Discursos petroleros vs. Realidad ambiental e intercultural
False face must hide what the false heart don’t know
William Shakespeare, Macbeth
Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta, que se extingan de una vez del planeta…
Rebecca Lane, Reina del Caos
Por Mario Zúñiga y Aymara León
Se vende cotidianamente en los medios de comunicación la consigna de las actividades extractivas “con un rostro humano”. Efectivamente, a las mineras y petroleras les gusta ponerse una máscara y alardear de sus actividades de “responsabilidad social”, de los beneficios y el “desarrollo” que traen al país. Sin embargo, ese falso rostro humano esconde una historia y un presente de contaminación y vulneraciones de derechos; y lo esconden bajo una serie de discursos que repiten hasta el cansancio, a diestra y siniestra, hasta que los instalan en el sentido común. El verdadero rostro de las extractivas es uno, no humano, sino jurásico, construido sobre prácticas, relaciones e institucionalidades arcaicas que deben desenmascararse y transformarse. En ese sentido, el presente artículo presenta los seis discursos más usados por las empresas petroleras para justificar sus operaciones. Los tres primeros para ensalzar los resultados de sus actividades, y los tres siguientes para proyectar los efectos perversos de la misma actividad sobre las comunidades indígenas.
Lo bueno para el petrolero: las petroleras y el petróleo
Beneficios vs. contaminación
El primer discurso de empecinada positividad, es el de los beneficios petroleros. Este discurso, se ha convertido en un mantra de auto-convencimiento del gremio hidrocarburífero sobre las hermosas vestiduras que llevan puestas y que los eleva al nivel de superhéroes contra la pobreza y el subdesarrollo. Sin embargo, nuestros petrosaurios están calatos ante los costos de la contaminación, remediación y la valorización multidimensional de los impactos producidos por su amada industria. Una simple comparación de cifras, sobre los beneficios de canon petrolero que recibió Loreto como región en la época que operaba Pluspetrol Norte S.A. en el Lote 1AB, nos da un panorama del asunto. Si utilizáramos todo el canon petrolero del año que más recursos dio la actividad a Loreto (2012: un poco más de 85 millones de dólares[1]) no alcanzaría para remediar 5 sitios impactados (los costos superan los 90 millones de dólares) en este mismo lote[2]. El problema es que este lote tiene más de 1199 sitios impactados, que Pluspetrol Norte, con toda su “buena práctica petrolera”, se rehúsa a remediar. Solo queda hacer cálculos sobre costos y beneficios en este contexto y abrir la discusión para cambiar de mantra.
Soberanía vs. comercio extranjero y nueva matriz energética
El segundo discurso positivo puesto en cuestionamiento, es el de la soberanía. La letanía en este caso tiene que ver con la necesidad de explotar nuestros recursos para volvernos un país autónomo en su producción y consumo de energía. El sentimiento se comparte con quienes profesan una profunda fe en el petróleo tanto del lado izquierdo como del derecho de la política. Así, de uno y otro lado, se empuja con el discurso nacionalista, patriotero o privado-energético, la explotación del recurso hidrocarburífero, expandiendo la frontera extractiva en la Amazonía, el mar, y ahora hacia lo profundo de nuestra tierra pues queremos incursionar como sea en el F(r)acking. Pero claro, lo que encubren es que nuestro petróleo no se consume completamente en el mercado nacional, sino también (a pesar de no ser autónomos) se vende a otros países[3]. Tampoco se cuestiona el hecho de expandir la frontera extractiva siendo empresas extranjeras las que operarán los lotes -así sean socias de nuestras nacionales – ya que estas son quienes finalmente nos venderán nuestro propio recurso y se beneficiarán del mismo. Finalmente, este discurso pseudo-nacionalista, esta fe inquebrantable en el petróleo, desvía la mirada de un futuro energético más que necesario, un futuro con cero consumos de energía fósil. De hecho, no va quedar patria sobre la qué construir discursos vacíos si nuestro futuro no está marcado por una urgente, inmediata y radical transición a una nueva matriz energética sin petróleo y sin impacto hídrico. Y este, es un tema que evidentemente ataca el núcleo de las ganancias de un grupo de petrosaurios suicidas que quieren ver el mundo arder entre gasolina y petróleo.
Nuevas tecnologías y protección ambiental vs. derrames
A pesar de tener estas pretensiones energéticas cavernarias, a los petrosaurios les gusta hacerse pasar por extractilenials, ya que se jactan de estar a la moda con su “tecnología de punta” para hacer sus actividades compatibles con la protección ambiental y el “desarrollo sostenible”. Lo cierto aquí es que la industria petrolera que opera en la Amazonía peruana, en territorio de pueblos indígenas, no tiene nada de “última moda”. Lo que tiene es el silencio o murmullo cómplice de ciertos sectores estatales y de los medios de comunicación. Retomando el caso del Lote 192 para ilustrar este punto – cuya pseudo tecnología de primera llevó a los más de 1199 sitios impactados mencionados – este lote también resalta por la “modernidad” de sus ductos internos, los cuales deben ser reemplazados en un 80% por la grave situación de corrosión en la que se encuentran (PNUD, 2018). Las tres empresas que han operado el lote, tres compañías privadas – acotación para quienes creen que la privatización es la solución de todo – se han lavado las manos de dicha responsabilidad. Consecuencia de ello es que en tan solo cuatro años de operaciones de la última operadora del Lote 192, la empresa Frontera Energy, se han reportado 71 derrames, es decir, 1.5 por mes en promedio. Del mismo modo, a pesar de que desde el 2006[4]se debió garantizar la de reinyección de las aguas de producción – aguas altamente tóxicas – en los ríos, quebradas y cochas del territorio indígena al que se superpone el lote, hoy en día OEFA da cuenta de que estas aguas siguen afectando los cuerpos de agua ya que hay numerosas filtraciones de los pozos de reinyección. La tecnología de punta parece operar solamente la imaginación de los petroleros; el Desarrollo solo existe para sus billeteras, y lo único que camina de manera Sostenible con el petróleo es el etnocidio de los pueblos indígenas y el ecocidio de nuestra Amazonía.
Lo feo para el petrolero: los pueblos….
Lejos de exponer esta realidad que ocurre de manera silenciosa dentro de los lotes hidrocarburíferos ahora pasamos a mostrar tres discursos que se mediatizan y que colocan a los pueblos indígenas como los enemigos del progreso.
Saboteadores y chantajistas vs. deuda, precariedad estructural y justicia
El primer discurso es aquel que señala a las comunidades indígenas como las responsables de los daños ambientales producidos por los “sabotajes” que realizan a la infraestructura del petróleo. Son entonces tildadas de chantajistas por, supuestamente, cortar los ductos y luego lucrar con la remediación. Al respecto, cabe cuestionarnos lo siguiente 1. ¿Dónde están las investigaciones fiscales que señalan a las comunidades como responsables de los cortes? La facilidad con la que se asocia a las/os indígenas con estos actos sin tener evidencia, demuestra, una vez más, el profundo racismo de nuestra sociedad 2. Los datos del OEFA revelan que en el Lote 192, lote emblemático en nuestro país, tan solo un 3.25% de los barriles derramados desde el 2015 han sido responsabilidad de “atentados” y conflictos sociales[5] mientras que el 96.61% son producto de la corrosión y fallas internas ¿por qué esta realidad, que no es exclusiva del 192 no es la que se mediatiza? 3. La historia que venden los petrosaurios en sus periódicos es que los/as indígenas cortan tubos para luego trabajar –por 50 soles diarios – en la recuperación del crudo, sin embargo ¿no deberíamos recordar que son las empresas remediadoras las que hacen negocios millonarios con ello y quienes tienen conexiones cercanas y cuestionables con Petroperú, tal como lo señala el informe de la comisión del congreso[6] sobre los derrames del Oleoducto Norperuano (ONP)? 4. La presencia de las actividades hidrocarburíferas sobre el territorio de pueblos indígenas en la Amazonía y los nuevos negocios de la remediación han creado nuevos contextos de existencia que han trastocado y dañado irrevertiblemente el ambiente y las prácticas culturales, las relaciones sociales y las espiritualidades de la gente, por lo que reducir mediática, académica y políticamente la discusión en torno la culpabilidad o no sobre cortes en el ONP significa: ignorar la violencia estructural que genera la reproducción de esta visión de escritorio; negarse a ver la maquinaria de transformaciones desiguales que se ha ejercido sobre estos pueblos, así como la deuda histórica que tiene el Estado con ellos, y finalmente, no entender la complejidad de los impactos de las extractivas en sus cuerpos- territorios.
Principio de autoridad vs. derechos elementales
Un segundo discurso mediatizado e instrumentalizado sobre los pueblos indígenas de la Amazonía en torno a los derrames, es aquel que se raja las vestiduras invocando el “principio de autoridad” para que se impongan “sanciones ejemplares” a los responsables de los cortes de ductos. Los indígenas que osaron a dañar la infraestructura de las extractivas salen impunes de sus delitos, según comentan. Sin embargo, no vemos tal énfasis para exigir que las petroleras paguen las multas impuestas por el OEFA u OSINERGMIN por los continuos y severos incumplimientos que derivan en casos de contaminación y afectaciones a la salud. No se ve a los medios y a los petrosaurios implorando que se sancione a sus pares que operan de manera irresponsable, sin dar mantenimiento a sus ductos internos, sin cumplir con sus instrumentos de gestión ambiental, etc. Y más bien los vemos, judicializando estas medidas para evitar pagar por los crímenes ambientales que han cometido, pues les sale más barato armar estas artimañas legales, que remediar los suelos y el agua del cual se alimentan los pueblos indígenas. Lo mismo ocurre dentro de los procesos administrativos del OEFA, en los cuales apelación tras apelación, transcurren años antes de que se les impongan y cumplan adecuadamente medidas correctivas que ordenen la remediación, lo que impactada en la vida y salud de los pueblos. Las empresas se amparan en el “demuéstrenlo pues imbéciles” “debido proceso” el cual se antepone frente al derecho fundamental de la salud y de un ambiente sano de las comunidades afectadas por la contaminación.
Ocupadores ilegales vs. Autonomía ancestral
Llegamos al último discurso negativo contra los indígenas frente al petróleo. En este discurso, los pueblos son ocupadores ilegales de su propio territorio cuando deciden que el Estado o alguna empresa no sigan transitando por su territorio impunemente si no saben remediar adecuadamente sus territorios. Este discurso puede ser interpretado en dos sentidos y respondido en uno. 1. Es un discurso que arrastra sin traba la herencia racista y gamonal que empezó desde la colonia y que se fue sofisticando con el capitalismo extractivo, es decir, es un discurso de una ininterrumpida colonialidad de despojo con diferente vestido. 2. Los gremios deben tener una especie de animismo maquinista, el cual cree que las tuberías, los pozos, las bases petroleras crecen de manera mágica en el territorio de los pueblos indígenas y son parte ancestral del mismo, olvidando que incluso PETROPERÚ nos cuenta que, para la construcción del oleoducto, por ejemplo, se requirió la mano de obra de más de 7 000 personas[7]. La respuesta: lo único objetivo en este contexto de despojo y discriminación, es que los pueblos indígenas tienen una continuidad de ocupación territorial antes que se creara el virreinato y la república, esta continuidad nos dice que si bien han existido cambios, existen aún relaciones sociales y espirituales con y desde los territorios que perduran transformándose y adaptándose, una relación que ha visto crecer el bosque y moverse los ríos, cultivando un mundo ecosistémico que permita la continuidad de la vida, incluso ahora, en medio de la ocupación sin consulta y asesina de una infraestructura petrolera que fue realizada sin cuidado ni control real de sus impactos ambientales, sociales y culturales. En ese contexto, ¿Quiénes son los ocupadores ilegítimos, ilegales, dañinos y dañados en este territorio y quién el dueño?
Para concluir,
queremos dejar claro que nuestra crítica hacia el discurso petrolero, no tiene
la intención de crear una nueva oposición rígida y sin fisuras. Nuestra
intención, en cambio, es desmantelar las oposiciones dogmáticas y violentas que
obstaculizan la apertura de lecturas y propuestas más complejas y
participativas acerca de la realidad petrolera.
En ese sentido, pensamos que las profundas transformaciones ambientales
y sociales que se han producido a lo largo de décadas de explotación petrolera
requieren de un nuevo contrato social, intercultural y científico construido de
manera participativa y con consulta de los pueblos afectados, sociedad civil,
la academia, el estado y los gremios el cual permita una nueva lectura e
intervención del espacio social. Lamentablemente, como lo hemos visto en la promoción
de una Ley de hidrocarburos sin consulta ni participación social, nuestros
gremios petroleros y el sector energético estatal continúan ignorando y
despreciando este modo de construcción democrática moderna, por lo que su
mentalidad petrosauria posiblemente seguirá con el mismo rostro falso.
[1]Perupetro (2017). Aporte de Lote 1AB y 8. Respuesta a solicitud de Acceso a Información. 10 de enero 2017.
[2]Presentaciones de Planes de Rehabilitación de la Cuenca del Corrientes en el Lote 192, por la empresa JCI en la Vigésima y Vigésima primera Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación. Junio-Julio 2019.
[3]OSINERGMIN (2015) La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú:20 años de aporte al desarrollo del país. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Pag. 115.
[4]Esto se logró producto de la movilización del pueblo achuar en el 2006, que derivó en el Acta de Dorissa entre el Estado, la empresa y la federación indígena estableciéndose la obligación de reinyectar el 100% de las aguas de producción.
[5]La discusión sobre qué significa un conflicto social como causante de un derrame queda para otra oportunidad.
[6]Informe Final de la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar las responsabilidades de los funcionarios y personas naturales e instituciones públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano (2017).
[7]https://www.petroperu.com.pe/proyectos-y-unidades-operativas/unidades-operativas/oleoducto/