Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Memoria de pronunciamientos indígenas y respuestas estatales («carapa») en tiempos de Covid-19

Acercamiento al Repositorio Covid-19 y Pueblos Indígenas elaborado por PUINAMUDT y Servindi, a propósito del gran número de exigencias realizadas por las organizaciones indígenas al Estado peruano, durante el avance de la pandemia en Perú y territorios indígenas.

Por, Mario Zúñiga, Asesor de la plataforma Puinamudt

Quien ha caminado con los pueblos indígenas de la Amazonía y ha acompañado sus luchas, sabe, al llegar a una y otra comunidad, que la pequeña posta, sin buena implementación; el colegio multinivel, casi cayéndose o el agua de una planta potabilizadora, no son servicios entregados de manera voluntaria o anticipada por el Estado, sino han sido producto de largas luchas, trabajos comunales, colectas, uso de fondos de cooperantes, encarcelamientos, caminatas sin dinero, hambre y hasta muertes.

Lo perverso es que el Estado siempre intenta borrar de la memoria pública el gran trabajo que hacen los pueblos, y otros actores de sociedad civil, en diversos ámbitos, para hacer llegar algunos servicios y salvaguardas estatales a territorios indígenas. Cuando el Estado llega, por lo común tarde, se apropia de todo el esfuerzo realizado por todos y todas, en contextos de crisis. Lo hace, incluso, mientras pide perdón por su tardanza y da explicaciones alambicadas, pero mantiene en su genética burocrática desprecio por la toma de decisiones propias y las alternativas de existencia planteadas por los pueblos. 

Con todo ello, la desmemorizacíón siempre es infructuosa. Los pueblos tienen memoria larga, mucho más porque finalmente, cuando el Estado llega a modo de servicio o vínculo, este es precario, racista, patriarcal y sometido a intereses empresariales… Aparece en sus territorios afectando (nuevamente) su vida diaria, e hincando, en la memoria de sus cuerpos, el mal-funcionamiento del Estado.

De este último hecho, existe una categoría sociológica y metafórica indígena potente, “la carapa sin tortuga”. Cuando se exige o trae de las mechas al Estado, casi siempre llega un Estado “carapa”, es decir, puro caparazón hueco, puro discurso sin praxis transformadora, pura norma de papel (higiénico) llena de contenidos espurios, genocidas o vacíos, pura institucionalidad cascarón que en realidad obstaculiza el servicio adecuado o la defensa concreta de derechos. Para rematar el asunto, esa institucionalidad “carapa”, permite que los verdaderos infractores (empresas o las propias instituciones públicas) sigan impunes o, incluso como ahora, realicen acciones que terminan contagiando y poniendo en alto riesgo la sobrevivencia de los pueblos.  

Pero no todo es poder estatal sin respuesta. Los huecos de esta carapa son llenados por los pueblos indígenas, quienes en total control de sus territorios movilizan recursos económicos y sociales para construir sus procesos educativos, sus espacios de salud, sus modos de fiscalización ambiental, sus procesos de gobierno para la exigencia del respeto de derechos.  En este camino, la mayoría de veces los pueblos cargan los costos del co-gobierno (exigiéndolo, proponiendo, vigilando), paradójicamente enseñando al Estado, incluso a las empresas, a funcionar bien, pero el Estado o las empresas paternalistas, se llevan los aplausos. De hecho, puede decirse que hay un co-gobierno de facto que obliga a los pueblos a soportar y confrontar permanentemente, la ineptitud y racismo del Estado, el cual se mantiene en el universo jurídico estatal. 

Hoy, en este contexto de COVID-19, nos encontramos en este juego/conflicto eterno de Pueblos exigiendo y Estado respondiendo tarde, en modo carapa. Es decir, respondiendo inoportunamente y apropiándose de la lucha de los pueblos, paternalizando relaciones y respondiendo con mínimos y mal (sin previsión de futuro, imponiendo planes sin participación, generando fondos sin control popular) a las válidas exigencias multidimensionales de los pueblos. 

Por más que parezcamos pesimistas, no podemos silenciar este hecho o dejar de advertirlo. Hoy nos enfrentamos a acciones de urgencia y tenemos una respuesta tardía de parte del sector Salud con un Plan de Intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y para centros poblados rurales de la amazonía peruana frente a la emergencia del COVID-19 cuyo costo social ha sido un poco más de medio centenar de muertes. 

En ese marco, si bien se reconoce el esfuerzo que se ha llevado sacar adelante el Plan, este se seguirá enfrentando a un contexto de implementación precario de raíz, porque la dirección de nuestro Estado claramente es la de mantener contextos mínimos de atención en salud para justificar con rapidez la continuidad de las actividades económicas en territorio de pueblos indígenas.

Por ello es necesario insistir en criticar y denunciar esta asimetría y precariedad estructural.  De hecho, si no hay cambios estructurales en términos del balance de poder entre los derechos elementales de los pueblos indígenas (o amazónicos en general tanto de ciudad como rurales)  y los corporativos (solo hay que dar una mirada a la desigualdad de fondos invertidos para rescatar a las empresas y lo que le toca a las regiones en términos inversión en salud para pueblos indígenas)…  Si no hay una participación concreta de estos pueblos en los espacios de toma de decisión a múltiples niveles (dejada de lado en el Plan de Interveción) , pensados y legitimados en leyes y normas… Si no hay una intervención inmediata para mejorar la burocracia de la cobertura de salud al interior de las cuencas amazónicas… Si no hay un respeto concreto por las autonomías y alternativas de vida territoriales… entonces el gesto “de urgencia” emitido tardíamente, a la larga, lo sabemos, será nuevamente carapa, insostenible.

No decimos algo novedoso, para nada. La revisión que hemos hecho de cientos de cartas y pronunciamientos, nos dice que ya no da para más repetir el plato. En ese sentido, nos apena un poco seguir en esta reflexión después de tanto tiempo, viendo el cambio de careta de un Estado que empezó pesimista, se volvió indolente, negligente, y después de un cacheteo social desde los pueblos, respondió de manera mínima y e insuficiente a pesar de los esfuerzos.

Este artículo, motivado tras la elaboración del Repositorio de COVID19 y pueblos indígenas, en realidad está hecho para reactivar en otros términos la memoria y ayudar a quienes la recolectan. Siempre es importante recuperar la memoria, no olvidar el daño y mantener el deseo de justicia y también fortalecer en el recuerdo nuestra historia de lucha, para poder encontrar fallas en lo que hicimos o en lo que hicieron el Estado y las empresas, para repensar rescatar del pasado aquello que puede alimentar la reinvención de acciones e identidad de nuestro futuro.

Como primer ejercicio de análisis a partir del Repositorio, planteo tres elementos que quedan objetivamente establecidos y que merecen profundizarse: 

• Si no es incapacidad, lo que hay es indolencia o negligencia de parte del Estado para responder oportunamente y con contenido de fondo a los pueblos indígenas con respecto a la problemática COVID-19. Al observar fechas de respuesta de las instituciones públicas tomando en cuenta la emisión de normativa específica para todos los pueblos indígenas amazónicos, vemos que la respuesta al sector hidro-energético para dar continuidad a su actividad  (sin tomar en cuenta pueblos indígenas) fue casi inmediata (19/03/20) en comparación al sector cultura (10/05/20) y salud (21/05/20), esta última dada después de más de un ciento de denuncias y pronunciamientos, a puertas del incremento del contagio. En el caso de hidrocaburos incluso el Estado se ha dado el lujo de cambiar protocolos nacionales (revisar las fecha 6/05/20 y 12/05/20), lo que seguramente será imposible cuando saque algo el Ministerio de Cultura para pueblos indígenas, si es que emite mal las normas.  Esta rapidez y flexibilidad diferenciada y desigual entre sector privado y pueblos indígenas, no hace más que comprobar que el racismo estructural y la asimetría de respuesta jurídica mantienen aún un colonialismo estructural violento. 

• La información comprueba que los pueblos tienen la capacidad de diseñar, proponer y establecer medidas de co-gobierno y de gobierno autónomo que debería ser reconocida jurídicamente y fortalecida institucionalmente. Esto es indiscutible después de ver la gran cantidad de propuesta de medidas e incluso las alternativas propuestas y ejecutadas en la práctica. Por ello es indignante que el Estado se autoficcione  y marketee (pretendiendo entrar a la OCDE) con capacidades para abordar con autosuficiencia la problemática del COVID-19 (u otras del pasado). El fracaso total del Estado se evidencia en las acciones erradas que ha tomado antes de sentarse con los pueblos, mientras casi un ciento de exigencias, denuncias y propuestas para actuar e intervenir eran publicadas. La evidencia mayor surge del contraste entre la capacidad de anticipación de los pueblos y las negligencias del Estado, de hecho, la reacción de la institucionalidad pública post-contagio y muerte, que consiste en llevar tarde el apoyo, busca acallar el fracaso escandaloso para prevenir y construir políticas sostenibles de apoyo y colaboración. Basta revisar las denuncias de muertes y contagio en Cantagallo: denuncia 7/05/20, reacción del sector 12/05/20. O en Ucayali: denuncia 14/05/20 (más de 40 muertos), reacción del sector 17/05/20. Emitir normas sin consolidar la participación indígena en espacios oficiales, sin presupuesto, es prueba de racismo estructural que no solo está instalado en un “sistema” (abstracto), sino en las autoridades que gobiernan el país. Por último, creemos que esto configura una situación donde la omisión del Estado y sus consecuencias deben ser consideradas como actuación realizadas a sabiendas. 

• Finalmente, una de las datas que muestra el repositorio y nos parece relevante evidenciar es la cantidad de denuncias emitidas por los pueblos advirtiendo contagio y muertes de los pueblos. En resumen, se han denunciado 1450 contagios y 104 muertes antes que se dicte el Plan de Intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y para centros poblados rurales de la amazonía peruana frente a la emergencia del COVID-19 (hoy 25/05/2019, la cifra suma 9145 contagios y 577 muertes). Por la debilidad de la data oficial (sometida además a las imprecisiones que origina el amplio margen de subregistros), hay que dejar claro que estas denuncias pueden incluir cierta superposición en el caso de las muertes en Ucayali, como también puede ser que las cifras reales sean considerablemente más altas. El repositorio de COVID19 y pueblos indígenas se publica como data provisional y en construcción, porque finalmente nos parece indignante, que el Estado, hasta la fecha, no construya el puente intercultural para generar un observatorio (con organizaciones nacionales, regionales y locales) que permita organizar la información que sale desde las organizaciones indígenas sobre muertes y contagio. Una información coordinada a ese nivel generaría una oportuna adecuada lectura y estrategia epidemiológica para la toma de decisiones durante las intervenciones y atención.  De hecho, si no se tiene una respuesta clara de cuántos pobladores indígenas están contagiados y cuántos están muriendo, entonces cómo podemos dar inicio a las fases de reactivación económica en territorios indígenas.  

En conclusión, creemos que la memoria de lo que va pasando y el reconocimiento de todos los pueblos indígenas en esta pandemia y en la lucha con un Estado indolente, debe seguir siendo registrada, para poder responder a una crisis instalada ya en los territorios y que requiere de organización social fortalecida ante tanta falencia estructural.