Nueva consulta, viejas trampas
Por Aymara León
Las federaciones y comunidades indígenas del Lote 192 trabajan, mediante el diálogo y la firmeza de sus pueblos, para que el Estado lleve a cabo una adecuada Consulta Previa que garantice sus derechos.
Luego de tres reuniones preparatorias entre el Estado con las federaciones indígenas del PUINAMUDT[1], quienes representan a la mayoría de comunidades en el Lote 192, en el mes de junio se dieron inicio a los talleres informativos de la Consulta Previa, la cual definirá los acuerdos con el Estado para los siguientes 30 o 40 años de explotación petrolera en su territorio. Dichos talleres tienen la finalidad exponer ante la población el proceso de la Consulta, la medida que se va a consultar (el Decreto Supremo y el contrato) y las afectaciones que esta medida tendrá en sus vidas y territorios.
“Es muy doloroso… recién están enseñando estas cosas. Antes nos han marginado. Recién por la lucha y viajes de autoridades a Lima. Ahora nosotras como madres y mujeres nos estamos levantando. Pero antes no. No tengo estudios, pero estoy aprendiendo. Estado y empresa han vulnerado nuestros derechos, pero por fin ha llegado la oportunidad de sentarnos a conversar” – Madre indígena de OPIKAFPE, Ermilda Tapuy.
En la comunidad achuar de José Olaya el Estado y las federaciones indígenas establecieron un cronograma para realizar los talleres informativos en un Plan de Consulta sui géneris que recogió gran parte de las demandas de los pueblos[2]. Para dichas jornadas las federaciones presentaron un pliego de preguntas que consideraban importantes que se discutan a fines de que la población cuente con toda la información necesaria para tomar decisiones y demandar acciones frente a las siguientes décadas de explotación petrolera. Sin embargo, el Estado llegó a las comunidades con un programa de doce puntos que no abarcaban en su totalidad los temas planteados por las federaciones. Asimismo, a lo largo de los talleres se han evidenciado otras graves deficiencias, y de acciones de mala fe que han alertado a los pueblos ante la posibilidad de un nuevo fraude como lo fue la consulta previa en el 2015.
Durante el desarrollo de los talleres informativos las comuneras y comuneros fueron planteando sus inquietudes, reclamos, propuestas y comentarios a las comitivas estatales respecto a temas de salud, de la situación actual del lote, etc. Sin embargo, la falta de una adecuada preparación y coordinaciones de parte del Estado llevó a que estas no puedan ser respondidas, dejando a la población sin la información necesaria como correspondería en dicha etapa. Un factor clave que influyó en la incapacidad de responder a la población, y que fue motivo de fuertes y constantes reclamos por parte de la misma, fue la ausencia de funcionarios/as de entidades claves para el proceso[3]. Del mismo modo, generó un profundo malestar que a cada sesión informativa asistieran distintos funcionarios/as que no estaban informados/as de lo avanzado en las sesiones anteriores, ni de las preguntas que quedaron pendientes y que se habían comprometido a resolver, incluso en los casos en los que las comunidades entregaron por escrito las preguntas pendientes.
En las tres cuencas una demanda trascendental fue la presencia del sector salud (MINSA y DIRESA) para dar cuenta de las afectaciones que 40 años más de actividad petrolera traería a sus comunidades, así como para explicar las afectaciones que los 50 años previos[4] han causado y las acciones que se van a tomar al respecto. En ese sentido, las pobladoras y pobladores exigieron que se dé cuenta de los resultados del estudio Toxicológico y Epidemiológico en las Cuatro Cuencas[5] que demuestra la presencia de metales pesados en sangre de la población indígena del lote. Como señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2007 para el caso Saramaka vs. Suriname un componente fundamental para tener una real Consulta Previa es que se brinde a los pueblos información sobre las posibles afectaciones a sus derechos colectivos para que se pueda tomar una decisión informada[6]. Muy por el contrario, en los talleres de consulta realizados el tema de las afectaciones fue puesto en el último lugar del programa y fue desarrollado en menos de 20 minutos por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, de manera sumamente vaga y sin la información pertinente. Por ejemplo, no fue usado el cuadro de posibles afectaciones que forma parte de los anexos del Plan de Consulta en el cual se señala con mayor detalle las actividades de cada una de las actividades de hidrocarburos y los impactos respectivos (la cual fue trabajada por las federaciones y su equipo técnico). En algunos casos, la exposición se redujo a nombrar unos pocos derechos colectivos que serían afectados, sin detallar qué actividades los afectarían, cómo se afectarían ni qué medidas se tomarían para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.
“Queremos que en términos comunes nos expliquen. No queremos esperar a nosotros ver que pasan algo por algo, tienen que explicar desde el inicio” “Queremos saber cómo va a responder el Estado a las afectaciones. Después de 40 años queremos saber cómo van a atender. No estamos hablando de un año, estamos hablando de 30 años, estamos jugando con nuestras vidas” – Presidente de la comunidad de Cáceres, Robinson Sandi.
El Estado peruano pretendió dar cierre así, sin cumplir con los estándares mínimos para una Consulta Previa, y con una serie de interrogantes y cuestionamientos sin responder, la etapa informativa. Sin embargo, por presión de las comunidades – en el caso del Pastaza se decidió cancelar los dos talleres informativos al ver que la comitiva del Estado llegaba sin funcionarias/os que pudiesen dar la información completa para el proceso – y de sus representantes, se ha logrado tener el compromiso oral del MINEM para tener un último taller informativo en cada cuenca en la que esté personal del sector salud y de los demás sectores pertinentes.
Otra grave falencia del Estado en esta etapa informativa de la Consulta Previa ha sido la falta de herramientas y metodologías interculturales. La mayoría de funcionarios y funcionarias que se hicieron presentes en las comunidades manejan un registro predominantemente técnico y burocrático y no se prepararon de manera adecuada – o no tuvieron la intención de – para adaptar sus presentaciones en un lenguaje para que hubiera una mejor comprensión de lo explicado. Esta situación, entre otras, evidencian el rol precario que cumple el Ministerio de Cultura en el proceso, quien formalmente es el ente que debe brindar asistencia técnica en aras de cumplir con un desarrollo adecuado e intercultural de la consulta. Ante el cuestionamiento sobre este tema, algunos funcionarios del sector señalaron que cumplieron con su función al enviar oficios a los sectores con recomendaciones para su desempeño en los talleres informativos. Asimismo, cuando las comunidades quisieron apoyarse en esta entidad para garantizar que las demás instituciones estatales tengan una buena intervención en la consulta se señaló que el Ministerio de Cultura “solo garantiza el proceso de consulta previa, y que cada entidad tiene la obligación de que los acuerdos se cumplan”[7].
Este rol reducido del Ministerio de Cultura, ente rector de la consulta previa llevó a que la fiscalización del desempeño de los y las funcionarias en las comunidades recaiga sobre los mismos comuneros y comuneras, sus autoridades y su equipo técnico. Es así que muchas veces se tuvo que intervenir ante explicaciones a medias, tendenciosas o maquilladas. Siendo la etapa informativa del Proceso de Consulta Previa el momento para que la población pueda recibir la información que les permita reflexionar sobre todas las aristas que la concesión por 40 años implica, es inaceptable que ocurran este tipo prácticas. Al parecer, la ausencia de entes estatales que efectivamente cumplan un rol de supervisión y el imaginario sobre los pueblos indígenas como personas con menor capacidad de comprender temas ambientales, contractuales, etc., da la apertura a algunos funcionarios/as para omitir ciertos aspectos relevantes. Del mismo modo, la falta de una memoria o acta oficial de lo discutido deja a la población sin un sustento concreto con el cual reclamar los acuerdos a los cuales se han llegado (por ejemplo sobre información que se debe brindar en los siguientes talleres), y sin los cuales advertir de la información incompleta que se ha brindado. El no contar con un documento que sintetice lo explicado genera también que en la etapa de la evaluación interna no se cuente con el material de apoyo para discutir los puntos que son de su interés o preocupación que fueron mencionados en la etapa informativa.
Finalmente, un desatino del Estado, que demuestra su falta de comprensión de la realidad que han atravesado los pueblos a lo largo de 50 años de explotación petrolera es el llevar como representantes estatales a ex trabajadores de una empresa que operó el lote y que causó severos impactos sociales y ambientales: Pluspetrol. Como lo expresó el Vice Presidente de OPIKAFPE, “Algunos de los funcionarios ahora de Perupetro son ex de la petrolera, de la Plus. Ellos han defendido a capa y espada a la Plus y son ellos quienes han contaminado nuestro territorio y ahora están en el Estado”. ¿Cómo se pretende construir una relación y un proceso de confianza si no se comprende la experiencia y el dolor que han vivido estas comunidades, llevando a personas que han representado a quienes han causado impactos irreversibles en su territorio? Sin duda, otra muestra de la falta de criterios interculturales – ¿y desinterés? – del Estado para vincularse con los pueblos. Para terminar de meter el dedo el la herida, el Estado acaba de designar a Ángela Acevedo como Viceministra de Interculturalidad, aún cuando ella jugó un rol muy cuestionable en el proceso de consulta del 2015 con estas mismas federaciones, avalando el cierre fraudulento que tuvo el proceso.
En suma, la ausencia de algunos
sectores cruciales para dar cuenta de las afectaciones que la explotación de
hidrocarburos va a traer, la falta de interculturalidad en las explicaciones,
la falta de coordinaciones internas y la ausencia de un ente realmente
fiscalizador en los talleres, sumado al hecho de que producto no se redacten actas o memorias
que sintetizando lo expuesto, las preocupaciones/dudas y propuestas de las
comunidades, han llevado a una etapa informativa irregular, que no ha cumplido
a cabalidad con sus objetivos, y que ha intensificado la alerta de los pueblos
ante un nuevo fraude. Es importante recordar que todos estos obstáculos y
vicios fueron ya denunciados por los pueblos, en el proceso de consulta previa
del 2015 de este mismo lote, los cuales han sido sintetizados en el libro “Sin
Derechos no hay Consulta” (Okamoto y Zúñiga, 2019)[8].
Por estos hechos, es de gran importancia de la vigilancia del resto de la
ciudadanía, de la Defensoría del Pueblo, de la Presidencia de Consejo de Ministros
y de entes internacionales sobre las siguientes etapas de la consulta previa,
para acompañar y respaldar a los pueblos en su búsqueda de un diálogo
intercultural, justo y que realmente lleve a acuerdos que respeten sus
derechos.
[1] La plataforma PUINAMUDT agrupa a la federación Quechua – FEDIQUEP, Achuar – FECONACOR, Kichwa – OPIKAFPE, y Kukama – ACODECOSPAT (esta última no está en el Lote 192 por lo cual solo estará como acompañante en la etapa de diálogo interno de la consulta previa). El proceso de diálogo de esta plataforma con el Estado empieza en año 2011, a lo largo de estos años se han arribado a una serie de acuerdos relacionados a temas de salud, remediación, educación, etc. Estos han sido plasmados en cuatro actas: Acta de Lima, Teniente López, Olaya y Andoas), a pesar de lo cual muchos aún no se han cumplido y son cruciales para garantizar los derechos de estos pueblos.
[2] Para conocer más sobre el Plan de Consulta ver: https://observatoriopetrolero.org/con-la-fuerza-de-los-pueblos-energia-y-minas-accede-a-condiciones-exigidas-por-federaciones-indigenas-para-consulta-previa-del-lote-192/
[3] Como el MINAGRI, MINSA, DIRESA, ANA, etc.
[4] Para conocer más sobre los daños causados en el Lote 1AB (ahora 192) ver “El daño no se olvida” (Doyle y Campanario, 2017): https://observatoriopetrolero.org/libro-el-dano-no-se-olvida/
[5] Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.
[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007). Caso de Pueblo Saramaka vs. Suriname, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de, 28.
[7] Informe de asesora técnica de federación FEDIQUEP que acompañó taller informativo en Titiyacu – Pastaza.
[8] https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/sin-derechos-no-hay-consulta