Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Consulta Previa #SinTrampas

En 2015 el Estado Peruano realizó un proceso de consulta previa para el lote 192 fraudulento, donde se excluyó a la mayoría de comunidades afectadas. Ello se gestó a través de métodos de coacción, divisionismo y falta de transparencia.

Luego de una larga lucha emprendida desde entonces por las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR y OPIKAFPE, se logró garantizar un nuevo proceso para el siguiente contrato de concesión del lote petrolero por 40 años.

Las federaciones mencionadas, quienes representan a la mayoría de comunidades dentro del lote, han emprendido la campaña “Consulta #SinTrampas” para evitar las acciones de mala fe que pueda emprender el Estado durante este nuevo proceso, y para visibilizar las propuestas que se han construido desde las mismas comunidades para garantizar los derechos de los pueblos indígenas para los siguientes 40 años de explotación petrolera.

¿Qué proponen las comunidades mayoritarias del lote 192 para el proceso de consulta?

Propuestas para una consulta SIN TRAMPAS

La propuesta del Plan de Consulta presentada por las federaciones al Viceministerio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, plantea las condiciones básicas para que este nuevo proceso de consulta previa se realice de buena fe y con respeto a los derechos de los pueblos:

CONSULTA EN TERRITORIO, CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y DE GÉNERO

Una de las propuestas más importantes de este Plan de Consulta es que las etapas preparatoria y de diálogo se realicen íntegramente en el territorio y no en Lima (o Iquitos), como lo hicieron en 2015, para que en efecto la población esté bien informada y los y las representantes puedan debatir sus propuestas. El hecho de que el proceso se realice en territorio va en línea con el objetivo de garantizar un enfoque intercultural y de género. Tal y como menciona un informe realizado por Oxfam y Onamiap en 2018 sobre la Consulta Previa y la participación efectiva de las mujeres indígenas, una de las razones de la falta de participación de las mujeres en dichos procesos es la poca o nula posibilidad de delegar sus labores de cuidado y producción de alimentos para el sostenimiento del hogar; por lo que el Estado debe dar facilidades en este contexto y garantizar su participación. Una de esas facilidades es llevar a cabo el proceso en el territorio.

A su vez, las federaciones proponen que se cuente en todo momento con traductores e intérpretes elegidos por ellas, para garantizar que efectivamente los mensajes queden claros y se facilite el diálogo.

SIN AMENAZAS y CON LAS COMUNIDADES EN MAYORÍA

El objetivo de esta propuesta es prevenir la coacción de parte del gobierno y el empresariado que, tal y como sucedió en 2015, podrían condicionar la firma de la consulta (bajo condiciones no favorables a la población) a la inclusión de ciertas demandas básicas. Recordemos que en 2015, durante el proceso de diálogo, el Estado comunicó a los y las representantes que deberían firmar la consulta y aceptar la condición de que sólo el 0.75% de la producción petrolera estaría destinado al Fondo Social Ambiental a ser gestionado por las propias comunidades; y que de no hacerlo (de no firmar la Consulta con dicha condición) perderían las otras demandas que habían logrado colocar y consensuar con Perupetro y el Estado. Al no acceder las federaciones a dicho condicionamiento, el Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, decidió dar por culminado el proceso y validarlo con otras organizaciones que, además de no representar a la mayoría de comunidades dentro del lote, habían surgido en medio del proceso de consulta justamente para generar divisiones en el territorio y debilitar la agenda de los pueblos. Estas organizaciones participan hoy en día del proceso actual de consulta y cumplen la misma finalidad.

Por ello, las federaciones han propuesto la participación de organismos nacionales autónomos, como la Defensoría del Pueblo, así como de organismos internacionales como la ONU, para servir de veedores del proceso y garantizar así que sus derechos no se vean vulnerados una vez más.

Las federaciones pertenecientes al PUINAMUDT (cuatro cuencas) han propuesto NO INCLUIR a otras organizaciones en medio del proceso. Esta propuesta pretende evitar escenarios similares al 2015, cuando se incluyó a la ONG Oriap en medio del proceso y con quienes el Estado validaría la consulta fraudulenta. Este punto pretende garantizar que esta vez sí sea la mayoría de las comunidades afectadas la que determine las condiciones para las operaciones del lote durante los siguientes 40 años.

SIEMPRE TRANSPARENTES, NUNCA INTRANSPARENTES

En la consulta fraudulenta de 2015, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro mantuvieron en secreto el estado de la negociación directa con la empresa Pacific Stratus (hoy Frontera Energy) con quien firmaría el contrato de concesión temporal del lote. Ello ocasionó que, debido a la premura por vender y la poca disposición a garantizar derechos a la población, la Ministra de Energía y Minas diera una hora a los representantes de las federaciones para decidir firmar el acta de consulta con las condiciones que había impuesto la empresa (entre las cuales se encontraba que el fondo social sea sólo de un 0,75%). Al negarse los representantes a tal condicionamiento y coacción, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura firmaron el acta con las otras organizaciones que representaban a una minoría de comunidades.

Para evitar escenarios similares, las federaciones proponen que el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro cumplan con los principios de transparencia e informen de manera adecuada y oportuna el estado de la negociación directa con la posible nueva operadora.

A su vez, las federaciones exigen que se cumpla con el compromiso del acta de Nuevo Andoas, firmado en 2017 tras un periodo de dos meses de Minga por los Derechos, donde se establece que se cree un espacio técnico de discusión de las cláusulas del nuevo contrato y que este espacio avance paralelamente al proceso de consulta previa.

Las federaciones exigen que el Estado tenga reglas, compromisos y políticas claras en los temas que afectana más a la población, como son salud, alimentación y ambiente sano (remediación ambiental), para que en el futuro no se repita el largo historial de vulneración de derechos e impunidad de las empresas operadoras.

Demandas justas – Clausulas para nuevo contrato

Para los siguientes 40 años de explotación petrolera en el lote 192, las comunidades y sus federaciones necesitan garantías de que sus derechos a la salud, ambiente sano y beneficios sociales serán respetados. Por ello han formulado propuestas a ser incluidas en el nuevo contrato petrolero:

• INFRAESTRUCTURA PETROLERA MEJORADA
  • En los últimos 3 años de operación petrolera, se han registrado 67 emergencias ambientales, en su mayoría ocasionadas por el mal estado de los ductos y pozos, cuyo mantenimiento y adecuación no está reglamentado ni es de obligación de las operadoras, ni de Perupetro.
  • Las federaciones proponen una cláusula que determine que la nueva operadora sea la responsable del mantenimiento y la readecuación integral de los ductos internos y pozos para evitar derrames por corrosión.

• INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
  • Según el Estudio Técnico Independiente para la Remediación del Lote 1AB (hoy lote 192), realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nunca se ha realizado una buena remediación en el lote.
  • Para que ello no vuelva a suceder, las federaciones proponen que se elabore un ÚNICO Instrumento de Gestión Ambiental Integral para el lote, donde los suelos NO sean calificados como suelos industriales, y que establezca las reglas claras para el uso de todo el lote. Este instrumento debe ser preventivo, operativo y proyectar lineamientos para remediaciones con enfoque ecosistemico e intercultural; y debe poder ser correctamente fiscalizado por la autoridad correspondiente y por las comunidades

• ZONAS INTANGIBLES
  • Durante 40 años de operación petrolera, las empresas invadieron los territorios indígenas y construyeron infraestructura dentro o cerca de lugares sagrados y cruciales para la supervivencia de la población, lo que ocasionó daños irreversibles.
  • Para que no vuelva a suceder, las federaciones proponen que el contrato incluya una cláusula en la que la empresa identifique, junto con las federaciones, las zonas de importancia cultural y social para la población, y que se comprometa a no tocarlas, a protegerlas y a recuperarlas.

• ESTUDIO DE RIESGOS A LA SALUD (ERSA)
  • Debido al accionar irresponsable de las empresas petroleras, el alto grado de contaminación ha generado más de una emergencia ambiental y sanitaria. En 2014 un estudio toxicológico demostró que tanto los suelos y las aguas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, tenían presencia de hidrocarburos y metales pesados por encima de los límites recomendables para la salud. En 2018, en Centro Nacional de Salud Ocupacional para el Ambiente y la Salud (CENSOPAS) presentó los resultados del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre presencia de metales pesados e hidrocarburos en la población de las 4 cuencas, y determinó que altos porcentajes de niños y adultos se encontraban afectados por presencia de metales pesados por encima de los límites recomendados.
  • Por ello, las federaciones proponen que una cláusula del contrato obligue a la empresa a realizar, en conjunto con el Estado y las federaciones, un Estudio de Riesgo a la Salud, desde un enfoque intercultural, que establezca escenarios de riesgo y peligrosidad adecuados a la realidad de los pueblos indígenas en contextos de industrias extractivas, y que identifique las fuentes de exposición para prevenir que la contaminación continúe afectando a la población.

• CONTRATOS JUSTOS DEFINIDOS CON LA COMUNIDAD
  • operadoras han generado divisionismo dentro de las comunidades al firmar contratos con las empresas comunales sin consultar con la asamblea. A su vez, contratan a personas externas a la comunidad y les pagan más que a la gente local por las mismas labores.
  • Para evitar eso, las federaciones proponen que los contratos con empresas comunales sean discutidos con la asamblea comunal y así garantizar que no haya divisionismo y que las empresas y trabajadores tengan un trato equitativo.

• FONDO SOCIAL, AMBIENTAL y PARA LA SALUD JUSTO
  • El 2015, el Estado firmó una consulta fraudulenta con un grupo minoritario de comunidades, representado por organizaciones y asesores cuestionables, donde estableció que el fondo social (fondo que las comunidades reciben de manera directa para invertir en sus propios proyectos) sea de apenas el 0,75% de la producción petrolera. Este fondo es insuficiente y el porcentaje no se condice con las ganancias que obtienen las empresas petroleras por los recursos de la población.
  • Por eso, las federaciones proponen que este fondo social sea mayor, y que se destine también un porcentaje a un fondo ambiental y un fondo para la salud.

• NO MÁS TIERRAS GRATIS
  • Durante más de 40 años, las empresas petroleras NO reconocieron el valor del uso de las tierras indígenas y evadieron el pago de servidumbre. Hoy en día, el pago por el uso de nuestras tierras es mínimo y, además, las empresas muchas veces piden servidumbre gratuita.
  • Por ello, las federaciones proponen que una cláusula del contrato establezca que la nueva operado se abstenga de pedir servidumbre gratuita, y que las tierras que desde ya cuentan con infraestructura petrolera, como aquellas sobre las que se vayan a construir, sean valoradas apropiadamente para garantizar que el pago por ellas sea justo.