Un nuevo derrame en medio de la pandemia incrementa la vulnerabilidad de territorio Kichwa
En medio de la emergencia por el Covid-19 desde la base petrolera de San Jacinto en la comunidad Kichwa Doce de Octubre, cuenca del río Tigre, la apu Rosa Dahua junto con Hilda Chung y John García, monitores ambientales de la Federación indígena OPIKAFPE, han alertado sobre un nuevo derrame en instalaciones abandonadas por Frontera Energy desde mediados de febrero.
Nuevamente el peligro de que el crudo corra por las aguas del río Tigre pone en tensión a la población que tantas veces ha estado expuesta al petróleo que proviene de los derrames de ductos del Lote 192, actualmente administrado por la empresa Frontera Energy del Perú S.A.
Fotografía de la base petrolera de San Jacinto, coordenadas 0403626 9744302.
A la fecha se han reportado tres puntos de fuga en la base de San Jacinto; la primera se ubica en el tanque de almacenamiento 1405 que al no contar con un cerrado adecuado se encuentra expuesto a las lluvias impidiendo contener el rebalso del crudo. En la misma base se halló una fuga en una tubería de 2 pulgas que ha afectado un área aproximada de 20×10 m2; y, por último, el derrame del Sump tank 1419 ocasionado, también por el rebalse del hidrocarburo. La preocupación principal de la población es debido a las constantes lluvias que pueden extender el crudo hacia las quebradas de Curayacu que se encuentra a 100m de la base y que alimenta a la quebrada de Piedra Negra que a su vez llega hasta la cuenca del río Tigre.
Ante el suceso, ocurrido el martes 21 de abril, la federación OPIKAFPE hizo la denuncia ante el OEFA para que inicie las acciones correspondientes de supervisión. A través de una comunicación con Frontera Energy, el OEFA constató la inacción de la empresa quien se excusó alegando un supuesto bloqueo por parte de las comunidades hacia las instalaciones afectadas. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por parte de la población de Doce de Octubre cuyas autoridades alertaron previamente a la empresa sobre la fuga, exigiendo además que se tomen acciones para evitar que el derrame continúe y alcance las fuentes de agua. La empresa tiene pleno conocimiento de que las vías para llegar a la base San Jacinto están libres y bajo control de las fuerzas armadas, asimismo Frontera tiene los medios para llegar a dicha base mediante helicóptero o vía fluvial por el río Tigre – rutas alternativas que se usan constantemente cuando la carretera hacia San Jacinto queda sin uso por las condiciones climáticas durante cinco o seis meses al año.
Otra de las escusas por parte de la empresa fue el supuesto bloqueo de la carretera que lleva a San Jacinto por parte de una comunidad achuar debido a los incumplimientos de acuerdos asumidos por Frontera Energy, hecho que ha sido desmentido por las comunidades de la zona. Luego de 12 días del inicio de la fuga, la cual pone en peligro la salud de las comunidades aledañas, Frontera Energy no ha puesto en marcha el plan de contingencia que está obligado a implentar de acuerdo a las normas ambientales, mientras el petróleo avanza hacia los cuerpos de agua de los que se abastece la comunidad Doce de Octubre.
Comuneros y comuneras exigen que la emergencia del COVID-19 se maneje en paralelo con la atención ambiental, ya que por la grave contaminación del lote se encuentran expuestas a un doble riesgo que incrementan su vulnerabilidad y reducen sus posibilidades de combatir el Coronavirus. Hasta el momento, OEFA y OSINERGMIN siguen coordinando con el MININTER el ingreso a los territorios para la correcta fiscalización de los derrames, pero sin resultados concretos. Mientras tanto Frontera Energy sigue culpando a las comunidades de supuestos bloqueos, lo que demuestra su falta de voluntad para atender las afectaciones que son producto de sus malas prácticas mecanismos para evitar sus responsabilidades ambientales y sociales.
Fotografía de la base petrolera de San Jacinto donde se observa infraestructuras petrolera en abandono.
La federación OPIKAFPE y sus comunidades indígenas exigen a las autoridades de supervisión y fiscalización la inmediata intervención y la participación en sus próximos ingresos para atender el derrame. De igual forma, exige que la empresa petrolera tenga protocolos de acción en el marco de la pandemia del COVID-19. El derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, son inseparables y deben respetarse durante el Estado de Emergencia.
ÚLTIMA INFORMACIÓN
Desde la comunidad Doce de Octubre, sin previa información con las autoridades comunales, un grupo de militares quiere acercarse a la zona del derrame para realizar una limpieza del sitio cuando el incidente aún no ha sido verificado por OEFA. La organización OPIKAFPE alerta de esta situación y esta incursión, donde las fuerzas militares sustituyen las funciones de entes especializados en limpieza y remediación de derrames de petróleo. Durante el contexto de emergencia no debe reducirse el estándar de atención y gestión ambiental, las autoridades públicas deben actuar con responsabilidad y celeridad pues ya van más de 11 días desde el primer derrame y hasta ahora no existen rutas ni protocolos claros de atención.