Pluspetrol: el vicio de evadir responsabilidades ambientales y afectar la vida de las personas en el lote 1AB
PUINAMUDT, 24/10/2018.- Al norte de la región Loreto, en Perú, hallamos una de las historias más tristes e indignantes de contaminación petrolera en el bosque amazónico. Estos bosques corresponden a territorios ancestrales de pueblos indígenas, los cuales conviven hace casi 50 años con una actividad extractiva que genera conflictos, terribles impactos ambientales y una serie de vulneraciones de derechos. Achuares del río Corrientes, Quechuas del río Pastaza y Kichwas del río Tigre, hoy solicitan tu ayuda para enfrentar uno de los problemas más complejos y grandes de esta historia.
El escenario de los hechos es el lote petrolero 1AB, que existió entre los años 1971 y 2015 (la actividad petrolera en la zona continúa, pero bajo el nombre de Lote 192), ocupó el territorio de 19 comunidades indígenas, con una población total aproximada de 5 mil personas. El lote fue operado por dos empresas: primero, Occidental Petroleum Company (OXY) hasta poco más del año 1999; luego ingresó la Pluspetrol Norte, que recibió el lote directamente de la anterior operadora en una suerte de traspaso entre empresas privadas (cuando se producía algo más de 36 mil barriles diarios). Dado que no se trataba de una nueva concesión sino de una cesión de posición contractual entre privados, Pluspetrol heredó todo lo que había dejado OXY en el lote y esto, de acuerdo a la ley y al contrato, incluye también todos los daños ambientales.
Pluspetrol es la protagonista principal de esta historia. Responsable de operaciones desde el año 2000, mantuvo las mismas malas prácitcas ambientales que su predecesora. Prácticas que han sido denunciadas durante años por comunidades, federaciones indígenas y diversas instituciones. Además de estos actores, la Relatora de Pueblos Indígenas y el Relator de Desechos tóxicos de Naciones Unidas han intervenido directamente en el caso urgiendo al Estado a que garantice la remediación ambiental antes de que sigan las operaciones petroleras en el lote. El accionar socioambiental de Pluspetrol es fuertemente cuestionado porque no ha respetado normas e incluso ha dañado profundamente el bosque, sus ríos y la vida en las comunidades. Solo para mencionar algunos ejemplos de su pésimo desempeño, recordamos que Pluspetrol drenó y arruinó ecosistemas enteros en lagunas como Shanshococha (más de 2 mil metros cuadrados) o Ushpayacu (más de 200 mil metros cuadrados); vertió aguas altamente saladas de producción en ríos y quebradas, letales para peces y la vida acuática (en 2006 llegó a verter más de 800 mil barriles por día); usó por años infraestructura vieja sin invertir en mantenimiento, permitiendo reiterados derrames en pozos y oleoductos; deforestó grandes áreas de bosque para habilitar canteras e infraestructura (más de 2 mil hectáreas deforestadas aprox.), incluso destruyendo zonas de importancia sociocultural como un cementerio achuar o colpas (zonas de alimentación animal y caza); incumplió sus propios Instrumentos de Gestión Ambiental, alteró ecosistemas frágiles, entre tantas cosas más.
Un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que en los 44 años del lote 1AB no se hicieron acciones de remediación ambiental efectivas y, agrega, algunas de las que se hicieron con esos fines fueron incluso contraproducentes. ¿Te imaginas esta grave situación? Son muchas y grandes áreas contaminadas, donde el petróleo y sus derivados se instalan en ríos, suelos, quebradas y lagos que son fuente de alimentación de animales. La misma empresa Pluspetrol ha identificado 2014 sitios impactados; al tiempo que la autoridad ambiental OEFA va descubriendo otros más (más 100 nuevos sitios).
¿Cómo enfrentar este daño generalizado? La remediación de todo eso es responsabilidad de Pluspetrol; así lo han determinado el OEFA y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). El problema es que Pluspetrol no quiere hacerse cargo de los 1199 sitios, tan solo pretende asumir 49, pese a que la autoridad ambiental le ha responsabilizado de todo.
Pluspetrol concluyó sus operaciones en el 1AB en agosto del año 2015. En Perú, cuando una empresa petrolera se retira de un lote debe presentar un Plan de Abandono, documento oficial que contiene una serie de acciones para que la zona donde se operó regrese a condiciones similares a las que había antes del inicio de explotación. Hasta ahora el Lote 1AB no tiene Plan de Abandono (el MINEM no lo ha aprobado) pues Pluspetrol no quiere asumir toda su responsabilidad en el área. Ya son tres años desde que se fue la empresa del lote, y la contaminación petrolera sigue habitando sin contención sobre bosques y territorios indígenas.
Desde que el Estado ha intervenido para exigirle que remedie los impactos ambientales (antes y después de dejar el lote) la empresa se ha dedicado a judicializar multas, informes ambientales y otras medidas interpuestas por las autoridades para obligarla a cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, en 2014 interpuso una medida cautelar (en un juzgado civil de Loreto) a un informe del OEFA, el cual le señalaba sus incumplimientos ambientales y el marco jurídico para su atención; asimismo, en el Lote 8 (lote donde aún opera Pluspetrol) abrió otro juicio para no cumplir un Instrumento de Gestión Ambiental que la propia empresa había preparado. Pero no sólo eso, una investigación periodística de la web Ojo Público reveló en 2016 que Pluspetrol judicializaba multas ambientales que ascendían a 40 millones de soles (Pluspetrol es una de las dos empresas más deudoras al fisco nacional). En muchos de estos casos, la empresa ha ganado los procesos judiciales abiertos al Estado peruano, con lo cual redujo sus responsabilidades, intervenciones y sanciones. A lo ya conocido, habría que sumar los recientes hechos trascendidos que señalan que Pluspetrol habría abierto nuevamente dos procesos judiciales al OEFA para limpiarse de toda responsabilidad del Lote 1AB.
Las comunidades y federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT han exigido al Estado acciones y garantías para que esta vez la historia no se repita y se asegure justicia y remediación ambiental; que la empresa que tanto se benefició económicamente por la producción en el lote, ahora cumpla plenamente su responsabilidad. Es obligación del Estado garantizarlo, pero la ciudadanía también puede y debe actuar. Además, si la empresa no se hace cargo, van a terminar siendo los impuestos de los ciudadanos peruanos los que tengan que cubrir los altos costos de la remediación pues el Estado tendrá que garantizar a las comunidades indígenas un ambiente sano y la protección de sus derechos humanos más básicos.
Esta vez, las comunidades y federaciones indígenas se dirigen a ti mediante una campaña para que desde la ciudadanía expresemos nuestra indignación y exijamos que Pluspetrol se haga cargo de la contaminación. Súmate a la campaña y ayuda a que no se repita la misma historia de negligencia e impunidad, de daño a los territorios indígenas y al bosque amazónico.
Accede a la campaña haciendo click aquí: #Pluspetrol #LimpiaYa