INJUSTICIA SOBRE INJUSTICIA, LA CONTAMINACIÓN SEGUIRÁ
Por Mario Zúñiga y equipo técnico ambiental PUINAMUDT
Nuestra institucionalidad estatal está hecha para tratar con plumas a empresas operadoras públicas y privadas que incumplen y demoran procesos complejos de remediación ambiental en zonas severamente impactadas. Semejante lenidad normativa y burocrática traslada todos los pasivos al ecosistema. La carga de soportar la injustica ambiental va sobre los hombros de toda forma de vida y existencia.
El reciente desastre suscitado por el derrame de petróleo en Ventanilla ha permito sacar a la luz el nivel de injusticia que el Estado peruano perpetúa, beneficiando solo a las empresas extractivas y a sus socios.
En este artículo nos concentraremos en tres grandes injusticias. La primera, la injusticia material, la cual pone en evidencia las desventajas asimétricas que sufren grupos mayoritarios que carecen de condiciones materiales en comparación con grupos minoritarios de poder adquisitivo. En este caso, es evidente que pescadores del mar y pescadores de la Amazonía, sufren de injusticia ante las ventajas institucionales y económicas que tienen las empresas extractivas. Sobran estudios donde se observan las ventajas corporativas en los procesos administrativos, judiciales o fiscales, ventajas que no solo se basan en corrupción o en poder económico fáctico, sino que además está legitimado por la institucionalidad oficial al dar desmedidamente todas las condiciones de explotación y operación a la inversión privada, inclinando la balanza hacia la protección de sus intereses privados y millonarios en desmedro de los derechos a la vida, la salud digna de las personas y los derechos al territorio.
La injusticia se hace mucho más grave cuando la evidencia nos muestra que lo de Ventanilla no solo no es un hecho aislado y único: hay más de 1002 derrames reconocidos por el estado en costa y selva en los últimos 30 años (León y Zúñiga, 2022); sino que el modo deficiente de atención y la demora para poner en marcha la remediación ambiental, es un hecho histórico, con lo que tenemos entonces una injusticia material que se hace estructural. Prueba de ello lo tenemos en un dato sencillo oficial. Si bien MINAM ha reconocido que un derrame tiene 140 ha., los estudios impulsados por organizaciones indígenas amazónicas (revisar Observatorio Petrolero Norte) junto con OEFA, mediante una ley especial para una zona de crisis en selva, demuestran que existen zonas en dos comunidades nativas que suman más de 500 ha. de contaminación histórica, que no solo involucra petróleo sino metales pesados y son un riesgo evidente para el medio ambiente, pero, sobre todo, para la vida. Sumadas las investigaciones que se hicieron dan un total de 800 ha. aproximadamente, que se conocen desde hace 2 años; y con todo esto aún no se atienden y remedian.
Consolidado de hectáreas en sitios impactados priorizados y derrames de petróleo registrados[1]
| N° | sitios impactados | Ha. |
| 1 | 50 sitios | 605.07 |
| 2 | 32 sitios | 26.733 |
| 3 | 12 sitios | 176.791 |
| Total | 94 sitios | 808.6 |
Esta demora que se podría entender desde la academia (Auyero y Swistun, 2007) como la imposición de sufrimiento ambiental es un hecho al que se enfrentará Ventanilla, así intervengan expertos y/o tengamos buenas intenciones de por medio.
Finalmente, queremos cerrar con una injusticia que poco se toma en cuenta, pero se protesta contra ella, es la situación de injusticia hermenéutica (Fricke, 2017), esta nos coloca ante otro hecho, los grupos en desventaja, no solo sufren la injusticia material concreta y estructural, sino que además se perpetúa en el Estado, sobre todo la idea de que estos grupos no tienen capacidad de generar sentido social a su problemática. De ese modo, los grupos están en desventaja para poder explicar, interpretar, proponer soluciones o protestar por el daño que sufren de manera violenta en sus entornos de vida. El siguiente paso que consolida esto, es la acción del Estado convirtiéndose en un Estado tutelar, decidiendo por los grupos afectados sus soluciones y no solo eso, sino que luego acalla su malestar histórico, estructural, por medio de la producción de imagen de pobladores sin capacidad técnica, interesados solo en obtener dinero o puestos de trabajo y cuya estrategia de enfrentamiento ante la desatención del Estado, se interpretada como el comportamiento común de delincuentes (algunos académicos han caído en esto también, apoyando este discurso) que quieren asaltar a un Estado que paradójicamente los borra cuando hay desastres.
Lo que mencionamos de hecho ya es conocido, organizaciones de sociedad civil se han pronunciado para exigir intervenciones inmediatas, pero también cambios estructurales.
Es necesario que se asuma que esta administración estatal no puede continuar reproduciendo estas tres injusticias, debe trabajar con las pescadoras y los pescadores de Costa y Selva, debe reformular con estos grupos sociales el modo de cómo proteger sus territorios y; sobre todo, equilibrar la balanza para transformar esta realidad en la que el Estado administra injusticia sobre injusticia, manteniendo los efectos perversos de la contaminación ambiental.
[1] Consolidado elaborado por Aymara León
Bibliografía
Auyero J. y Swistun D. (2007) Expuestos y confundidos. Un relato etnográfico sobre sufrimiento ambiental. En Revista de Ciencias Sociales. Num. 28, Quito, enero 2007, pp. 137-152.
Fricker M (2017) Injusticia Epistémica. España, Herder.
León A y Zúñiga M (2022) Las sombras de los Hidrocarburos. OXFAM, CNDDHH, Lima.
Lista de sitios impactados priorizado por FONAM
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