PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ANUNCIO DE PARALIZACIÓN DEL CIRCUITO PETROLERO
Las federaciones de la plataforma de Pueblos indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios PUINAMUDT, conformada por la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico Fronterizo de Perú-Ecuador OPIKAFPE, Federación Indígena Quechua del Pastaza FEDIQUEP, Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca Corrientes FECONACOR y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca ACODECOSPAT, quienes representamos a 101 comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón afectadas por la actividad petrolera en los lotes 8, 192 y el oleoducto norperuano en sus territorios, nos pronunciamos sobre el anuncio de un grupo de dirigentes indígenas gravemente cuestionados sobre la paralización del circuito petrolero. Ante ello, aclaramos:1. Nosotros somos federaciones pertenecientes a AIDESEP y a sus bases regionales ORPIO y CORPI-San Lorenzo. Desde 2011 venimos trabajando en la plataforma PUINAMUDT y hemos logrado no sólo importantes compromisos con el Estado peruano en la lucha por nuestros derechos, sino también cambios en políticas públicas que han permitido establecer mayor rigurosidad a las operaciones del las empresas petroleras a nivel nacional. Nuestro trabajo es de seriedad y siempre está en coherencia a la lucha de los derechos de nuestros pueblos.
2. Desde nuestras organizaciones hemos apostado siempre por el diálogo con el Estado y por el trabajo en articulación que ha hecho que nuestras propuestas sean realizadas, a pesar de las muchas trabas que el Estado colonial y paternalista nos ha puesto en el camino. Así, hemos logrado recientemente, asegurar un fondo para la remediación ambiental de 32 sitios contaminados en el lote 192 y estamos realizando con el Fondo Nacional del Ambiente planes de rehabilitación para sitios contaminados en la reserva del Pacaya Samiria. Debido a este logro de nuestras federaciones, personas inescrupulosas están difamando a nuestros dirigentes y acusándolos de lucrar con este fondo para la remediación.
3. Hemos logrado comprometer al Ministerio de Salud y a la Presidencia del Consejo de Ministros a diseñar e implementar un Plan de Atención Especial para personas afectadas por metales tóxicos, a raíz de la audiencia que sostuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema. Sin embargo, como es lamentablemente usual en el estado, en los últimos meses de cambios en el sector salud, la actual gestión no ha respondido a su compromiso.
4. Actualmente, la empresa Frontera Energy sigue operando el lote 192 pero su contrato debe terminar dentro de los siguientes 6 meses. Las federaciones estamos preocupadas porque dicha empresa no ha presentado su plan de abandono que establezca y asegure los recursos para la remediación de todos los sitios que ha contaminado por las más de 70 emergencias ambientales reportadas por OEFA.
5. Durante los meses de noviembre y diciembre, se registraron 4 derrames de petróleo en el lote 192 por los cuales Frontera debe responder. El último de ellos fue en territorio de la comunidad de Nuevo Andoas y comuneros exigen la respectiva compensación por los daños. Los comuneros denuncian que la empresa no tiene disposición al diálogo para ello, y que además ha iniciado una campaña de difamación en territorio aduciendo que dicho derrame fue ocasionado por un corte. Por ello, la comunidad de Nuevo Andoas ha decidido emprender una medida de lucha que ha paralizado en bombeo de petróleo en el lote y también el transporte por vía aérea tras la toma del aeródromo. Denuncian además que los trabajadores de la empresa están teniendo un comportamiento hostil hacia la población, con la intención de hacer escalar el conflicto y acusar a la población de violenta y beligerante.
6. Esta empresa y su irresponsabilidad ambiental han afectado incluso a comunidades fuera del lote que opera. Tal es el caso de las comunidades del bajo río Corrientes como San José de Nueva Esperanza y Santa Rosa, entre otras más, que también se vieron afectadas por el derrame en Bahía Jibaro del 23 de noviembre de 2019 en el lote 192. La empresa Frontera Energy no quiere hacerse responsable de los daños ocasionados a dichas comunidades ya que se encuentran fuera del lote. Sin embargo, el derrame fue de gran envergadura y dañó toda la cuenca del río, no sólo el área del lote 192. Por ello, dos comunidades se vieron forzadas a tomar medidas de fuerza frenando una embarcación de la empresa Pluspetrol (que opera el lote 8, superpuesto a sus territorios) y otra de transporte público. Por ello:1. Rechazamos el anuncio de paro del circuito petrolero de un grupo de supuestos dirigentes indígenas. Nuestras 101 comunidades no acatarán dicho llamado a movilización que carece de una verdadera y sustanciosa agenda de lucha. No apañaremos las ansias de figuretismo de personas mal intencionadas que viven de cortinas de humo.
2. Reiteramos nuestro compromiso al diálogo con el Estado, pero advertimos que el Estado debe respetarnos y que, tal y como se lo hemos hecho saber en distintas comunicaciones, debe cumplir con nuestras condiciones mínimas.
3. Aclaramos que el logro de la trasferencia del Fondo de 183 millones de soles para la remediación se enmarca en la ley 30321,ley que conseguimos a partir del compromiso con el Estado en el acta de 10 de Marzo de 2015, y que establece una junta administrativa para su gestión, junta cuya secretaría técnica está a cargo del FONAM, y de la que forman parte nuestras federaciones y otras instituciones del Estado como el Ministerio del Ambiente. Rechazamos los intentos de desprestigio hacia nuestros dirigentes, y reiteramos nuestro compromiso de vigilancia en este proceso para asegurarnos que la remediación ambiental en nuestros territorios se realice de manera adecuada.
4. Estamos siendo pacientes esperando la respuesta del Viceministro de Gobernanza y de la Ministra de Salud para retomar la agenda urgente de atención especial a afectados y afectadas por metales tóxicos. Les advertimos que, como ya lo hemos hecho, no dudaremos en acudir a instancias internacionales para lograr la atención a nuestras demandas de salud y ambiente sano.
5. Advertimos a la opinión pública de las alianzas que desde el 2015 sostienen el sector petrolero, el Ministerio de Energía y Minas, el candidato al congreso y ex gobernador regional Fernando Melendez, y aquellos pseudo dirigentes indígenas loretanos que llaman al paro. Esta alianza les sirvió en 2015 para movilizarse a favor de la ley que otorgó, sin el consentimiento de los pueblos, la concesión del lote 192 a Petroperú, a cambio seguramente de beneficios monetarios y tratos especiales con el Estado. Hoy, este falso escenario de protesta en el llamado circuito petrolero, donde estos dirigentes no tienen ni presencia ni representatividad, sirve a fines políticos de terceros en este contexto de elecciones congresales, así como contribuye a las estrategias comunicacionales racistas de las empresas que pretenden criminalizar nuestras luchas e invalidar nuestras demandas. Las federaciones de las cuatro cuencas NO serviremos a los propósitos del gremio petrolero, ni a los intereses inconsultos, discriminadores e inescrupulosos del Estado, ni mucho menos a las pretenciones políticas de corruptos.
6. Aclaramos que la acción de protesta y paralización emprendida por la comunidad Nuevo Andoas NO GUARDA relación con el paro convocado por un grupo de dirigentes desde Iquitos. La medida de lucha en Nuevo Andoas responde al conflicto que ha venido escalando con la empresa Frontera Energy a raiz del derrame del 1 de diciembre en el territorio de dicha comunidad. Esta medida de lucha es pacífica, pero llamamos a la atención de la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Gobernanza y a la opinión pública a estar alertas ante las consecuencias que las provocaciones de los trabajadores de la empresa Frontera puedan generar.
7. Exigimos que la empresa Frontera Energy se haga cargo del daño ocasionado fuera del lote 192 en el río Corrientes a raíz del derrame en Bahía Jibaro del 23 de noviembre de 2019.
Nuestra lucha y trabajo va más allá de fines políticos, se trata de una lucha por los derechos humanos de la población indígena amazónica. Por ello, no permitiremos que se siga manipulando nuestra lucha frente a la opinión pública para favorecer intereses empresariales, monetarios y políticos.