Defensoría del Pueblo: Vivienda debe cumplir con mantener plantas de agua en las cuatro cuencas
PUINAMUDT, 29/10/19.- Mediante una carta al Viceministro de Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, la Adjuntía al Defensor del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, a cargo de Alicia Abanto, recomienda a dicha entidad del Ministerio de Vivienda cumplir con los compromisos del Acta de Lima del 10 de Marzo de 2015 respecto a financiar, mantener y monitorear las Plantas de Tratamiento de Agua Provisionales (PTAP) en las comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
Dicha carta fue entregada el 23 de octubre luego de que la Defensoría del Pueblo evaluara los convenios entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y las municipalidades locales, a quienes el PNSR ha decidido donar las plantas para su gestión y mantenimiento. La carta responde a la preocupación de las federaciones indígenas ante la poca claridad sobre las fuentes de financiamiento que garanticen la continuidad de las plantas que quedarían a cargo de las municipalidades.
“Lamentablemente el Ministerio de Vivienda y el PNSR con sus llamados especialistas insisten en decir que el mantenimiento de las plantas es muy caro”, señala Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT). “Valoran más el dinero que la vida de las personas, de los niños que viven en nuestras comunidades; incluso sabiendo que tomar agua contaminada con metales pesados es cancerígeno”, afirma.
En efecto, la implementación de las plantas de tratamiento de agua provisionales respondió a las emergencias ambientales y sanitarias declaradas en las cuatro cuencas entre 2013 y 2014, a raíz de las cuales se realizó un estudio de las aguas usadas para consumo humano que determinó la presencia de altos niveles de metales pesados en ellas. Desde entonces, 65 de las 101 comunidades de las cuatro cuencas dependen de plantas provisionales para el acceso a agua limpia.
Hasta ahora, las plantas de tratamiento han sido gestionadas y mantenidas por la empresa Inclam S.A., bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda y con participación de las federaciones, cuyas comunidades han designado a promotores y supervisores indígenas para el monitoreo y gestión de las plantas dentro de las comunidades. Sin embargo, tal y como señala la carta de Defensoría, preocupa que la participación del personal indígena ya capacitado para estas tareas no esté garantizada.
Defensoría señala que, en efecto, en los convenios hay “imprecisiones sobre las responsabilidades en la operación y mantenimiento de las PTAP y su financiamiento [ya que no] queda claro si los recursos para garantizar la adecuada administración de la infraestructura provendrán de la gestión de las municipalidades ante el Ministerio de Economía y Finanzas o de las cuotas familiares que recauden las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento”.
Por ello, la Defensoría recomienda al Ministerio de Vivienda y al PNSR a ceñirse a los compromisos del Acta de Lima de 10 de Marzo, y continuar “asumiendo la responsabilidad en el financiamiento y monitoreo de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento […] hasta la instalación de los sistemas de agua permanentes”. También recomienda cumplir con contratar a los promotores y supervisores sanitarios por cada cuenca “para propiciar una participación directa y activa de las comunidades en la implementación, uso y cuidado de las plantas”; así como entregar un informe sobre los avances de los proyectos de sistemas de agua y saneamiento intradomiciliarios definitivos para las cuatro cuencas.
Alfonso López aclara que desde las federaciones de las cuatro cuencas “no estamos dispuestos a permitir que haya ese convenio de entrega a las municipalidades en calidad de donación. Estas plantas nos cuesta a nosotros sacrificio, tiempo, entrega, lucha al gobierno; demostrar desde los monitores ambientales indígenas la contaminación. Todos luchamos para lograr estas plantas, son nuestras plantas, y nuestras plantas lo están queriendo regalar a las municipalidades para que lo destruyan.”
Puede leer la carta de Defensoría a continuación:
2019-10-23-carta-defensoria-a-MV