Denuncia pública contra MINEM y PROFONANPE
MINEM Y PROFONANPE EXPONEN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A MÁS AÑOS DE CONTAMINACIÓN PETROLERA
Desde la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), con nuestras más de 50 comunidades base procedentes de los pueblos originarios kukama y urarina (cuenca del Marañón y Chambira), hemos sostenido por más de veinte años una tenaz y muy desigual lucha en defensa de nuestros territorios indígenas, los cuales han sido envenenados durante medio siglo por derrames de petróleo de empresas petroleras extranjeras y nacionales, sin que estas sean sancionadas o detenidas en todo ese tiempo por el Estado Peruano. Es con nuestra fuerza y organización que en el año 2015, con el Acta de Lima, logramos arrebatarle al Estado la Ley N°30321 del Fondo de Contingencia de Remediación Ambiental, el cual es gestionado por una Junta de Administración (JA) de la cual ACODECOSPAT es miembro, como también lo son otras federaciones indígenas junto al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Saneamiento y, desde julio del año 2020, el PROFONANPE como Secretaría Técnica.
Es muy duro enfrentar año a año la extremada lentitud del Estado para que identifique en nuestras comunidades afectadas lo que técnicamente se denomina sitio impactado, lo cual se realiza a través de un informe oficial que ratifica las zonas que denunciamos como afectadas por hidrocarburos. La identificación normalmente toma al Estado entre 2 a 3 años. Luego de ello, los sitios impactados identificados pasan por una priorización al interior de la Junta de Administración de la Ley 30321, es decir, mediante criterios específicos y muy precisos, se escogen los sitios que presentan las afectaciones más severas y las que generan más riesgo a la salud de la población.
Actualmente, los sitios priorizados por la Junta de Administración no llegarían ni al 10% del total de las zonas con derrames denunciados por nuestras comunidades a lo largo de las cuencas del Marañón y Chambira. Esto demuestra que, en materia de manejo ambiental por afectación de hidrocarburos, el Estado está sumamente atrasado y en deuda con los pueblos pues nuestros derechos son constantemente vulnerados en tanto no se remedien todos los sitios.
A tal atraso, a esa deuda histórica, debemos sumar la ausencia de estrategias de instituciones como el MINSA para atender de manera especializada la salud de población indígena que se encuentra sentenciada a enfermedades crónicas causadas por los altos niveles de metales pesados encontrados en la sangre, dato obtenido de los exámenes toxicológicos realizados entre los años 2015 -2016 por el CENSOPAS. Aun con todo este gravísimo contexto, los derrames de petróleo no han cesado, por el contrario, se ve un aumento por la inoperancia estatal para dar mantenimiento a las viejas instalaciones petroleras.
En el caso del Marañón tenemos sitios impactados que ya han cumplido toda la tortuosa ruta mencionada, pero desde hace 4 años, desde 2019, están a la espera de ser atendidas. Denunciamos que MINEM está interponiendo argumentos varios y antojadizos (como una que han llamado “licencia social” y otras razones injustificables) y en su calidad de ente rector pone trabas constantemente para no iniciar la remediación en los territorios indígenas. Muestra de ello es que a lo largo de todo este año hasta el último 7 de agosto, MINEM se ha negado a aprobar el Plan de Costos Anual de la Junta de Administración pese a ser un documento discutido y revisado en 5 sesiones y por 8 meses. Señalamos que el MINEM es el principal responsable en no dar cumplimiento al mandato de la Ley 30321, demorando la remediación ambiental de nuestros territorios, exponiéndonos aún más a la contaminación. Dicha oposición parece darse porque no concibe que, por primera vez en la historia de los pueblos indígenas, monitoreemos, demos seguimiento y participemos en la toma de decisiones técnico-políticas, que la estructura estatal está acostumbrada a dictar de arriba hacia abajo.
Aún con todas las trabas, no claudicamos en perseguir los intereses de sus comunidades nativas base. Por ello en el Acuerdo n°2 de la sesión 44° de la JA celebrado el 7 de julio del presente, se establece que debe procederse a la licitación para iniciar los estudios de remediación ambiental y, por lo tanto, también la realización de asambleas en las comunidades cuyos sitios están en sus territorios ancestrales, con la presencia de las instituciones estatales que participan de la Junta de Administración, especialmente MINEM y PROFONANPE. Esta última, a un mes de transcurrida la última Junta de Administración (3/8/2023) envió una consulta a todas las instituciones públicas de la Junta de Administración para consensuar fecha de ingreso. Sin embargo una reciente comunicación de PROFONANPE nos señala que ninguna institución irá a las asambleas y que ellos tampoco asistirán, peor aún, no proponen una fecha ni solución del problema pese a que la federación ha cambiado en más de una oportunidad la fecha de asambleas.
Tras todo lo dicho, denunciamos:
- El carácter doloso con que el MINEM viene ejerciendo contra nuestras comunidades al anular todo proceso de remediación desde sus inicios, al MINSA, ente rector en salud, que hasta la fecha carece de toda estrategia y voluntad política para implementar atenciones de salud especializadas como la intoxicación por metales pesados en hermanos indígenas que lo requieren urgentemente.
- Denunciamos también al PROFONANPE por llevar una labor negligente en la conducción de los acuerdos de la Junta de Administración. El desentendimiento y la larga supeditación a entidades como el MINEM que traban el proceso es injustificable, dado que tiene potestad como secretaria técnica para dar viabilidad al proceso de remediación ambiental. Esta incomprensible burocracia, mala fe e indolencia, representa para nosotros una nueva y grave afectaciónno solo ambiental, sino social, cultural, incluso psicológica, en buena cuenta, una nueva afectación a nuestros derechos colectivos, los cuales son vulnerados por el Estado sistemáticamente.
Han transcurrido 4 años desde que los 11 sitios impactados del Marañón fueron priorizados ¿Cuánto tiempo se pretende dejarnos en espera? ¿Cuánto tiempo más nos seguirá exponiendo el Estado a vivir con la contaminación? Estas acciones negligentes y dolosas son parte de la larga espera de los pueblos indígenas por la remediación ambiental en sus territorios.
Tenemos ecuanimidad, sensatez y comprensión por los procesos institucionales, pues el norte del diálogo es nuestra bandera. Nosotros como institución nos respetamos y sabemos las complejidades propias para sacar adelante procesos técnico-administrativos estatales. Sin embargo, encontramos injustificable la respuesta indolente recibida, sobre todo por el conocimiento del sufrimiento y daño que padecemos.
Exhortamos que el MINEM y al PROFONANPE en su calidad de ente rector y secretaria técnica, respectivamente, adopten las riendas delegadas a su cargo para dar celeridad del caso, que es lo mínimo que merecemos como pueblos con historia, cultura e inteligencia ancestral sobre nuestros territorios.
Iquitos, 16 de agosto del 2023