Las cegueras del petróleo: Proyectos normativos petroleros sin mirar el pasado y el futuro
Mario Zúñiga Lossio
Antropólogo de la UNMSM, PUINAMUDT
El 19 de mayo del 2023, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el dictamen que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento de desarrollo[1]. El dictamen permite que Petroperú, con ciertas condiciones, se haga de varios lotes petroleros de la costa y la selva cuyos contratos han concluido.
La discusión planteada en los antecedentes de la norma no involucra la situación de los pueblos indígenas, campesinos y pescadores afectados (solo opiniones dispersas de algunos individuos) y recibió el silencio cómplice del sector ambiental quien parece no tener capacidad técnica para evaluar la pertinencia ambiental de seguir profundizando la matriz energética de hidrocarburos en el Perú, y sobre todo, de mantener estas actividades en zonas altamente impactadas. Si la norma se aprueba en el Congreso ahora que pasa a Pleno, atentaría en primer lugar con el derecho a la consulta previa libre e informada de las poblaciones a quienes afectaría dicha norma.
Quienes sí se opusieron en este dictamen y de manera pública en estos días, por razones más económicas y de interés privado fueron los Clubes del Petróleo (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Sociedad Peruana de Hidrocarburos) que añoran una vida gobernada por petroleras extranjeras y un Estado que proteja su libertad de contaminar. Por otro lado, un sector de la sociedad civil, que sigue soñando con el petróleo como si este no tuviera consecuencias, avaló los proyectos sin ningún sentido crítico.
Pero en realidad, reflexionar sobre la importancia del petróleo para aprobar con urgencia esta norma o para entregarla a manos extranjeras, es como reflexionar sobre la pertinencia de medicinas vencidas a las que tenemos que ampliar los años de caducidad y otorgarles una nueva etiqueta. El problema es que este tipo de normas no son decididas en debates amplios, en donde se incluya la voz de actores directamente perjudicados, ni tampoco se sustentan con información técnica y social sobre los impactos reales de la actividad. En el dictamen aprobado no leeremos ninguna opinión de organizaciones indígenas representativas, tampoco investigaciones o cifras sobre impactos pasados y presentes en términos sociales, ambientales y sanitarios, como si no estuvieran implicados o no existieran en el balance de una norma que a todas luces afectará a pueblos indígenas, al ambiente y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
Este proyecto se suma a un cúmulo de proyectos de Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas, las cuales apuntan a impulsar nuevas operaciones petroleras y modificaciones express a diversas normativas constitucionales, leyes nacionales, normativas administrativas. Iniciativas legislativas con justificaciones técnicas sesgadas que van configurando una arquitectura legal excluyente, atentando contra derechos ambientales e indígenas avanzados durante los últimos años y sin resolver o mejorar el contexto socioambiental donde los lotes petroleros operaron, operan y operarán.
Priorizar el derecho a la Vida
En una gobernanza que respete el derecho a la vida y al medio ambiente, cualquier propuesta de norma o procedimiento consideraría lo avanzado internacional e incluso nacionalmente en materia de derechos de pueblos indígenas. En ese marco, el balance de costos y beneficios de las normas mínimamente consideraría como data relevante las responsabilidades que quedan pendientes en los lotes tanto para la empresa privada como para el Estado donde habrá nuevas operaciones. Observemos el cuadro a continuación:
El cuadro que vemos nos coloca ante dos grandes encrucijadas a tomarse en cuenta y en la que se debe priorizar el derecho a la vida: las responsabilidades no atendidas que se acumulan y la deuda ambiental impagable por los supuestos beneficios.
Responsabilidades no atendidas
Si continuamos, todos los lotes indicados que han concluido, o están por concluir pronto, deberían tener Planes de Abandono con cartas de fianza que permitan asegurar que se atenderán todos los daños existentes por derrames e impactos producidos por cada lote. Además, debemos tener claridad sobre los costos totales que implica la remediación de pasivos ambientales por lo menos de alto y medio riesgo que forman parte del pasado y presente de estas zonas. Estos aspectos son claves en tanto deberíamos tener seguridad que todas las empresas y el mismo Estado atenderán los seis mil sitios contaminados sobre los cuales la nueva operadora, en este caso Petroperú, va operar, porque al ocurrir nuevos impactos los antiguos daños van a profundizarse y las responsabilidades van a quedar difusas.
Al respecto hay que sumar lo que significa en términos sociales los efectos de estos derrames e impactos y cómo la población pescadora de la Costa e indígena de la Amazonía comprende necesario atender para que nuevas operaciones trabajen sobre sus territorios. La cuestión no es menor. La magnitud de impactos ha hecho que pescadores y comunidades indígenas vivan en una constante amenaza y riesgo a su salud y alimentación. No incluirlos en un análisis concreto de este tipo es vital para prevenir conflictos sociales y la acumulación de daños a la población.
De este modo, para no entrar en el futuro en un caos administrativo, ambiental, legal y financiero, todo proyecto de ley o política de promoción que entregue a Petroperú o a otras operadoras extranjeras nuevos o antiguos lotes debería evaluar y tener claro lo siguiente: los Estudios de Impacto Ambiental de los antiguos lotes, ¿están actualizados? ¿cuántos cronogramas de adecuación de ductos están funcionando y en qué estado están? ¿cuántos Planes de Abandono han sido aprobados y si estos abordan todas las responsabilidades pendientes según OEFA? ¿hay garantías de seriedad de cumplimiento que cubran los costos reales de la remediación? ¿hay voluntad empresarial para cumplir con sus obligaciones? ¿existen pueblos indígenas, campesinos y pescadores que deben ser consultados por estas nuevas normas que afectarán sus territorios?
La deuda ambiental
Finalmente, los costos de los impactos petroleros acumulados nos colocan ante una pregunta sencilla y objetiva: ¿los beneficios de las actividades podrán cubrir los costos que el Estado asuma para remediar los impactos petroleros si es que las empresas se resisten a hacerlo? En ningún análisis se ha podido realizar investigaciones sobre los costos que va a significar remediar más de 6 mil sitios contaminados y cómo todos los beneficios petroleros podrían aportar a su solución. Por dar un ejemplo, solo en el caso del ex Lote 1AB, hoy 192, donde la empresa Pluspetrol ha decidido no pagar el monto de los costos totales de su Plan de Abandono, nos indica que la remediación, con un costo de más de 5 mil millones de soles[2] duplica todo el canon petrolero entregado por ese lote, lo que significa que hay un déficit en cuanto a beneficios.
El asunto se pone más grave si no tenemos la seguridad de que el Estado pueda obligar a todas las empresas que asuman los costos de los impactos que han producido cuando sus operaciones concluyen. Igualmente, tampoco sabemos si el Estado ha calculado los costos de la remediación y cómo los abordará para no cruzar responsabilidades cuando opere de nuevo en los lotes viejos. Por lo tanto, estamos ante una paradoja terrible: conecta de manera objetiva, el pasado con el presente y sobre todo con el futuro, ya que los impactos no solo están durmiendo en un pasado lejano, sino que afectan ahora a las poblaciones y si no se tiene claro cómo poner límites, soluciones y controles a los pasivos, derrames y actividad petrolera en general, estas destruirán nuestro futuro.
Entonces, es posible que cuando los famosos padres y madres de la patria decidan cambiar leyes en el Congreso, por la ceguera del petróleo, dejen como herencia legal para las generaciones futuras una deuda ambiental inmensa que no hemos asegurado resolver o abordar. Ese será su legado, para sus hijos, nietos y para nuestros territorios.
[1] Dictamen recaído en los Proyectos Ley 1905/2021-CR, 2108/2021- CR, 4033/2022-CR y 4219/2022-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo y consolidación de la industria petrolera a fin de contribuir con la seguridad energética del país”. https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2022/Energia/files/09sesionextraordinaria/cem]_dictamen_pl1905-2108-4033-4219_v03.pdf
[2] Miseria del petróleo: Más de 5 mil millones de soles pagará el Estado peruano por la remediación del ex Lote 1AB. https://observatoriopetrolero.org/miseria-del-petroleo-mas-de-5-mil-millones-de-soles-pagara-el-estado-peruano-por-la-remediacion-del-ex-lote-1ab/