Pluspetrol y el Estado peruano criminalizan y buscan encarcelar a indígenas kichwas defensores de derechos
El próximo 16 de marzo inicia el juicio a 18 indígenas kichwas defensores de derechos en Loreto con pedido de hasta 31 años de cárcel. Las imputaciones irregulares y abusivas por parte del Estado peruano y Pluspetrol representan estrategias claras de criminalización de la protesta indígena y violaciones directas al Convenio 169 de la OIT.
PUINAMUDT 14/03/2022.- Una injusta y abusiva denuncia ante la sede del Ministerio Público en Loreto de la ex operadora del Lote 192, Pluspetrol Norte, efectuada el año 2008 contra 18 indígenas kichwas defensores de derechos, deviene 14 años después en una acusación por parte de la 2ª Fiscalía Superior Penal de Loreto. La cita para iniciar el juicio es el próximo 16 de marzo.
Las acusaciones desproporcionadas del Ministerio Público señalan extorsión agravada, secuestro agravado, robo agravado y tenencia ilegal de armas y municiones. Para el caso, el Estado peruano solicita hasta 31 años de pena privativa de la libertad para los indígenas, quienes además deberían pagar una reparación civil de más de S/. 500 mil soles.
Las imputaciones no solo afectan los derechos fundamentales de los defensores de derechos de las comunidades, sino que afectan también al estado de derecho como tal, desconociendo el Convenio Nº 169 de la OIT suscrito por el Perú en protección de los pueblos indígenas.
| Cuadro resumen | ||
| Acusación | Pena | Reparación civil |
| Extorsión agravadas | 18 años y 4 meses | 500 mil soles |
| Robo agravado | 10 años | 10 mil soles |
| Secuestro agravado | 31 años y 8 meses | 10 mil soles a c/agraviado (2 |
| Tenencia ilegal de armas | 6 años | 1 mil soles c/procesado (8) |
Abuso policial y vulneración de derechos
Los hechos aludidos por la Fiscalía Superior Penal de Loreto se refieren a actos cometidos en 2008, cuando las comunidades kichwas de la cuenca del río Tigre, Doce de Octubre y San Juan de Bartra, se movilizaron legítimamente frente a los incumplimientos de convenios sociales suscritos con la empresa Pluspetrol así como otros aspectos de orden salarial.
Aquella vez, los comuneros fueron apresados por las fuerzas especiales de la policía – DIROES, luego fueron llevados en helicóptero hasta la base petrolera en Nuevo Andoas y detenidos de forma ilegal durante una semana, encerrados en un conteiner de la empresa Pluspetrol. De esta forma se vulneró la dignidad, integridad personal, psicológica y el derecho de defensa de los detenidos. “En Andoas nos han hecho declarar los policías, sin nada de comunicación, sin abogados, nos han golpeado y nos han dicho: así tienes que declarar», indica Ricardo Canelos, uno de los implicados en el proceso. “En Andoas han hecho lo que han querido, allí mismo nos han embarrado”, agregó.
“Es mucha injusticia aquí en el Perú, se abusa de los indígenas, se aprovechan de los indígenas porque uno no conoce sus derechos, nos atropellan, nos maltratan”, señala Venancio Sandi, otro de los implicados.
Los testimonios de los procesados indican que posteriormente fueron trasladados desde Nuevo Andoas, vía aérea, hasta Nauta, nuevamente detenidos por varios días para iniciar las gestiones fiscales. Si bien luego de eso algunos comuneros regresaron a sus comunidades, 4 indígenas kichwas fueron injustamente tomados prisioneros y llevados al Penal de Huayabamba en Iquitos.
Venancio Sandi, Ricardo Canelos, Emerson Sandi Rodríguez y Leonardo Reyez Ushihua, fueron apresados y sometidos a más de 12 meses de reclusión sin contar con una efectiva defensa legal. Dichos atropellos representa una grave violación del artículo 10º del Convenio 169 de la OIT.
“No era justo. Creo que era el secretario del Fiscal que en la cárcel nos llevaban un grueso de hojas, nos decía que debíamos firmar, yo no sabía ni leer esos documentos”, recuerda Canelos.
“Nosotros solamente reclamábamos derechos por la explotación petrolera que se hace sin cuidar el ambiente, destruyendo nuestro hábitat natural, sin valorar a los que vivimos en ese lugar. Hemos tenido que empezar a asesorarnos para que el Estado recién nos responda por los daños y ahora nos responden así, de mala fe, enjuiciándonos”, vuelve a reflexionar Venancio Sandi.
Además de todo ello, en el actual proceso se está volviendo a criminalizar a 3 indígenas quechuas del Pastaza, los cuales ya fueron absueltos de todo cargo en el año 2011 tras pasar cárcel y varios meses de injusto proceso judicial en el recordado «Caso Andoas».
El «Caso Andoas» fue un proceso que se abrió también en 2008 contra 27 indígenas quechuas y achuares del Pastaza, a quienes Pluspetrol criminalizó acusándoles de homicidio calificado, robo agravado, entre otras imputaciones. Pero en el 2009 los comuneros fueron absueltos de todo cargo por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto y luego, en 2011, ese dictamen fue ratificado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
