Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Alto a la vulneración a nuestro derecho a la salud. Exigimos vida digna y un territorio sano, libre de sustancias tóxicas en la Amazonía del Perú

Pronunciamiento frente a los resultados del informe toxicológico y epidemiológico del MINSA

Al Presidente del Perú Martín Vizcarra,
Al Presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar,
A la Ministra de Salud Zulema Tomás y al Ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes,
Al Gobernador de Loreto Elisban Ochoa,
A la Comisión de Pueblos del Congreso de la República
A la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU,
A la Defensoría del Pueblo del Perú

Luego del silencio presidencial frente a la problemática nacional de afectación por metales tóxicos en nuestros pueblos indígenas, y a casi un mes desde que la Ministra de Salud y el Viceministro de Gobernanza de la PCM nos entregaran el Informe Final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico realizado en comunidades de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Loreto, las federaciones indígenas de las cuatro cuencas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, bases de AIDESEP, ORPIO y CORPI- SL, a puertas de sostener una reunión con la Ministra de Salud el 9 de agosto para hallar respuesta a esta problemática, nos dirigimos a autoridades nacionales, a organismos internacionales de protección de derechos indígenas, a la sociedad civil y a la opinión pública, para señalar:

1. El estudio toxicológico y epidemiológico de las cuatro cuencas es producto de una larga lucha histórica de los pueblos indígenas frente al Estado peruano y las empresas extractivas. Para alcanzar la entrega de este informe final nosotros tuvimos que lograr el establecimiento de comisiones multisectoriales y grupos de trabajo en el Poder Ejecutivo y Legislativo (desde 2011 a 2019), diagnósticos ambientales y sociales (2012 y 2013), varias declaratorias de emergencias ambientales y sanitarias (2013 y 2014), actas firmadas por nosotros con Premieres, ministros y ministras (2015, 2017) y además, para exigir cumplimiento, fueron necesarias varias movilizaciones y mingas en nuestros territorios (2012, 2014, 2015, 2017, por mencionar solo las más importantes); incluso tuvimos que recurrir a la intervención de aliadas y aliados nacionales e internacionales. También nos guiaron luchas anteriores a las nuestras, la de nuestros hermanos achuar en Dorissa (2006), la de quechuas del Pastaza y kichwas del Tigre en Andoas y Doce de Octubre (2008), la de nuestros hermanos y hermanas awajún y wampis en Bagua (2008 y 2009), y tantas otras luchas de resistencia que se realizaron desde hace varios siglos en territorios indígenas amazónicos. Finalmente, hemos conseguimos que se realice en Perú un estudio de salud de alto alcance técnico y con nuestra participación y seguimiento; algo que en nuestro país no tiene precedentes.
2. El Informe Final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico desmuestra que nuestras familias están contaminadas; que los cuerpos de mujeres y hombres, niños y niñas, tienen graves niveles de contaminación por sustancias tóxicas que superan límites permitidos por normas nacionales y la comunidad internacional. El estudio del MINSA también demuestra que los mayores índices de contaminación en nuestra gente se ubican en zonas próximas a infraestructura petrolera, a sitios de contaminación por dicha actividad y a otras áreas de riesgo identificadas en el protocolo del estudio. El Estado certifica ahora que la contaminación daña a nuestra gente, hecho que hemos denunciado por años y que el mismo Estado no quería creer; y situación que además se repite en otras zonas del país como Amazonas, Cajamarca, Espinar, Pasco, Madre de Dios y otras. Sin embargo, el Estado no dice en su informe final todo lo que debería, pues no se hacen conclusiones y recomendaciones serias y competentes, como corresponde a un estudio de este nivel: Por ello exigimos, porque es un derecho nuestro y una obligación del Estado, que se nos entregue y haga pública la base de datos del estudio. Queremos añadir también que no solo es MINSA quien hace oficial la noticia de contaminación y afectaciones a la salud. Los recientes Planes de Rehabilitación (PdR) que se están realizando para remediación ambiental en zonas del ex Lote 1AB certifican también, ante MINEM y MINAM, que la contaminación petrolera impacta a la población en niveles que, incluso, llevan a riesgos cancerígenos.
3. El Estado debe actuar con urgencia frente a esta situación, con un plan de acciones inmediatas y de corto, mediano y largo plazo; donde se articulen sus niveles nacoinal y regional, elaborado y ejecutado con participación indígena con poder de decisión, con presupuesto para su aplicación en los próximos seis meses y que además se incluya en el presupuesto nacional 2020. Todo esto para asegurar atención y seguimiento plena, integra y eficiente en nuestros territorios. FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT hemos entregado a MINSA y a PCM nuestra propuesta inicial para que se inicien acciones que atiendan la problemática vinculadas a infraestructura, atención primaria, monitoreo, entre otros. Sin embargo, todo ello debe decantar en un Plan Especial para la Atención de Personas Expuestas a Metales Pesados e Hidrocarburos que debe realizarse con nuestra participación e implementarse con nuestra vigilancia y acompañamiento. Asimismo, al momento de su elaboración, este plan debe contar con el acompañamiento y validación de una entidad internacional experta en asuntos de epidemiología y toxicidad. Pero esto es solo lo primero para atender un problema grave, sistemático y multisectorial, el cual debe ser combatido considerando acciones concretas en temas como remediación ambiental, cambio y mejoramiento de infraestructura petrolera, mejoras de estándares e instrumentos ambientales, acceso a agua y saneamiento, seguridad alimentaria, entre otros. No se puede pensar en continuidad de la actividad petrolera, en abandono de instalaciones y actividades, o en supuestos escenarios post petroleros, sin tener en cuenta todo este cuadro gravísimo que debe ser atendido con alta responsabilidad y de forma inmediata. Al mismo tiempo, queremos exigirle al Estado que respete nuestros modelos de desarrollo opuestos al extractivismo. Recordamos que los pueblos indígenas hemos cuidado y protegido la Amazonía durante siglos.
4. Nos preocupa que desde el gobierno central se tenga una lectura limitada de esta grave situación, de la cual no solo son víctimas nuestros pueblos amazónicos, sino otros pueblos a nivel nacional. La PCM, el MINSA, el MINEM y el Ejecutivo en general, deben demostrar verdadera voluntad política y atender esta situación de manera seria y comprometida, esto en lugar de intentar paliar deficiencias de atención a demandas históricas sobre salud y vida digna mediante medidas insuficientes o “nuevos” compromisos ficticios avalados, penosamente, por hermanos indígenas que sostienen intereses fuera de la verdadera lucha por nuestros derechos reconocidos a nivel nacional e internacional.
5. Exigimos a las más altas autoridades una respuesta a nuestra problemática que sea integral, con medidas políticas, administrativas y presupuestales concretas y articulando sectores. Es alarmante que frente a tanta evidencia de contaminación ambiental y daño a la naturaleza amazónica, hasta el momento el MINEM no tome en serio la tarea de la remediación ambiental de nuestro territorio (1) posponiendo otra vez la transferencia de los fondos comprometidos desde hace un año al Fondo Nacional del Ambiente (pese a que el Primer Ministro se comprometió en junio a que esta se aceleraría para agosto), y (2) permitiendo un escenario donde Pluspetrol no ejerce sus obligaciones ambientales y pase cuatro años sin un Plan de Abandono para atender la remediación del Lote 1AB, que tiene cerca de 2 mil sitios impactados. Estos hechos solo alargan los problemas y nos condena a una continua exposición a sustancias tóxicas. Entonces, es indignante e inadmisible la doble cara del Estado, donde por un lado pretende entregar por 40 años más el Lote petrolero 192 e inicia un proceso de Consulta Previa (que no está respetando acuerdos tomados con nosotros y que no cumple normativa internacional en derechos indígenas), y por el otro lado se cruce de brazos frente al daño e incertidumbre generados a nuestra gente. Por ello es indignante e inadmisible que el Estado ofrezca millones para lo que llama “desarrollo” y ahora también “cierre de brechas” (mediante DS 139-2019-PCM) como justificaciones para perpetuar afectaciones y exposiciones dañinas, y mientras posponga recursos y medidas concretas para la atención de una problemática que afecta nuestras vidas, generada por una actividad extractiva que solo ha a beneficiado al mismo Estado.
6. Finalmente, advertimos que de ser necesario acudiremos a las más altas instancias nacionales e internacionales para denunciar la vulneración a nuestros derechos que violan el Estado y las empresas. Lucharemos hasta que el Estado respete nuestros derechos, reconocidos a nivel internacional e internacional. ¡Por la defensa de la vida digna para nuestras familias y futuras generaciones!

¡Firmes en nuestra lucha, fieles a nuestros principios de unidad, resistencia y propuesta!
¡La salud, la vida y el futuro de las comunidades indígenas no son un negocio!

Loreto, 2 de agosto de 2019

ADHESIONES:

1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
2. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO
3. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI-SL
4. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP
5. Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis – GTANW
6. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
7. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad
8. Insituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS
9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
10. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
11. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
12. OXFAM – Perú
13. Cooperacción
14. Red Muqui Perú
15. Red Uniendo Manos Perú
16. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor de Pasco
17. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno
18. Derechos Humanos Sin Fronteras
19. Comité Ambiental de JUPROG “COMEA”
20. Plataforma por la Salud Ambiental y Humana Región Junín
21. Asociación Cultural Maizal
22. IS Global. Instituto de Salud Global de Barcelona
23. Witness
24. Digital Democracy
25. E-Tech International
26. Grupo de Antropología Médica y Salud de la PUCP
27. Claudia Cisneros Mendez. Comunicadora social, periodista de divulgación científica y humanística, activista.
28. Martí Orta-Martínez. Investigador de la Universidad Central de Cataluña/Universidad de Vic i dels Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientals (ICTA-UAB).
29. Lorenzo Pellegrini, profesor asociado del International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam.
30. Roberto Wangeman, investigador y músico.
31. Gil Inoach Shawit, abogado indígena del pueblo Awajún, ex Presidente de AIDESEP, miembro de Perú Equidad y asesor del GTANW.

*Lee aquí el informe toxicológico y epidemiológico:

Informe-Toxicológico-y-Epidemiológico-del-MINSA-para-Cuatro-Cuencas