Deuda ambiental de una empresa canadiense
Artículo escrito por Kathia Carrillo y publicado en Hildebrandt en sus Trece el 30/8/19
Hace más de cuatro años que la empresa Frontera Energy (antes Pacific Stratus) obtuvo la concesión del lote 192, ubicado en la Amazonía norte de Loreto, cerca al límite entre Perú y Ecuador. Este lote se superpone a los territorios de tres pueblos indígena – los quechua del Pastaza, los achuar del Corrientes, y los Kichwa de río Tigre – que durante casi cincuenta años han sufrido los efectos de una industria irresponsable.
El lote 192, anteriormente lote 1AB, es el lote más antiguo y grande del Perú, y ha acumulado desde los años 70s una serie de pasivos ambientales que ni los gobiernos ni las empresas que lo operaron han asumido hasta hoy; pasivos que van desde la desaparición de lagunas enteras, hasta pozos e instalaciones mal abandonados. La historia, tristemente, parece no tener fin hoy que la empresa de capital canadiense, Frontera Energy, lo opera.
Frontera obtuvo la concesión del lote en un escenario de descontento social en las comunidades debido a un proceso de consulta previa mal llevado por el gobierno de Ollanta Humala. La compañía no tuvo reparos en iniciar operaciones, a pesar de no contar realmente con licencia social para hacerlo, y de conocer el grado de afectación que la industria de hidrocarburos había generado en el ambiente y la salud de las personas.
Los beneficios eran mayores. La empresa operaría mediante un contrato temporal de dos años, sin certificación ambiental y bajo instrumentos de gestión ambiental obsoletos y, por ende, muy por debajo de los estándares internacionales. Su contrato, además, permite ampliaciones en tiempo sin perjuicio por motivos de “fuerza mayor”, como son los constantes derrames del Oleoducto Norperuano que detienen el transporte y, en teoría, la producción del petróleo en los lotes de la región de Loreto y Amazonas. Es por esto que la empresa Frontera Energy ha operado el lote 192 por más de cuatro años sin mayores pérdidas monetarias. Las pérdidas en materia ambiental para los pueblos indígenas, sin embargo, son cuantiosas.
Según el Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental (OEFA), desde octubre de 2015 hasta mayo de 2018, se registraron 64 derrames de petróleo en el lote 192. Es decir que en promedio ocurrieron cerca de 25 derrames por año bajo las operaciones de Frontera. Además, al analizar la data de OEFA, encontramos que las causas del 96.61% de barriles derramados fueron la corrosión de los ductos y las fallas técnicas de la operadora[1].
Uno de los derrames más notorios fue el sucedido en la quebrada Macusari, en el kilómetro 34 de la carretera interna del lote, que afectó a la comunidad achuar Nueva Jerusalén y su anexo Nueva Nazareth. El derrame alcanzó a las viviendas de las comunidades, así como también afectó al río Corrientes. Un año y medio después de este accidente, las comunidades se encuentran movilizadas ya que denuncian que la empresa no ha hecho los trabajos de remediación adecuados y se pueden encontrar sitios con presencia de hidrocarburos alrededor.
A raíz de este incidente, las comunidades demandan la remediación integral de los sitios y exigen el cambio de las válvulas de flujo por unas más modernas que sean capaces de responder inmediatamente ante escenarios de derrames y prevengan este tipo de desastres ambientales.
De acuerdo a la legislación canadiense[2] sobre operaciones y transporte de hidrocarburos por ductos, las empresas deben implementar y seguir programas que garanticen la integridad del sistema de ductos, a través de inspecciones, registros, pruebas y monitoreo de la infraestructura, para abordar y prevenir los problemas de corrosión, daños externos y accidentes técnicos. A juzgar por el estado de la infraestructura del lote 192, cuyos ductos y válvulas datan de los años 70, podemos concluir que la normativa ambiental para el sector hidrocarburos en Perú está muy por debajo de los estándares internacionales; y que las empresas, tanto nacionales como internacionales, aprovechan estos escenarios para operar con completa irresponsabilidad.
En el caso del derrame del km 34 en el lote 192, ha transcurrido más de un año y medio sin que Frontera remedie completamente los sitios y sin que ningún organismo estatal haya podido establecer una medida concreta contra esta inacción. Si Frontera operara en su país, debería pagar como multa más de cinco millones de dólares (un aproximado de 14 millones de soles), ya que la norma[3] establece que las empresas deberán pagar cien mil dólares por cada día que una infracción no sea atendida. Sin embargo, para este caso, en Perú el OEFA aún continúa con “investigaciones en trámite” sin poder resolver ninguna medida concreta para determinar responsabilidades o acciones que protejan el medio ambiente.
La población de las comunidades afectadas, acostumbrada ya a la impunidad histórica que el Estado peruano otorga a las empresas petroleras, está exigiendo 4 millones de soles en compensación y 1.5 millones para proyectos de desarrollo, no sólo como indemnización por los daños ocasionados a su salud y ambiente, sino también como una forma de sanción para evitar que en el futuro las operadoras sigan contaminando. La empresa ha insistido en pagar sólo S/.500 000 por compensación; y ha expresado, por medio de su Gerente de Relaciones Institucionales, que esta es “su última oferta”. Las comunidades han denunciado la actitud soberbia e intransigente del funcionario que ha provocado la suspensión del diálogo.
Pero la falta de sanciones y el fracaso del diálogo con la empresa no son lo único que preocupa a la población. El contrato de Frontera vencerá en el primer trimestre del próximo año, y hasta ahora no ha presentado el Plan de Abandono del lote, el cual, según el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, debe establecer las acciones de remediación, rehabilitación y readecuación de los sitios impactados que han sido registrados por OEFA. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas publicó la Resolución Ministerial N° 346-2018-MEM/DM que aprueba los “Lineamientos para la formulación de los Planes Ambientales Detallados para Adecuación de Actividades de Hidrocarburos y Planes de Abandono para Actividades de Hidrocarburos sin Certificación Ambiental”[, y dice haber exigido la presentación del plan de abandono a la empresa; sin embargo, la empresa no lo hace hasta ahora.
La situación ambiental y el grado de irresponsabilidad con el que opera Frontera en el lote 192 han llamado la atención del Relator Especial sobre Derechos Humanos en relación a Desechos Tóxicos de la ONU, quien en su último informe de visita a Canadá resalta la doble moral del gobierno de dicho país al permitir que empresas como Frontera operen en otros países bajo estándares ambientales por debajo de los propios; y hace un llamado a la Defensoría de Canadá para la Responsabilidad Empresarial (CORE) a abordar este y otros conflictos socio-ambientales similares en otros países.
En línea con la petición del relator sobre desechos tóxicos de la ONU, lo que exigen los pueblos afectados es mayor responsabilidad ambiental a la operadora y sanciones ejemplares para cuando trasgreden el reglamento. La Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR) ha enviado una carta a la embajada de Canadá, informándole sobre la situación ambiental y el conflicto social en el lote 192, y solicitando que asista al Viceministerio de Gobernanza en la mediación del conflicto entre la empresa y las comunidades Nueva Jerusalén y Nueva Nazareth, que llevan movilizadas desde el 1 de julio. Sin embargo, la embajada de Canadá ha decidido mantenerse al margen.
Los pueblos indígenas afectados no ven una salida a sus demandas históricas, y el diálogo solo se extiende y agota, generando más conflictividad. Otras comunidades del lote han decidido sumarse a las acciones de protesta para exigir al gobierno de Martín Vizcarra atención a sus demandas concretas de salud, educación y ambiente. Mientras tanto, Perupetro, entidad estatal encargada de las licitaciones de los lotes petroleros, se encuentra negociando los términos de concesión del lote 192 para los siguientes 40 años con Petroperú, una empresa con récords en barriles derramados.
Las federaciones
esperan que el socio que opere el lote junto a Petroperú no sea como las tres
empresas anteriores (Occidental, Pluspetrol y Frontera); y que Perupetro garantice
la readecuación y mantenimiento de los ductos, pozos y válvulas para prevenir y
frenar derrames. Sin embargo, a juzgar de los últimos 48 años de impunidad,
permisividad y obsolescencia del Estado peruano en materia ambiental, la
esperanza está bastante desgastada.
[1] Ayamara León y Mario Zúñiga. Discursos petroleros versus realidad ambiental e intercultural. Noticias Ser. 2019.
[2] Moving Energy Safely. A study on the safe transport of hidrocarbons by pipelins, tankers and railcars in Canada – Standing Senate Committee on Energy, the Environment and Natural Resources, 2013.
[3] Idem.