Pueblos kukama y urarina del Marañón, Chambira y Patoyacu establecen agenda de lucha en común frente al petróleo
PUINAMUDT 5/5/19.- Durante un encuentro realizado por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) el 30 y 31 de marzo en la comunidad San Gabriel, representantes de diversas comunidades kukama y urarina se reunieron para construir una agenda articulada de lucha de derechos frente a la desidia estatal y a las amenazas que representan el oleoducto nor-peruano y el lote 8 (operado por Pluspetrol Norte).
Durante la reunión, los y las representantes de las comunidades San Gabriel, San Pedro, Saramuro, Nuevo Lima y Santa Teresa, de la cuenca del Marañón; así como de Nueva Alianza y Nueva Reforma, de la cuenca del Chambira; y de La Petrolera, de la cuenca del Patoyacu, discutieron sus problemáticas particulares en torno a las afectaciones que les genera la actividad petrolera, así como las irregularidades del funcionamiento de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Respecto a este último punto, acordaron enviar una carta a la Ministra Paola Bustamante con las observaciones al programa JUNTOS, Pensión 65 y Qaliwarma donde listan los problemas que presentan, en su mayoría por la falta de un enfoque intercultural, así como propuestas para la mejora de los mismos.
A su vez, se firmó un pronunciamiento en el que se exige a la Presidencia del Consejo de Ministros cumplir el compromiso de realizar la reunión multisectorial con las federaciones indígenas de la plataforma de Pueblos Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), programada para fines de marzo pero que tuvo que ser suspendida debido a los cambios en el gabinete ministerial.
Las principales exigencias de las comunidades del Marañón, Chambira y Patoyacu se refieren a los derechos a la salud, agua y ambiente sanos. En cuanto a salud, se exige al Estado, y más concretamente al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), a cargo del Ministerio de Salud, la entrega del informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre Niveles y Factores de Riesgo de Exposición a Metales Pesados e Hidrocarburos en las Cuatro Cuencas. En efecto, el año 2018, se hizo entrega a las federaciones los resultados preliminares de dicho Estudio, que surge como para de los compromisos asumidos en el Acta de Lima de 10 de marzo de 2015, así como se hizo entrega de los resultados a las familias que participaron del muestreo en comunidades. El CENSOPAS se comprometió entonces a entregar el informe final, donde se dé cuenta también de los factores de exposición a hidrocarburos y metales pesados, en el mes de agosto. Sin embargo, el Estudio fue observado por el mismo Ministerio de Salud y hasta hoy NO hay un informe oficial.
En cuanto a agua sana, existe la preocupación general de que el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua instaladas en las comunidades, y que forman parte de otro de los compromisos firmados en el acta de Lima del 10 de marzo de 2015, pasen a estar a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, y dejen de estar a cargo de la empresa INCLAM, empresa que diseñó, implementó y dio mantenimiento a las plantas. La preocupación se debe, según manifiestan los representantes, a que el contrato entre el Estado y la empresa ya venció y no sienten que el PNSR tenga la capacidad técnica para hacerse cargo de las plantas.
El tema de seguridad ambiental es uno de los puntos que más preocupa a las comunidades, en especial a aquellas del Chambira y Patoyacu, sobre cuyos territorios se encuentra el Lote 8, operado por Pluspetrol Norte, una empresa de cuestionables prácticas ambientales cuyos crímenes sociales y ambientales han sido documentados en el informe “El Daño no se Olvida: Impactos socioambientales en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía norperuana afectados por las operaciones de Pluspetrol”. En este sentido, los dirigentes exigen al Estado que esté no sólo vigilante sino que garantice que la empresa Pluspetrol cumpla su obligación de elaborar un Plan de Abandono del Lote 8, que contemple la remediación integral de los sitios impactados y contaminados; ello, para evitar escenarios como los del Lote 1AB (hoy Lote 192), donde dicha empresa operó hasta el 2015, y cuyos sitios contaminados e impactados siguen sin remediar debido a que la empresa no asume su responsabilidad. También hacen referencia al proceso de elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) para el Lote 8, que está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuya finalidad es dar los lineamientos para una remediación adecuada. En dicho sentido, exigen que el Estado garantice la participación de la federación ACODECOSPAT en todas las etapas.
Finalmente, exponen la necesidad de que el Primer Ministro Salvador del Solar esté presente en la reunión multisectorial a realizarse en la comunidad achuar San Cristobal, ya que para ellos es necesario tener un interlocutor de alto nivel de decisión, y existe el compromiso desde PCM, expresado en la reunión realizada en setiembre de 2018 en San Pedro de Tipishca 2da. Zona, de la presencia del premier en las siguientes reuniones.