Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Pueblos Indígenas de Loreto y Amazonas expusieron sus demandas sobre afectaciones en salud por metales pesados e hidrocarburos

PUINAMUDT 10/11/18.- El pasado 4 de diciembre se realizó en Lima el Foro Metales Pesados, Hidrocarburos y Situación en Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos. Este foro tuvo como objetivo principal visibilizar los casos de afectación por metales pesados e hidrocarburos de los pueblos indígenas Quechua, Achuar, Kichwa y Kukama de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en Loreto, afectados por la actividad petrolera desde hace 48 años, así como el caso del pueblo Awajún de Chiriaco, en Amazonas, afectado por un derrame de crudo del Oleoducto Nor-peruano sucedido en 2016.
El foro no sólo contó con la presencia de los y las representantes indígenas, quienes expusieron sus casos, demandas y propuestas, sino también asistieron representantes del Ministerio de Salud, del Congreso de la República, de la Defensoría del Pueblo y representantes de instituciones de la sociedad civil.
Uno de los principales cuestionamientos presentados por los representantes indígenas fue el rol del Estado para garantizar sus derechos básicos mientras continúa beneficiándose de los ingresos de la actividad petrolera.
“Nos hemos dado cuenta que el Estado peruano tiene a la empresa petrolera como un padrino, como un aliado, les garantiza a ellos pero no a los Pueblos Indígenas”, menciona el apu Carlos Sandi, presidente de la federación achuar FECONACOR.  “El Estado permite la destrucción de nuestro territorio con el cuento del desarrollo. Ese cuento es una mentira. La extracción petrolera no trae desarrollo, trae más pobreza, enfermedades, contaminación, muerte”, culmina.

Al respecto, Conrado Olivera, representante de la ONG Manos Unidas y vocero para el evento de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que la salud también es un indicador del grado de condición y dignidad humana que deben ser garantizadas para los pueblos; y que en este sentido “es importante tener en cuenta el grado de poder económico de determinados sectores que influyen en las acciones o no acciones para la atención en salud”.
Tanto en Chiriaco como en las Cuatro Cuencas, las personas viven expuestas a niveles de metales pesados por encima de lo recomendado para la salud. En el caso de las Cuatro Cuencas, los resultados de un Estudio Toxicológico realizado por el Instituto Nacional de Salud dan cuenta de que son sobre todo niños y niñas los más afectados por Plomo y Bario, por mencionar algunos. En el caso de Chiriaco, la exposición a sustancias tóxicas se vio agravada por los trabajos de limpieza que se realizaron; luego del derrame de 2016, la empresa Petroperú permitió que pobladores, entre ellos niños, niñas y adolescentes, recogieran petróleo sin protección adecuada. Un estudio toxicológico hecho por una entidad privada, encontró presencia de metales pesados en las muestras de sangre y orina de 25 niños y niñas de las comunidades afectadas.
Es por eso que la plataforma de demandas de Cuatro Cuencas y Chiriaco contempla como primera exigencia a nivel nacional la implementación de una política nacional de salud que desarrolle los lineamientos de la política sectorial de atención por metales pesados, garantizando: presupuesto, capacidad del personal que realiza la atención, y rendición de cuentas; todo ello con enfoque intercultural y participación de los pueblos indígenas.

“Los ríos y las chacras son nuestro mercado, y ahora que están contaminados ¿Cómo podemos alimentar a nuestros hijos? ¿Cómo van a crecer saludables si se alimentan de pescados contaminados?”, menciona Yanua Yampis, lideresa awajún de la comunidad de Nazareth.
La situación es la misma para las Cuatro Cuencas. Ermilda Tapuy, madre Indígena kichwa de OPIKAFPE, expresa su preocupación puesto que tanto el sustento económico como alimenticio para su familia se ha visto afectado tras décadas de contaminación petrolera. “Mis cosechas de papaya y cocona ya no son buenas. Los productos como el plátano y la yuca se quedan a medio crecer y mueren; desde la raíz se pudren. Así como mis sembríos mueren, quizá también morirán mis hijos sin conocer el desarrollo”, expresa.
Por su parte, el Jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, José Bernablé, expuso el marco normativo que rige al sector respecto a la atención por metales pesados y resumió las acciones planificadas para el año 2019 en la zona. Cabe resaltar que dichas acciones se encuentran, en el caso de las Cuatro Cuencas, enmarcadas en el Plan de Salud de Cuatro Cuencas que surge como parte de los compromisos que hizo el Estado Peruano en el acta de Lima de 2015 y que, en teoría, es desarrollado cada año con participación de las federaciones, por lo que lo expuesto por el delegado del MINSA no fue novedoso y, sobre todo, no dio respuesta alguna a las demandas de acciones concretas frente a la problemática de exposición a metales pesados.
Respecto a las acciones del Ministerio de Salud, América Arias, de la ONG Acción Contra el Hambre, hizo duras críticas a la forma en que el sector salud plantea sus acciones de atención e interviene en los territorios indígenas. Señaló, entre otras cosas, la falta de coordinación con las comunidades y sus autoridades, tanto para hacer un diagnóstico de sus necesidades, como la forma en que serán atendidas.
Norberto Wamputsag, apu de la comunidad awajún de Nazareth, y el asesor legal del caso Chiriaco, Héctor Rodríguez, señalan que en Amazonas la atención brindada tanto por el MINSA como por DIRESA ha sido insuficiente, pero que esperan que tras la reciente sentencia dada por el Juzgado de Bagua a su favor y que obliga a ambos a brindar atención especializada e inmediata a las comunidades, la situación cambie.

Por otro lado, Dulce Morán, representante de la Defensoría del Pueblo, también señaló las deficiencias del sector salud y otras áreas del gobierno para dar atención a esta problemática, e hizo hincapié en la necesidad de una política de atención integral que sea multisectorial. “Se han aprobado los lineamientos, pero esa no es una política integral”, dijo. Además, señaló que los constantes tropiezos de funcionarios, funcionarias y delegaciones destinadas a la atención en campo han contribuido a incrementar la desconfianza de la población local hacia el sector público.
“Es lamentable tener que seguir hablando del mismo tema en distintos escenarios y con distintos ministerios para que al final, no hay atención y no hay solución”, menciona el apu Carlos Sandi, presidente de FECONACOR. A esto, el apu Alfonso López, presidente de la federación kukama ACODECOSPAT, añade “el Estado no quiere reconocer que la vida en la Amazonía tiene valor. Ya hemos demostrado que estamos afectados, ¿qué más evidencia necesitan para trabajar estos temas?”.
Tal y como mencionan en su plataforma de demandas, los pueblos no sólo exigen que se les garantice su derecho a la salud, sino que también se respete su derecho a la autodeterminación y a decidir sobre su propio desarrollo.
“¿Les parece justo que a un pueblo se le deba contaminar para que otras ciudades puedan seguir desarrollando?”, menciona el apu Aurelio Chino, presidente de la federación quechua FEDIQUEP. “Mientras sigamos vivos, los pueblos indígenas vamos a luchar por nuestro territorio sin contaminación”, culmina.