Relator de la ONU señala que en Perú hay impactos ambientales y sociales "devastadores" a causa de las actividades extractivas
13 mayo, 2014
Relator de la ONU durante su visita a territorios indígenas amazónicos en diciembre de 2013.
PUINAMUDT, 13/05/2014.- El Relator Especial de las Naciones Unidas James Anaya ha publicado el Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas en Perú, producto de su visita realizada en diciembre de 2013.
En el informe se señala que, como resultado de las actividades extractivas en Perú, se han generado «impactos sociales y ambientales devastadores para diversos pueblos indígenas del país, incluyendo pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial, y con pocos beneficios percibidos por estos pueblos».
Las condiciones de vida, los impactos y la pasiva actitud del Estado han ocasionado «un alto nivel de descontento y de desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado y el sector industrial extractivo»señala el Anaya refiriéndose a los pueblos de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón «. Según informa, esto ha dado como resultado «numerosos actos de protesta y enfrentamientos».
«A pesar de esas experiencias negativas, cabe notar que los pueblos indígenas en Perú no han expresado una posición de rechazo completo a las actividades extractivas, sino que han remarcado la necesidad de que sus derechos sean respetados».
Si bien el James Anaya reconoce que el Estado peruano ha asumido medidas para afrontar el problemas, el documento insiste en que “se requieren mayores esfuerzos para asegurar que las actividades extractivas se lleven a cabo de forma compatible con los derechos de los pueblos indígenas y por medio de un esfuerzo coordinado y comprensivo para atender las preocupaciones de los pueblos indígenas y la paz social.”
Recomendaciones
En su recomendaciones, el Anaya se detiene se detiene en señalar que: «Los pueblos indígenas deberían poder oponerse o denegar su consentimiento a los proyectos extractivos sin ningún tipo de represalias o actos de violencia, o de presiones indebidas para que acepten o entablen consultas sobre los proyectos extractivo».
También agrega otros aspectos como el impulso, desde el Estado, de una «revisión del marco regulatorio relativo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de industrias extractivas»; asegurar «la remediación ambiental y facilitar compensaciones que demandan las comunidades indígenas por el uso o pérdida de sus tierras tradicionales» o a «la participación en los beneficios derivados de las industrias extractivas».
Las exigencias indígenas son «justas»
El mes de diciembre, el Relator de realizó un viaje de observación a zonas contaminadas por la actividad petrolera, en el Lote 1AB. El informe señala que Anaya «pudo observar la presencia de petróleo alrededor de las lagunas de Shanshococha, Ushpayacu y Pampaliyacu, así como cementerios de chatarra». En aquella oportunidad, el Relator señaló que las exigencias indígenas eran «justas y conducentes» hacia un adecuado procesos de consulta en el Lote 1AB.
Descarga en el siguiente link el Informe del Relator