Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Los pueblos de la Amazonía norte rumbo al bicentenario ¿El Perú que imaginamos?

 

El desdén del empresariado de la industria de hidrocarburos hacia los pueblos indígenas amazónicos ha sido una constante a lo largo de los años desde que la producción petrolera inició en el país latinoamericano. Este desprecio es compartido por los gobiernos de turno y los aparatos estatales que, lejos de dar solución a los problemas de desigualdad que son nuestra herencia colonial, perpetúan formas de abuso y maltrato con niveles de bajeza dignos de un record Guinness.
Hace pocos días tres comunidades del pueblo quechua del Pastaza se movilizaron pacíficamente hacia las inmediaciones de la empresa petrolera Frontera para exigir la reposición del fluido eléctrico en sus comunidades, un “servicio” que la empresa Frontera Energy les “brinda” como parte de los convenios que sostiene con ellas y que había decidido cortar, de la noche a la mañana, debido a que, según arguyeron, la falta de producción por la paralización del lote hace que no se tengan recursos para poder cumplir con los convenios con las comunidades.

 “Creo que la empresa buscaba un conflicto, que nos haga molestar. No nos da la luz, la comunidad reclama y a raíz de eso ellos quieren informar que los indígenas han tomado para después mandar a los militares”, cuenta Adán Sánchez, monitor ambiental de la federación quechua FEDIQUEP, desde Nuevo Andoas. “Siempre Frontera engaña así a la prensa. Nosotros no hemos tomado el aeropuerto, hemos ido a las instalaciones, hemos hablado con la empresa y en la noche han repuesto”, finaliza.

Frontera Energy opera el lote 192 desde el 2015 mediante un contrato temporal de dos años que, debido a paralizaciones por “fuerza mayor” (es decir, debido a los “incidentes” por el mal estado del Oleoducto Norperuano), se ha visto extendido hasta por lo menos finales de este año. Frontera Energy heredó el lote de Pluspetrol, una compañía que abandonó el lote sin haberlo remediado, sirviéndose de procesos judiciales y administrativos contra el Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental (OEFA) para que, en efecto, sus informes respecto a sitios impactados y contaminados no sean tomados en cuenta y evadir, así, su responsabilidad. Según el Estudio Técnico Independiente (ETI) del ex Lote 1AB (hoy lote 192) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en todos los años de operación del lote, no se ha realizado ninguna remediación ambiental.

Como consecuencia, Frontera heredó, además de una infraestructura petrolera vetusta y en mal estado que en tres años de operaciones ha ocasionado 67 emergencias ambientales, el descontento social de tres pueblos indígenas, el quechua del Pastaza, el achuar del Corrientes y el kichwa del Tigre; pueblos que en casi 50 años solo han visto contaminación, abusos, vulneración de derechos y crímenes ambientales y sociales impunes en sus territorios.
En casi 50 años desde que el “progreso” llegara a este territorio en forma de pozos y ductos, no se ha implementado un sistema de electricidad permanente y sostenible que se condiga con las ganancias generadas por la producción del petróleo extraído de sus territorios. Esta desigualdad e injusticia es palpada por las comunidades y ellas se traducen en demandas básicas de atención a derechos. Las mismas comunidades, a través de sus federaciones, han propuesto soluciones que hoy trabajan en mesas multisectoriales con el Estado. Esto no ha sido gratuito. Muchas de las soluciones fueron en un momento exigencias planteadas a través de movilizaciones que culminaron en actas como las de Dorissa (2006), Lima, Teniente López y José Olaya (2015), y Andoas (2017). Sin embargo, a pesar de los logros y algunos avances de estas actas, aún quedan muchos pendientes.

 “Una cosa es hablar y otra es cumplir. Si el Estado se lava las manos y no atiende en educación, salud, ambiente, las comunidades no vamos a aceptar esas actitudes”, comenta Carlos Sandi, presidente de la federación achuar FECONACOR. “El Estado tiene la obligación de atender respecto al desarrollo, y nosotros tenemos la oportunidad de dialogar y plantear soluciones. Solo falta que nos escuchen y trabajen”, culmina.

Así como el fluido eléctrico deficiente, las comunidades del lote también carecen de servicios básicos como establecimientos de salud con niveles de resolución adecuados, ni acceso a una atención especializada que responda a los problemas de salud generados por la exposición constante a hidrocarburos y metales pesados. En 2018, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) asumió, mediante decretos ministeriales, la responsabilidad de recategorizar los puestos de salud de Nuevo Andoas, comunidad quechua del Pastaza, y Doce De Octubre, comunidad kichwa del Tigre, que son puntos estratégicos para la producción petrolera dentro del lote. Sin embargo, tras el cambio de dirección en el MINSA, y tras infructíferas reuniones sostenidas en Lima entre los presidentes de las federaciones indígenas y funcionarios del sector, incluido el Director de Salud Pública, hasta ahora no se tiene informe alguno sobre el avance en los expedientes técnicos para dichas recategorizaciones. Tampoco se ha podido conformar el Comité Participativo para la gestión del Plan de Salud Integral e Intercultural que, entre otras cosas, se encarga de la capacitación de agentes de salud en las comunidades, entrega de medicinas y atención por medio de brigadas. Como consecuencia de estas dilaciones del Estado, el puesto de salud de Doce De Octubre sigue funcionando dentro de un container de metal situado sobre un criadero de zancudos, y las entradas de las brigadas se siguen decidiendo sin la previa coordinación con las comunidades y organizaciones.

“Luego dicen que estamos bien atendidos. Si estaríamos bien atendidos ¿cómo tenemos esto?”, expresa Ermilda Tapuy, madre indígena de la federación kichwa OPIKAFPE, mientras muestra el sarpullido en sus brazos que ella atribuye al efecto de las aguas contaminadas. “Nos vamos allá, esa posta no vale, parece un gallinero. Ahí dice para ir a sanar, ¿qué clase de medicina hay ahí? Puro Paracetamol nos dan”, señala.

Otro pendiente importante para las comunidades es el desarrollo de los proyectos de sistema de agua potable permanente a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda (PNSR). Tras las emergencias ambientales declaradas entre 2013 y 2014 en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, y luego de que se constatara los altos niveles de salinidad, metales pesados e hidrocarburos de las aguas y los suelos, las federaciones indígenas lograron comprometer al Estado peruano a instalar plantas de agua provisionales en las comunidades, primero, y luego implementar sistemas permanentes.

 “Si el Estado no hubiera destruido, no estaríamos pidiendo agua. Pero el Estado permitió que contamine”, comenta Carlos Sandi durante una reunión sostenida con el director del PNSR en Lima. “Hay expectativa en nuestras comunidades por un sistema de agua permanente”, culmina.

Las plantas de agua provisionales han sido instaladas en casi todas las comunidades, pero hay incertidumbre en cuanto a su continuidad ya que el contrato de la empresa encargada de la instalación, mantenimiento y capacitación a personal de las comunidades, ha vencido y al parecer no será renovado. Asimismo, aún no hay certeza sobre el sistema de agua permanente a implementar. Las comunidades han rechazado el sistema de captación de agua de lluvia al considerarlo inadecuado y no ir en concordancia con sus prácticas culturales.

“Las comunidades han rechazado tajantemente el agua de lluvia. Volver a insistir en el tema sería una provocación. Nos preocupa que no escuchen nuestra voluntad”, explica el apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, federación kukama del río Marañón.

Durante la reunión multisectorial sostenida en la comunidad San Pablo de Tipishca Segunda Zona, en el Marañón, el primer ministro César Villanueva aseguró que los sistemas de agua de lluvia no serían implementados en las comunidades de las federaciones al ser inviables y poco adecuados para la Amazonía. Sin embargo, en la reunión sostenida entre los presidentes de las federaciones y el Director del PNSR en Lima, éste expresó que Villanueva hablaba con desconocimiento, y que las comunidades también. ¿Será que Vivienda insistirá con el agua de lluvia a pesar de no contar con la aprobación de las comunidades? No sería la primera vez que el Estado actúa de mala fe y sin la participación y consentimiento de la mayoría de comunidades.

En 2015, se realizó la primera Consulta Previa, Libre e Informada para hidrocarburos en la región de Loreto. El proceso no tiene precedentes en el Perú y el mundo, y no precisamente por su impecabilidad y legitimidad. Diversas irregularidades fueron documentadas y registradas durante el proceso, desde las firmas de falsos representantes de comunidades y la exclusión de comunidades enteras que se encuentran dentro del ámbito del lote, hasta mecanismos de coacción que el Estado aplicó para forzar la aceptación de condiciones ínfimas de beneficios a las comunidades.
Hoy un nuevo proceso de Consulta Previa se abre paso. Las comunidades han presentado al Ministerio de Energía y Minas una propuesta técnica de Plan de Consulta que contiene las condiciones bajo las cuales se debe realizar este nuevo proceso, para garantizar que sea adecuado y evitar las viejas trampas de siempre. El MEM se ha limitado a responder citando las normas del reglamento de la consulta sin señalar nada concreto sobre los aportes, demandas y propuestas de las federaciones, aduciendo que no es el momento de hacer propuestas (según el reglamento de la ley).

 “Mira cuanto tiempo nos vienen engañando. A ustedes le está paseando el Estado, me dicen mis apus”, cuenta Aurelio Chino, presidente de la federación quechua FEDIQUEP, tras enterarse de la respuesta del MEM. “Lo que nosotros estamos queriendo es que vayen ellos a informar en el territorio, que ellos mismos vayen a la comunidad. Por eso en nuestra propuesta está que todas las reuniones se den en el territorio.”

El vaso lleno frustraciones y vulneraciones de derechos acumulados por 48 años de actividad petrolera sin beneficios ha rebalsado hace mucho; y a pesar de eso, las federaciones y las comunidades siguen apostando por procesos de diálogo, mesas de trabajo, y procesos participativos como la Consulta Previa. Ven en ellos los únicos mecanismos para garantizar sus derechos y la remediación ambiental.
Frente a este contexto, resulta preocupante la polarización del debate sobre la industria de hidrocarburos en la Amazonía. La campaña de desinformación emprendida recientemente por el sector de hidrocarburos, con el apoyo de medios corporativos, tiene por objetivo dar la imagen de descontrol de la zona petrolera, desvirtuar la lucha indígena amazónica, y forzar al gobierno a poner “mano dura”.

Los gremios de trabajadores petroleros, al verse afectados por la paralización, en vez de cuestionar las modalidades laborales que permiten que las empresas se desentiendan de ellos y sus necesidades y los dejen sin trabajo durante largos periodos, están siendo voceros de una propuesta beligerante y reaccionaria que ve en la militarización de los territorios indígenas la única salida para la reactivación de la actividad de hidrocarburos. Esta propuesta va de la mano de las intenciones de la empresa Petroperú, futura operadora del Lote 192, de contratar los servicios de resguardo privados de la Policía Nacional del Perú, mediante un convenio firmado entre la empresa y el Ministerio del Interior, por un periodo de cuatro años.
Son este tipo de prácticas empresariales racistas, absurdas y obsoletas las que desgraciadamente hacen que el Perú, a tan pocos años de celebrar su bicentenario de independencia, lejos de despojarse de prácticas coloniales violentas, las reinvente y las legitime, en nombre del progreso, pero a costa de los derechos de seres humanos y una de las pocas fuentes de vida que le queda a la humanidad.