Pluspetrol continúa criminalizando a líderes indígenas por la defensa de sus derechos

Denuncia de Pluspetrol lograría sentencia de hasta 5 años a líderes achuares por movilizaciones del 2015 donde se exigía el reconocimiento de territorios ancestrales y el derecho a servidumbres de uso.

PUINAMUDT 27/11/2021.- El 26 de enero de 2015, Pluspetrol denunció a líderes achuares de la comunidad de Pampa Hermosa ante la Fiscalía de Nauta (Loreto) en el marco de la paralización de la base petrolera de Jibarito en el lote 192, ex 1AB. La movilización de la comunidad respondía al derecho del reconocimiento de su territorio ancestral y el pago de compensación por el uso de tierras.   

Para ese entonces el grado de conflictividad en la zona era sumamente alto porque se acercaba el final del contrato de Pluspetrol para operar el lote. La empresa ya cargaba con una serie de delitos ambientales, evasiones fiscales y violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las advertencias de la tensión latente estaban dadas. Desde mediados del 2014 la comunidad de Pampa Hermosa venía exigiendo respuesta a sus demandas, pero Pluspetrol las ignoró y como consecuencia, la comunidad decidió movilizarse hacia el Km. 48 de la carretera del lote.

Reunión informativa en medio del bloqueo del Km 48

A los pocos días del inicio de la movilización, la comunidad se enteró de un derrame de petróleo cerca de donde se habían asentado. La extensión del impacto alcanzaba casi 1500 metros cuadrados y el petróleo conseguía cubrir 25 centímetros de la fuente de agua. A la par, la comunidad Nueva Jerusalén también se movilizó a la atura del Km 34 en la base de Dorissa a causa de otro derrame de petróleo en su territorio. A pesar de que la movilización achuar se legitimaba por un malestar generalizado que incluía niños, ancianos, mujeres y varones, fue recibido por la empresa como un acto hostil denunciando injustificadamente a los líderes de la comunidad.

Al día de hoy los líderes achuares se encuentran afrontando un proceso penal con acusación donde la Fiscalía de Nauta viene solicitando una pena de 5 años de libertad efectiva por el supuesto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio de Pluspetrol y el Estado peruano.

Monitor ambiental registrando el derrame ocurrido en paralelo a la movilización

Pluspetrol es la empresa con más sanciones por delitos ambientales en el país y viene evadiendo sus responsabilidades por el daño a los territorios y las comunidades donde se superpone el lote 192 y 8. Además, no es la primera vez que Pluspetrol hostiga a los lideres indígenas de esta forma. La criminalización de la protesta ha sido y es una estrategia sistemática de su actuar para amedrentar a las comunidades y disuadirlas de movilizarse. En el 2008 se procesaron a líderes quechuas y kichwas, los cuales fueron absueltos en la Corte Superior de Loreto 4 años después. Lamentablemente, estas prácticas no son exclusivas de Pluspetrol, pues Frontera Energy, la empresa que operó el lote 192 del 2015 al 2020, también ha recurrido a ellas con la misma perversidad.  

El gobierno de Pedro Castillo que pretende extender la explotación petrolera en la zona por 30 años más debe interceder de inmediato para proteger el derecho a la protesta de los pueblos indígenas que, al fin y al cabo, se ejerce dramáticamente como consecuencia de la deuda histórica que tiene el Estado peruano para con ellos.