Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Entrevista a Frederica Barclay sobre estudio de salud en las cuatro cuencas: “El Estado no sabe qué le ha pasado a la población”.

ANTROPÓLOGA ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA, INTERCULTURALIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS SEÑALA QUE “EL ESTADO TIENDE A ADJUDICAR TODOS LOS PROBLEMAS A LA GENTE, CUANDO ES EL ESTADO QUIEN HA CREADO ESTOS PROBLEMAS AL NO VIGILAR A LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS”. 
PUINAMUDT, 22/4/2015.- Uno de los principales deberes del Estado peruano para con su población es garantizar la salud y el ambiente sano, ámbitos inseparables para una vida digna. Esta obligación del Estado, para el caso de pueblos indígenas, es más sensible y enfática de acuerdo a la normativa y jurisprudencia nacional e internacional. Sin embargo, el escenario real no es ese.
En el caso de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, la salud y vida de la población indígena ha sido expuesta por décadas a una situación de contaminación por metales pesados e hidrocarburos severa, generando una dramática incertidumbre respecto a su propio futuro. Como señala el antropólogo Alberto Chirif, “el Estado no cumple su paradigma señalado en el primer artículo de la Constitución: que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son su fin supremo”.

Aunque las federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT no han cesado de exigir estudios y respuestas de salud para sus comunidades, sus pedidos nunca fueron escuchados por el Estado peruano. Salvo un aislado e increíblemente traspapelado estudio del Ministerio de Salud (MINSA) y el ASIS indígena del pueblo achuar del año 2006, no se han realizado investigaciones ni atenciones específicas a los problemas en salud consecuencia de la actividad petrolera en las zonas correspondientes a los lotes petroleros 1AB y 8 a pesar del Plan Integral de Salud del Corrientes (PEPISCO) producto de la firma del Acta de Dorissa con FECONACO del 2006. Además el estado ha evitado relacionar los numerosos reportes de impacto ambiental de la contaminación con la situación de salud en las cuatro cuencas.
Uno de los compromisos del Estado con las cuatro cuencas amazónicas, luego de la firma del acta del 10 de marzo, es realizar un estudio toxicológico y epidemiológico. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha aprobado el fondo para este estudio, que asciende más de 4 millones de soles, cuyo protocolo de investigación está en proceso de aprobación oficial.
El diseño del estudio de salud se encuentra en una última etapa definitoria. Sobre los avances y líneas de este estudio hemos conversado con la antropóloga especialista en Amazonía, Frederica Barclay, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, quien es experta en análisis de salud pública, interculturalidad y pueblos indígenas.
La antropóloga acompaña a las federaciones indígenas en el diálogo sobre salud que sostienen con el Estado. Su mirada y conocimiento ofrecen una buena perspectiva sobre el proceso. “[El estudio de salud] lo tienen que conocer los congresistas, el colegio profesional de médicos, de abogados, los antropólogos que trabajan en las petroleras; difundir esta información es importante tanto en términos de ciudadanía como de políticas públicas”, señala Barclay.
Asimismo, afirma que resultados de estudios como este deberían servir para que “en el futuro los EIA tomen en cuenta factores más finos respecto a los impactos en la salud, y por ende en los contratos y en la supervisión de las empresas”.

EL ESTUDIO DE SALUD DE LAS CUATRO CUENCAS
– ¿Cuáles son los alcances del estudio de salud para las cuatro cuencas?
– Este es un estudio amplio. Está vinculado a información ambiental, identificando no solamente qué contaminación ha acumulado la gente en la sangre, en la orina, sino estableciendo a su exposición al riesgo, por eso se van a tomar muestras de agua, de animales, de suelo. Uno de los elementos nuevos, importantes, es que el Estado, tras mucha insistencia, ha aceptado que haya un equipo acreditado de investigadores, expertos de confianza de las federaciones. Mediante esta participación se ha orientado el protocolo de la investigación para contribuir a identificar las rutas de la contaminación con consecuencias en la salud y precisar la naturaleza de los riesgos. Estamos insistiendo en que el estudio no sea solamente toxicológico sino también epidemiológico, es decir que capte la realidad de las enfermedades de la zona vinculadas a la contaminación. Existe una limitación en la forma en que MINSA entiende sus competencias que limita la posibilidad de enfocar el estudio en el vínculo entre la contaminación y las fuentes que podrían estar relacionadas con la actividad petrolera.
– ¿Qué efectos puede tener este estudio en concreto y de inmediato en las comunidades?
– Para la población no va a serle novedad. Ellos saben que hay toda esta contaminación y saben que les está afectando. Lo que se va a tener es, creo, un instrumento importante de negociación para futuras licitaciones: las condiciones en que se pacten las entradas de petróleo, el tipo de información que se deben incluir en los EIA, que casi no recogen información de salud, y en la remediación. Porque [por ejemplo, si] hay un problema importante de las consecuencias de plomo en niños, en su capacidad cognitiva, entonces hay que vincular eso para que se fortalezca las capacidades de salud y dar respuesta a esos niños que tienen una deficiencia en ese sentido. Hay que ir amarrando evidencias, hacerlas públicas y hacer una exigencia constante con respecto a eso. Además, se va a poder exigir al estado la atención de salud acorde a la situación de las personas que viven en las cuencas contaminadas.
– Algo que ha evidenciado este conflicto y diálogo con las cuatro cuencas es que el Estado tiene una institucionalidad precaria para afrontar la problemática integral ¿El estudio de salud está preparado para hacer frente a este problema?
– Pensemos que sí y que los expertos que van a estar acompañando como coinvestigadores van a asegurar que las cosas se hagan bien y que los recursos de salud que ya ha comprometido MINSA  van a fortalecer la calidad de la oferta y atención. Pero esa precariedad del Estado se nota en que desde la década del 2000 no ha dejado de haber una situación conflictiva y el Estado nunca ha dado muestras de defender los derechos de la gente, incluyendo el derecho a la salud. Solo porque se vencía el contrato del lote [1AB] el Estado ha estado preparando uno que otro proyecto que se ha esperado a implementar cuando las papas se están quemando. En realidad, las federaciones le están enseñando al Estado a trabajar bien. Ahí hay además una enseñanza: Los programas tienen éxito cuando se coordina con la población. Ojalá que como lección para el Estado quede, pero existe poca memoria institucional así que el próximo gobierno comenzará por desconocer este enfoque. De lo que no queda duda es que las federaciones van a tener que seguir vigilantes de la acción del estado.

– ¿Qué actores participan en el estudio de salud?
– De parte del Estado hay varias dependencias del nivel central y local. Con la [Organización Panamericana de la Salud] OPS fueron las federaciones las que empujaron al Estado a invitarla y a participar como veedora, para tener una mirada independiente. Asimismo, las federaciones han impulsado la acreditación de expertos de instituciones como ELAW, E-TECH y el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), de España.
– ¿Se estima una fecha de inicio del estudio de salud para las cuatro cuencas?
– Originalmente el [plan] piloto se iba a iniciar en febrero. Luego se entramparon las conversaciones y [ahora] el Viceministro de Salud [Percy Minaya] está preocupado porque, como están mejorando las capacidades de laboratorio de CENSOPAS  [del Instituto Nacional de Salud], no se va a terminar de calibrar los equipos hasta fines de mayo. La toma de muestras y aplicación de encuestas  se hará a lo largo de todo un mes de trabajo [en las comunidades], en paralelo en las cuatro cuencas; y [luego] se analizan las muestras en el laboratorio; parte de ellas, se procesan aquí, otra parte en laboratorios de EEUU y en España. El análisis podría estar listo al final del año.
– ¿Es por rango de edad los estudios?
– El estudio trabaja sobre una muestra alrededor de 2,500 personas con gente de las 4 cuencas y de todas las edades, tanto mujeres como varones. Se toma en consideración también distintos niveles de exposición de la población. Ya que la contaminación puede ser especialmente grave en los niños más chiquitos, estos están también incluidos si bien se ha optado por no tomar en sus casos muestras de orina para no incomodarlos demasiado. En el estudio se toma en cuenta tanto la edad y el sexo porque existen riesgos particulares, por el ejemplo el de hombres adultos que trabajan a veces para la petrolera. En este caso no se ha considerado estudios en cabello y uñas porque no refleja la contaminación acumulada.

SOBRE EL PLAN DE SALUD INTEGRAL
– Según el compromiso del Estado, después de los estudios se debe implementar un plan de atención a la salud, aún no hay mayor detalle de esto pero ¿Qué líneas de acción se contemplan?
– En realidad hay un compromiso de invertir en la mejora de la oferta de la salud desde ahora. Por ahora solo se conoce los planes en término de inversiones en infraestructura, personal y equipamiento, pero falta muchísimo por diseñar e implementar. Por ejemplo, en Loreto no hay nadie especialista en metales pesados, aunque existe una estrategia nacional y hay un corresponsal de esa estrategia [en Loreto], pero esa persona no es especialista. Hay que fortalecer esas capacidades en la región en todos los niveles, llegando hasta el nivel local, el de los puestos de salud. Si la gente tiene problemas derivados de la contaminación hay que poder atenderlos. Hasta ahora como no hay capacidad de respuesta se hace como si los problemas no estuvieran presentes.  Hay que organizar la respuesta, hay que sensibilizar al Estado y visibilizar esos problemas [en salud de la población] que no están ahí porque [las comunidades] sean pobres sino porque ha habido una negligencia total en relación a la actividad petrolera, desl estado y de las empresas.
– Este tipo de acciones del Estado deben de ser prácticas de oficio y no exigencias acumuladas por años desde las comunidades…
– Cuando el jefe del estudio [de salud] presentó el protocolo [preliminar], reconoció que una de las causas por las cuales se tiene que hacer esto es porque el Estado ha omitido el monitoreo de los resultados del estudio del 2005 [hecho por MINSA en la cuenca del Corrientes] que puso en evidencia contaminación por plomo y cadmino en las personas. En ese lapso el Estado no sabe qué le ha pasado a la población, el Estado ha omitido hacer [el monitoreo]. El dinero del Plan PEPISCO que Pluspetrol tuvo que aportar para la salud no se ha utilizado de forma responsable. Se tiene que implementar de aquí en adelante un plan de monitoreo de todos estos resultados [del estudio de las cuatro cuencas], tanto desde la atención a la salud como desde la investigación.
POR UN ESTUDIO “ASIS DE LAS CUATRO CUENCAS”
– [El eStudio de salud] es un punto de partida para exigir un plan regional de salud para las cuatro cuencas, para conocer y responder específicamente la problemática de la contaminación. Qué pasa: Los establecimientos de salud dependen del gobierno regional y en la región los profesionales y técnicos no saben cómo responder a la problemática de la contaminación. Todo el sistema no está preparado para registrar y atender los daños vinculados a la contaminación. Entonces, lo que se quiere [también] es fortalecer esa capacidad en Loreto para atender la prevención y la atención a la contaminación. Un paso pendiente ahora es desarrollar un [Análisis Integral de la Situación en Salud] ASIS de las cuatro cuencas que permita captar mejor la problemática de salud de la región mediante la participación de la población en la identificación de los problemas y estrategias de respuesta.