Crisis ambiental y social en 4 cuencas de la Amazonía

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuenca del río Tigre. Foto: FECONAT.


PUINAMUDT, 22/11/2014.- La actividad petrolera en Loreto, que inició 1971, ha generado graves daños ambientales y sociales en las comunidades nativas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Por años, y hasta el cansancio, los indígenas que habitan la zona han denunciado la crisis en sus territorios sin obtener respuestas del Estado. La incapacidad y desidia en la vigilancia ambiental del Estado generó una actividad petrolera irrestricta, vulneradora de derechos y, en muchos casos, impune. Además de ello, la histórica exclusión cometida contra los pueblos indígenas condenó a las comunidades no sólo a la invisibilidad y el olvido, sino además a exponer sus vidas a altos riesgos e incluso la muerte.
Luego de reiteradas exigencias y protestas de las federaciones FEDIQUEP, FECONAT, FECONACO y ACODECOSPAT[1], que establecieron un pacto de trabajo común contra las injusticias de la industria petrolera, a finales de 2012 el Estado hizo evaluaciones ambientales y sociales para determinar la situación de la zona. Cuatro instituciones públicas (OEFA, ANA, DIGESA, OSINGERMIN) lideradas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) identificaron altísimos niveles de contaminación por hidrocarburos, metales pesados y coliformes en lagunas, quebradas, suelos y otros puntos de los territorios de las comunidades.
Pero ¿Qué indican los informes ambientales? Entre otros, que las comunidades evaluadas no poseen agua apta para el consumo humano, que en el Pastaza hay más de 123 sitios contaminados por actividad petrolera, que el mismo río Tigre está contaminado como también lo está el Marañón y parte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, resguardo de una millonaria biodiversidad. La presencia de Hidrocarburos, Arsénico, Plomo, Cadmio y otros ya era innegable. La vieja denuncia de contaminación testimoniada por las comunidades, se volvió datos oficiales concretos. Insólito: En más de cuarenta años de actividad petrolera en los lotes 1AB y 8, esta era la primera evaluación ambiental que hacía el Estado. Si consideramos además los ínfimos niveles de servicios públicos como salud, educación y otros, la alarma evidente saltaba a simple vista.
Pero eso no es todo. Esto ocurre en territorio indígena, donde la alimentación y la salud de la gente dependen del buen estado de chacras, quebradas, ríos, lagos y animales. Lo que es un gran problema en el ambiente, es un grave cuadro de riesgo a la vida. En el área de impacto habitan más de 100 comunidades nativas, un total de población que llega más de 20 mil personas.
Este es el terrible escenario de los lotes petroleros 1AB y 8 (entre ambos representan más del 20% de la producción nacional) donde opera desde hace varios años la empresa argentina Pluspetrol Norte, (antes OXY, en el 1AB, y Petroperú en el 8). Hasta el momento Pluspetrol no cumple sus responsabilidades ambientales en ambos lotes. Actualmente, el contrato de concesión del lote 1AB está a pocos meses de vencer (agosto 2015); sin embargo, aún no hay responsables y plazos para realizar una correcta e integral remediación ambiental.
Según Petroperú, en ambos lotes, la producción de crudo por día alcanza más de 21 mil barriles (abril 2014); esto es más del 30% de la producción nacional, algo así como 2 millones de dólares por día. No obstante la millonaria ganancia, la zona y las comunidades están lejos de ser un ejemplo de desarrollo, salubridad, acceso a energía eléctrica o a otros servicios básicos.
Muestra de suelo de OEFA durante el diagnóstico ambiental realizado en setiembre. Casi petróleo puro.

Muestra de suelo de OEFA durante el diagnóstico ambiental realizado en setiembre. Casi petróleo puro.


Emergencias ambientales en vano
Las intenciones del Estado por solucionar el problema se reflejó en 4 declaratorias de Emergencia Ambiental del MINAM, entre 2013 y 2014, en las 4 cuencas. Pero estas medidas no fueron efectivas, pues no se implementaron adecuadamente, se perdieron en la burocracia y, peor aún, no existía la normativa necesaria para su correcta ejecución.
Pero en esta historia las cosas siempre pueden ir peor. Luego de 2 años de una Comisión Multisectorial, el Estado creó otra Comisión Multisectorial, esta vez para implementar medidas de solución (antes sólo recopiló información). Las federaciones aceptaron el nuevo espacio de diálogo (en funciones desde mayo 2014); sin embargo, a hoy no hay soluciones implementadas. Las acciones inmediatas que exigen las federaciones, el presupuesto necesario para ejecutar los planes y estudios a la salud de la población, la voluntad política que se reclama, no existen.
Las mesas de trabajo de la actual Comisión Multisectorial (RS 199-2014-PCM), dirigidas por 3 ministerios, no responden ejecutivamente ante el problema. O simplemente se niegan a aceptar o incluir las propuestas técnicas desde las federaciones. El 13/10/2014, los apus de las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT remitieron una carta al presidente del Perú, Ollanta Humala, exigiendo voluntad política, presupuesto, plazos y responsables: no hubo respuesta.
Apu de la comunidad Alianza Capahuari. Foto: FEDIQUEP, 2012.

Apu de la comunidad Alianza Capahuari. Foto: FEDIQUEP, 2012.


Las palabras de los apus
Comunidades sin títulos de propiedad, carencia de postas médicas, la próxima licitación de lote 192 (ex 1AB), un proceso de consulta previa en alto riesgo y más. Las federaciones han reiterado que no se oponen al llamado “desarrollo” o a la actividad petrolera; pero la experiencia les ha enseñado a no confiar en el Estado ni en las empresas petroleras: No les creen. Y a la luz de los hechos, el Estado tampoco hace mucho por revertir esta percepción y construir nuevas relaciones con estos pueblos indígenas históricamente excluidos, en donde la actividad petrolera no llevó riqueza, sino pobreza.
“Nosotros también queremos vivir así como quieren vivir ustedes, así como están sus hijos tomando agua limpia, queremos que nuestros hijos tomen agua limpia, queremos vivir” (29/4/2014), dijo Aurelio Chino, apu presidente de FEDIQUEP, en el Congreso de la República.
Emerson Sandi, presidente de la federación del Tigre, FECONAT, ha señalado a la prensa regional: “Han pasado tres años desde que se inició el proceso sin que se avance ni el uno por ciento, seguimos tomando agua contaminada”, “estamos totalmente decepcionados de las autoridades” (1/5/2014).
El apu de ACODECOSPAT, Alfonso López, dijo que están “preocupados y hasta mortificados por la lentitud con que el gobierno va actuando por la falta de voluntad política, solamente se han dictado medidas que no se implementan y tenemos muchas dudas” (2/5/2014).
Mientras las emergencias ambientales siguen suspendidas en el limbo, el Estado acaba de declarar en Emergencia Sanitaria las 4 cuencas. Sin duda es una medida importante; pero a estas alturas del proceso, los apus y las comunidades mantienen la desconfianza: ellos exigen lo elemental: “respeto” y “vida digna”.
Mientras, la actual Comisión Multisectorial no encuentra caminos claros para atender una de las crisis más grandes de la Amazonía peruana. Mientras, cada día sin solución es un día más de contaminación que afecta terriblemente la vida de las comunidades y la naturaleza en esos territorios. Los apus y las comunidades están cansados y molestos de tanta injusticia. Necesitan compromisos reales y medidas de urgencia, pronto. Las federaciones exigen de inmediato lo elemental (presupuesto, plazos y responsables para la atención integral), que se les respete y que el Estado al fin cumpla sus obligaciones como garante de la salud y la vida de estos pueblos.



[1] Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP; Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre – FECONAT; Federación de Comunidades Nativas del Corrientes – FECONACO; Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT.