Muchos impactos, pocos recursos: indolencia estatal y privada en el proceso de remediación ambiental de las Cuatro Cuencas
Katya Canales Nalvarte, Diego Pérez Ojeda del Arco (PUINAMUDT)
Van más de 50 años de exploración y explotación petrolera en el corazón de la Amazonía peruana. Frente a ello, los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas organizados en las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT vienen denunciando la impunidad empresarial y la desidia estatal frente a la contaminación petrolera en sus territorios. Ante la negativa de las empresas en asumir su responsabilidad en la remediación de los sitios impactados dejados durante sus operaciones, los pueblos lograron, en diálogo con el Estado, trazar una ruta para llevar a cabo procesos de remediación ambiental, sin depender de la “buena voluntad” de las empresas. Con el “Acta de Lima” (2015), el Estado finalmente asume dicha obligación con la promulgación, ese mismo año, de la Ley n°30321 que contempla la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental. El reglamento de la mencionada ley finalmente es aprobado en diciembre del 2016, contribuyendo así a superar el vacío técnico-administrativo que las empresas petroleras aprovechaban para no cumplir con sus obligaciones[1]. Pero si bien esta ley compromete al Estado a asumir la remediación los sitios impactados no reconocidos por las empresas, ello no impide las acciones legales del Estado contra las empresas responsables de manera simultánea.
Con los primeros 50 millones de soles asignado como fondo semilla, se dio inicio al proceso priorizando los sitios impactados más críticos de las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes[2]. Del 2015 al 2020 el fondo fue administrado por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), quien a su vez asumió la secretaría técnica de la Junta de Administración, compuesta por representantes de diversos ministerios, entre ellos el ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), y federaciones indígenas. Durante este periodo se realizaron las licitaciones correspondientes para que empresas especializadas puedan elaborar los Planes de Rehabilitación (PRs) de los primeros 32 sitios priorizados[3].
A inicios del 2020, y hasta la fecha, la administración del Fondo de Contingencia y la secretaría técnica de la Junta de Administración pasa a ser responsabilidad del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (PROFONANPE).
Han transcurrido más de 2 años para que el PROFONANPE solo haya conseguido que el MINEM apruebe 15 Planes de Rehabilitación (12 del Corrientes, 1 del Pastaza y 2 del Tigre). A fines del 2022 las comunidades del Pastaza se dieron con la sorpresa de la desaprobación, por parte del MINEM, de uno de ellos, el 101, lo que viene siendo objetado por las federaciones puesto que podría marcar un precedente nefasto para la aprobación de los demás con aún con observaciones pendientes. Además, cabe mencionar que hasta la fecha ninguno ha iniciado la Ingeniería de Detalle, la etapa previa a la aplicación de la técnica de remediación en el territorio.
Muchos impactos y pocos recursos
El 03 de octubre del 2022, tras insistencia de las federaciones de las Cuatro Cuencas, el MINEM aprueba la transferencia financiera de 12 millones de soles a favor de PROFONANPE para que éste dé cumplimiento a la ley. Lejos de ser una buena noticia, lo real es que año tras año, los recursos financieros disminuyen drásticamente hasta llegar a la “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023” [4], publicada el 06 de diciembre del 2022, en la cual no se asigna ningún presupuesto para la remediación ambiental de hidrocarburos.
En la actualidad el fondo cuenta con alrededor de 420 millones de soles, monto insuficiente para la remediación de los primeros 32 sitios impactados priorizados del lote 192 (ex 1AB), cuyo costo aproximado es más de 680 millones de soles[5]. A su vez, solo estos 32 sitios suman un área afectada de 26,73 ha, lo que equivaldría a más de 5 estadios nacionales.
Existen otros 12 sitios priorizados de la cuenca del Marañón aprobados por la Junta de Administración del fondo durante el año 2019 cuyas áreas impactadas suman 176,71 ha, es decir más de 35 estadios nacionales de contaminación. Estos 12 sitios tienen asegurados los fondos para la elaboración de sus respectivos PRs gracias a los recursos del fondo semilla. Sin embargo, estos no podrían cubrir la realización de la remediación ambiental propiamente dicha.
Por su parte, preocupa la actuación de PROFONANPE, pese a reemplazar a FONAM en la administración del fondo bajo la premisa de ser especialista en captación de recursos financieros, hasta la fecha no solo no adiciona nuevos recursos sino que no representa un ente especializado dirimente en controversias técnicas. Por su parte el MINEM, a través de la Dirección de Gestión de Asuntos Ambientales en Hidrocarburos (DGAAH), coloca trabas a la aprobación de los distintos PRs. La entidad ha basado su demora en la evaluación de 4 años que lleva a su cargo, en el no levantamiento de ingentes observaciones de forma y otras observaciones de fondo habiendo excedido ampliamente las temporalidades según normativa, como el exigir la demostración de la tecnología a aplicar en la remediación ambiental pese a que al inicio del proceso el área técnica de las federaciones y el propio FONAM lo exigieron como requisito, a través de planes pilotos. No obstante, el propio MINEM lo desestimó en su momento para volver al mismo punto 4 años después. No bastando este revés para la remediación, el mismo organismo ha justificado la inexistencia de recursos asignados al fondo para el 2023 por la pobre ejecución presupuestal del mismo, cuando es la misma entidad la responsable en ralentizar el levantamiento de observaciones a los PRs. No solo dilata el proceso sino que propicia la conflictividad social y mina la confianza en las instituciones del Estado, específicamente, en la administración del Fondo.
Larga lista de espera, justicia que no llega
El 18 de febrero del 2020 la Junta de administración aprobó la priorización de otros 50 sitios impactados de las cuencas del Pastaza (17), Corrientes (23), Tigre (6) y Marañón (4), cuyas áreas impactadas suman 605.09 ha, más de 120 estadios nacionales. Finalmente, el 21 de agosto del 2022 la Junta aprueba la priorización de otros 52 sitios impactados de las cuencas del Pastaza (33), Corrientes (12) y Tigre (7), cuya sumatoria de área total es de 66.1 ha impactadas.
Estos últimos 102 sitios impactados priorizados no cuentan con presupuesto para la elaboración de sus respectivos PRs (etapa previa) y tampoco para los procesos de remediación ambiental.
Fuera de los sitios impactados mencionados, existen entre el Lote 192 y el Lote 8 más de 3000 sitios aún sin priorizar (afectados por derrames de petróleo, aguas de producción, residuos sólidos en los componentes ambientales como suelos, agua, sedimentos y en el componente social). Para estos últimos no se avizora ningún tipo de atención técnica ni presupuestal, lo cual los deja en completo estado de abandono y con una remediación lejana e incierta[6] .
Los datos duros y objetivos demuestran que la
reducción del presupuesto para la remediación es producto de la incapacidad,
negligencia y/o inexperiencia del Estado y del ente privado encargado para
resolver los cuellos de botella generados por ellos mismos. Mientras, para los
pueblos indígenas y sus federaciones se hace cada día más urgente comenzar a
remediar sus territorios, cuyos graves riesgos a la salud y al ambiente son en
extremo serios. Por ello, la búsqueda por la justicia ambiental y el respeto
irrestricto de los derechos que los asisten como pueblos continuará hasta que
se haga realidad la remediación por la vienen luchando incansablemente.
[1]https://observatoriopetrolero.org/historia-alcances-y-limites-del-reglamento-del-fondo-de-remediacion-para-las-cuatro-cuencas-de-loreto/
[2] Este fondo semilla fue dividido en cuatro partes iguales de los cuales en los 32 primeros sitios se ha utilizado para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, es decir, los Planes de Rehabilitación, no así todavía para el caso de la cuenca del Marañón.
[3] Instancia creada por la Ley del Fondo integrada por 9 miembros entre los que se encuentran sectores del estado y federaciones indígenas en el cual de manera conjunta toman la decisiones sobre su manejo. La remediación ambiental comienza con la identificación de los sitios impactados por parte del OEFA y le sigue la priorización de los sitios impactados más críticos por parte de la Junta de Administración. Las empresas consultoras contratadas por el FONAN elaboraron los Planes de Rehabilitación (PR), a través de licitaciones públicas. Al ser aprobados por el MINEM, el proceso dicta una nueva licitación pública para que empresas especializadas elaboren la Ingeniería de Detalle (ID), y finalmente se defina la logística necesaria para la remediación ambiental de los sitios impactados.
[4]https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2023/PL_Presupuesto_SP_2023.pdf
[5] Zúñiga, M (2021). Avances y cuellos de botella para la remediación de impactos petroleros. Equidad, Lima.
[6] León, A. y Zúñiga, M., 2020. La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019