnutrición crónica afecta al 31% de los niños y la pobreza monetaria al 78% de las familias. La contaminación de las aguas y los suelos ha incrementado la inseguridad alimentaria: en estas provincias las comunidades son tres veces más vulnerables a pasar hambre que el promedio nacional.
-El único patrimonio de los pueblos indígenas es su territorio. No estamos en contra de las inversiones, pero estamos hartos de vivir así, dice Carlos Sandi.
BATALLA JUDICIAL
En los últimos tres años, el OEFA realizó 23 supervisiones al Lote 1-AB y la multó en 12 ocasiones. Las resoluciones de sanción detallan cada una de las infracciones ambientales cometidas: exceder los niveles permitidos de hidrocarburos en suelos, perforar pozos sin instrumento de gestión ambiental aprobado, disponer residuos sólidos peligrosos a la intemperie, utilizar un área mayor a la aprobada para la perforación de los pozos, incumplir la rehabilitación de las áreas intervenidas, no tener válvulas de bloqueo instaladas estratégicamente para minimizar el derrame, impactar con hidrocarburos la laguna Shanshococha y luego drenarla, suelos impactados con hidrocarburos, y hasta ausencia de permiso para captación de agua.
La lista de faltas es mucho más larga, pero la empresa ha decidido pelear el pago de estas multas en el Poder Judicial. Pluspetrol enfrenta, además, investigaciones penales por daños ambientales, en algunos de esos casos se ha citado a los directivos en calidad de testigos.

Licitación. Perúpetro se ha comprometido a convocar a la licitación del Lote 1-AB, solo después de la Consulta Previa. Crédito: David Hill.

El último intento de Pluspetrol Norte para judicializar e impedir los alcances de las observaciones de OEFA ocurrió el 9 de diciembre del 2014. La petrolera interpuso una medida cautelar en un juzgado de Iquitos solicitando la suspensión de un contundente informe técnico (411-2014-OEFA/DS-HID) que resume las observaciones las 23 supervisiones realizadas al Lote 1-AB . Este documento menciona, entre otras responsabilidades, que la empresa debe incluir en su plan de abandono de operaciones (que aprobará el Ministerio de Energía y Minas) la remediación de todos los sitios afectados
El 16 de diciembre, el juez civil de Maynas Alexander Rioja Bermúdez aceptó la medida cautelar de la petrolera y ordenó que “se suspenda su eficacia jurídica”. En la resolución, el juez recoge todos los puntos de vista de Pluspetrol y ordena que ninguna otra persona ni entidad del Estado tome en cuenta el informe del OEFA.

Informe. OEFA determina que la empresa debe asumir la remediación de todos los sitios impactados.

El documento que Pluspetrol quiere silenciar se denomina “Resumen ejecutivo sobre la situación ambiental del Lote 1-AB operado por Pluspetrol Norte”, del 20 octubre del 2014. En su demanda, presentada por el abogado Hugo Cavero Ruiz (socio del Estudio Balbi Consultores Asociados), la empresa señala que “ni la entidad emplazada ni ninguna otra podrá tener en cuenta el informe ni su contenido”. Pluspetrol cuestiona duramente al OEFA -sus argumentos además fueron recogidos por el juez Rioja- y sostiene que esta se ha excedido en sus competencias, que el informe es ilegal, inconstitucional y que la autoridad en regulación y fiscalización ambiental no puede hablar sobre las responsabilidades en torno a los pasivos ambientales.
La resolución del juez sorprendió a los funcionarios de la autoridad ambiental, no solo porque el juzgado aceptó la demanda, sino porque esta se presentó en Iquitos, cuando las sedes principales de Pluspetrol y el OEFA están en Lima. “Yo creo que ha habido un error en la interpretación del juez al aceptar esta medida cautelar, tal vez por desconocimiento”, explica Sandra Rossi, procuradora del OEFA.
La entidad ya apeló lo dispuesto por el juez y ha recordado que entre las funciones que la ley le otorga y obliga está la de emitir reportes públicos de los informes de supervisión directa de las actividades de hidrocarburos. “No puede haber un juez que nos diga que no cumplamos con nuestras funciones. Todo lo tramitado por este juez debería ser declarado nulo”, dijo la abogada del Estado.
UNA PETROLERA TRANSNACIONAL
Pluspetrol ingresó al Perú en 1986 y actualmente sus operaciones se extienden en siete Lotes: 8, 115, 1-AB (Loreto), 88 y 56 (gas de Camisea, Cusco), 155 (Puno) y 108 (Cerro de Pasco y Junín, donde se produjeron los últimos enfrentamientos de Pichanaki). Es una empresa transnacional que nació en Argentina en 1976, pero cuya cabeza del grupo se encuentra ahora en Europa.
De acuerdo al organigrama que presentaron a la Superintendencia del Mercado de Valores en el 2010, Pluspetrol Resources Corporation N.V., de Holanda, lidera la organización que también posee inversiones en diferentes países de Sudamérica, España, Estados Unidos, Angola y en las Islas Caimán (Reino Unido). En Perú las cinco subsidiarias que pertenecen al grupo dependen de esta y controlan los lotes más estratégicos: producen el 40% del petróleo nacional, abastecen la mitad de la demanda energética, y generan el 95% del gas que se consume en el país. El 45% de Pluspetrol Norte, la filial que opera en el Lote 1-AB, está en manos de la Corporación de Petróleo de China, la mayor compañía estatal de hidrocarburos del gigante asiático.

Infracciones: exceder los niveles permitidos de hidrocarburos en suelos, perforar pozos sin instrumento de gestión ambiental aprobado, disponer residuos sólidos peligrosos a la intemperie, impactar con hidrocarburos la laguna Shanshococha…

Rios y suelos contaminados: Se han identificado más de 90 sitios afectados por el impacto petrolero en el lote 1AB (38 cuenca del río Pastaza, 17 cuenca del río Corrientes y 35 en la cuenca del río Tigre). Crédito: Federaciones indígenas.

Desde el año 2000 Pluspetrol Norte explota el Lote 1-AB y desde entonces existen -según el OEFA- compromisos contractuales de remediación de las áreas contaminadas que ha estado asumiendo. La empresa argumenta que se trata de pasivos ambientales dejados por Oxy, pero el OEFA le ha recordado en su informe que no se puede hablar de pasivos cuando en su contrato ellos asumieron la responsabilidad de remediar todo lo dejado por la operadora anterior. “Pluspetrol Norte es la única responsable de los activos y pasivos que devienen del contrato”, concluye el informe técnico judicializado por la petrolera.
¿Qué áreas entonces son las únicas que Pluspetrol quiere remediar? Ojo-Publico.com pidió al Ministerio de Energía y Minas información sobre los aspectos que contempla el Plan de Abandono que Pluspetrol ha presentado para el lote 1-AB, pero respondieron que no tenían la información, pese a que esta entidad es la encargada de recibir y aprobar el documento. También solicitamos información sobre el tema a Pluspetrol, pero hasta ayer no respondieron. Sin esta información, la negociación en la mesa de diálogo, entre el Gobierno, la empresa y las comunidades, es un proceso ciego.
LEGADO DE FALTAS
En las dos semanas de paralización en Loreto nadie llegó a Pampa Hermosa, la comunidad achuar en el Río Corrientes en donde Carlos Sandi es el apu. El líder indígena tuvo que venir a Lima para poder reunirse con los funcionarios del gobierno y plantear su demanda: las más espeluznantes distancias del Estado con las comunidades afectadas por la explotación petrolera no son las geográficas. La empresa ha dicho que algunas de las comunidades impactadas, como Marsella, en la cuenca del río Tigre, están fuera del área del contrato. La historia completa, sin embargo, es otra.
Cuando Pluspetrol asumió la conducción del Lote 1-AB el año 2000, este tenía 479 mil hectáreas; pero al año siguiente, solicitó un recorte y el lote se redujo a un 42% (casi 200 mil hectáreas quedaron fuera). Con estos cambios, varias comunidades afectadas por la contaminación acabaron excluidas, sin embargo, el Plan Ambiental Complementario ya las reconocía como sitios afectados y, por lo tanto, como establece OEFA en el informe rechazado por la compañía, esta empresa debería asumir también la remediación.

El OEFA ha precisado que no se puede hablar de pasivos ambientales en el Lote 1-AB porque Pluspetrol Norte asumió el control y compromiso de todos los sitios impactados dentro de su área de explotación original.

“Lo que dice el juez es que nosotros hemos identificado nuevos pasivos, y eso no es cierto. Lo que decimos es que de acuerdo a sus instrumentos de gestión ambiental, la empresa se comprometió a remediar cada uno de los lugares impactados. El término pasivo ambiental no aplica para el Lote 1-AB ”, dice la procuradora Rossi.
SIN REMEDIACIÓN NI CONSULTA PREVIA
Las protestas han sido constantes en las cuencas afectadas por la contaminación de hidrocarburos. El 2012 el gobierno conformó una comisión multisectorial para promover el desarrollo en la zona y remediar los daños ambientales. Los dirigentes de las comunidades quechuas del Pastaza, achuar y urarina del Corrientes, kichwa del Tigre y kukama kukamira del Marañón exigen desde entonces la remediación ambiental como paso previo a la consulta previa que se deberá realizar cuando venza el contrato de Pluspetrol Norte el 29 de agosto y se convoque a una licitación pública para elegir al nuevo concesionario.
Pero la remediación parece por el momento un deseo lejano. Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, afirmó en una reciente entrevista a Reuters que «muchas de las protestas no solo tienen que ver con Pluspetrol, sino también con el gobierno, son pasivos que vienen de 1970». La petrolera no acepta la remediación de todos los daños, aunque el numeral 2.1 de la cláusula segunda de la modificación del contrato del 2002 menciona que la empresa “asume todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de Pluspetrol Peru Corporation S.A. [corporación que adquirió de Oxy el Lote 1-AB]”.
Otra de las conclusiones del OEFA en el informe en cuestión sobre el desempeño ambiental de Pluspetrol Norte es que en todo este tiempo, “la empresa ha operado con instrumentos de gestión ambiental que no han tenido en cuenta un planteamiento integral de la gestión ambiental”. Pero advierte algo aún más preocupante: que Pluspetrol “no alcanzará a ejecutar de manera íntegra su plan de descontaminación de suelos (PDS), pues solo la elaboración de este contempla un plazo de un año y su ejecución un aproximado de tres años”. Recién en octubre del año pasado la empresa comenzó a a identificar las áreas con suelos contaminados. Sobre este tema, el Ministerio de Energía y Minas ha guardado silencio.

Protesta. Las comunidades indígenas demandan la remediación antes de iniciar la Consulta Previa. Crédito: David Hill.

En Perúpetro informaron que la licitación pública internacional para otorgar el nuevo contrato del Lote 192 (que incluye la totalidad del actual Lote 1-AB y áreas adicionales para efectuar actividades exploratorias) se realizará después de haber realizado la Consulta Previa con las comunidades.
“Quedan pocos meses y nadie está atendiendo los temas más urgentes”, dice con voz cansada Carlos Sandi, desde su comunidad de Pampa Hermosa, donde los últimos días se han reunido con los representantes de la empresa y Julio Rojas, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sin llegar a ningún acuerdo.
Ajeno a lo que se viene discutiendo en la capital, el líder achuar insiste en que no habrá proceso de consulta previa hasta que atiendan las demandas de remediación, titulación de tierras y compensación. En Lima, el gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol coquetea con la posibilidad de permanecer en Lote 1-AB y anuncia que están evaluando presentarse a la licitación. “Nosotros definitivamente en el lote 1AB tenemos mucha experiencia, dependerá de las bases que ponga el Gobierno para la licitación, pero en primera instancia sí tenemos interés en participar”, dijo Daniel Guerra. Mientras en Loreto, catorce pozos siguen paralizados.
 

* Las multas impuestas por el OEFA y judicializadas por la empresa ascienden 10.233,92 UIT

Con la colaboración del periodista Bryan Paredes

También lo puedes leer en: http://ojo-publico.com/29/las-heridas-de-pluspetrol-en-la-amazonia-peruana