Entrevista: "Que el Estado nos diga la verdad, sea responsable y respete los derechos de los pueblos indígenas"
22 mayo, 2014
Alfonso López, durante asamblea en febrero de 2014.
Noticias SER, 21/05/2014.- Entrevista a Alfonso López, presidente de la Asociación de Comunidades de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).
El pasado 6 de mayo, un decreto supremo del ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria las localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pertenecientes al departamento de Loreto, por un plazo de 180 días hábiles. La medida, a juicio de los pobladores de la zona, no enfrenta el problema del grado de contaminación en que se encuentran las aguas de esos ríos y que incluye la presencia d e metales pesados en ellas, afectando gravemente la salud de las comunidades que las consumen. Ante esto, la Asociación de Comunidades de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que agrupa a las comunidades indígenas de la zona, emitió un comunicado el día 16 cuestionando el decreto supremo. Al día siguiente, el Ministerio el Ambiente emitió otro decreto declarando en “emergencia ambiental” la cuenca del marañón. La medida también fue cuestionada por los afectados. Para conocer las razones de este rechazo a ambas medidas, Noticias SER conversó con Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, para conocer su opinión.
El gobierno ha declarado una emergencia sanitaria para las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pero ustedes han rechazado la medida ¿Por qué?
La emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de más o menos 60 millones de soles para implementar módulos que entreguen agua apta para el consumo humano. Eso está bien, pero en el Marañón no se trata solo de dar agua apta para la gente. No es solo una cuestión de coliformes fecales y totales. La contaminación, como la están mirando, son coliformes totales y fecales y para eso van a purificar el agua mediante procedimientos sumamente fáciles con cloro. Con eso el Estado cree que ya solucionó el problema del agua. Pero el tema es mucho más delicado.
¿Cuál es el problema de fondo, entonces?
Que el agua de los ríos está contaminada con metales pesados. Nosotros pensamos que esta emergencia sanitaria no va a permitir otros estudios toxicológicos y epidemiológicos que nos demuestren cómo está lo que comemos (los peces del río), y cómo está nuestra salud. Si no es así, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de estos elementos que nos están afectando. No solo se trata del agua para consumo que está contaminada con caca, sino que nuestro río está contaminado con metales pesados. Nuestros peces tienen en sus cuerpos metales pesados 100 veces por encima de los límites permitidos. Esto ya se dijo en el año 2012. Pero ahora el Estado no lo quiere reconocer y tampoco quiere ver este asunto.
El Ministerio del Ambiente acaba de declarar en “emergencia ambiental” la cuenca del Marañón. ¿Sigue creyendo que el Estado les oculta la situación verdadera del agua del río?
Por supuesto. La declaratoria de emergencia ambiental es una herramienta un poco más fuerte cuando se declara en riesgo la salud de la gente por actividades hidrocarburíferas, pero si miramos con detenimiento, al igual que la declaratoria sanitaria, sólo está orientada a 17 comunidades de la cuenca del Marañón. Nosotros queremos decirle al Estado que somos más de 100 comunidades. En ese espacio donde se hizo el monitoreo, en el momento en que las comunidades los hemos recibido nos dijeron que no había reactivos ni equipos y que querían focalizar el monitoreo en lugares estratégicos. Entendimos que en esos lugares estratégicos, que eran la zona alta, media y baja de nuestro río, estarían consideradas las demás comunidades. No ha sido así. Hay la necesidad de que el Estado vuelva a hacer otros análisis en nuestra cuenca en nuestras comunidades donde no se hizo. De ese modo, vamos a poder implementar acciones integrales para buscar la solución a ese gran problema.
¿Esto que usted plantea, piensan llevarlo a la Comisión de Desarrollo multisectorial de las cuencas que impulsa la PCM?
Por supuesto. La comisión multisectorial es otra instancia, es el otro espacio donde podremos dialogar con el Estado para esbozar algunas salidas.
¿Qué es lo que le piden específicamente al gobierno?
Lo que necesitamos es que el Estado nos muestre la real situación en la que se encuentra el río Marañón. Queremos que el Estado nos diga la verdad alguna vez, que sea responsable y que respete los derechos que tenemos los pueblos indígenas a saber de una vez la verdad de la situación en la que nos encontramos.
El pasado 6 de mayo, un decreto supremo del ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria las localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pertenecientes al departamento de Loreto, por un plazo de 180 días hábiles. La medida, a juicio de los pobladores de la zona, no enfrenta el problema del grado de contaminación en que se encuentran las aguas de esos ríos y que incluye la presencia d e metales pesados en ellas, afectando gravemente la salud de las comunidades que las consumen. Ante esto, la Asociación de Comunidades de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que agrupa a las comunidades indígenas de la zona, emitió un comunicado el día 16 cuestionando el decreto supremo. Al día siguiente, el Ministerio el Ambiente emitió otro decreto declarando en “emergencia ambiental” la cuenca del marañón. La medida también fue cuestionada por los afectados. Para conocer las razones de este rechazo a ambas medidas, Noticias SER conversó con Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, para conocer su opinión.
El gobierno ha declarado una emergencia sanitaria para las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pero ustedes han rechazado la medida ¿Por qué?
La emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de más o menos 60 millones de soles para implementar módulos que entreguen agua apta para el consumo humano. Eso está bien, pero en el Marañón no se trata solo de dar agua apta para la gente. No es solo una cuestión de coliformes fecales y totales. La contaminación, como la están mirando, son coliformes totales y fecales y para eso van a purificar el agua mediante procedimientos sumamente fáciles con cloro. Con eso el Estado cree que ya solucionó el problema del agua. Pero el tema es mucho más delicado.
¿Cuál es el problema de fondo, entonces?
Que el agua de los ríos está contaminada con metales pesados. Nosotros pensamos que esta emergencia sanitaria no va a permitir otros estudios toxicológicos y epidemiológicos que nos demuestren cómo está lo que comemos (los peces del río), y cómo está nuestra salud. Si no es así, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de estos elementos que nos están afectando. No solo se trata del agua para consumo que está contaminada con caca, sino que nuestro río está contaminado con metales pesados. Nuestros peces tienen en sus cuerpos metales pesados 100 veces por encima de los límites permitidos. Esto ya se dijo en el año 2012. Pero ahora el Estado no lo quiere reconocer y tampoco quiere ver este asunto.
El Ministerio del Ambiente acaba de declarar en “emergencia ambiental” la cuenca del Marañón. ¿Sigue creyendo que el Estado les oculta la situación verdadera del agua del río?
Por supuesto. La declaratoria de emergencia ambiental es una herramienta un poco más fuerte cuando se declara en riesgo la salud de la gente por actividades hidrocarburíferas, pero si miramos con detenimiento, al igual que la declaratoria sanitaria, sólo está orientada a 17 comunidades de la cuenca del Marañón. Nosotros queremos decirle al Estado que somos más de 100 comunidades. En ese espacio donde se hizo el monitoreo, en el momento en que las comunidades los hemos recibido nos dijeron que no había reactivos ni equipos y que querían focalizar el monitoreo en lugares estratégicos. Entendimos que en esos lugares estratégicos, que eran la zona alta, media y baja de nuestro río, estarían consideradas las demás comunidades. No ha sido así. Hay la necesidad de que el Estado vuelva a hacer otros análisis en nuestra cuenca en nuestras comunidades donde no se hizo. De ese modo, vamos a poder implementar acciones integrales para buscar la solución a ese gran problema.
¿Esto que usted plantea, piensan llevarlo a la Comisión de Desarrollo multisectorial de las cuencas que impulsa la PCM?
Por supuesto. La comisión multisectorial es otra instancia, es el otro espacio donde podremos dialogar con el Estado para esbozar algunas salidas.
¿Qué es lo que le piden específicamente al gobierno?
Lo que necesitamos es que el Estado nos muestre la real situación en la que se encuentra el río Marañón. Queremos que el Estado nos diga la verdad alguna vez, que sea responsable y que respete los derechos que tenemos los pueblos indígenas a saber de una vez la verdad de la situación en la que nos encontramos.
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