Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte

Derrame en Pastaza: acciones de Petroperú son insuficientes y comunidades exigen mayores atenciones

PUINAMUDT 18/07/2018.- Este martes 17 de julio, la reunión de seguimiento a los compromisos asumidos por la empresa Petroperú tras el derrame de petróleo del 25 de mayo no llegó a acuerdos con las poblaciones indígenas afectadas. La atención a todas las comunidades afectadas, la dación alimentos, la compensación por los daños, entre otros, son aún temas pendientes.
El descontento de la población surge tras los problemas con el cumplimiento de compromisos pactados con la empresa, en acta del 9 de junio, sobre la atención a la población con provisiones de agua, alimentos y atenciones en salud.
Durante la reunión y tras el informe llevado desde Lima por una representante de la empresa sobre las atenciones brindadas en cada comunidad, los pobladores hicieron notar su disconformidad.
“Han entregado agua hasta el 21 de junio. Desde el 21 de junio en adelante ya no han entregado agua. No se ha entregado alimentos”, expresa el apu de Nuevo Andoas, Tedy Maca.
 

 
“Es una vergüenza que nos den dos latas de atún para cada familia. No somos mendigos, somos dueños de nuestro territorio y ustedes lo han dañado”, increpa el apu de Alianza Topal, Edinson Sánchez.
Si bien la empresa explicó que los problemas con la entrega de agua se deben a que la embarcación con las provisiones ha tenido un retraso para llegar al destino, se negó a mejorar la calidad y cantidad de sus paquetes de alimentos debido a que, según dijeron, ello excede a sus compromisos.
Por otro lado, el representante de DIGESA hizo entrega del informe de análisis de los sistemas de agua potable así como de las fuentes naturales de donde se abastece la población para su consumo, indicando que “cumplen referencialmente con los límites máximos permisibles establecidos en el reglamento”.
La población, sin embargo, se mostró escéptica a estos resultados, indicando que las muestras fueron tomadas muchos días después del derrame y luego de por lo menos dos crecidas de río que se llevaron gran parte del hidrocarburo río abajo. En efecto, según el informe de DIGESA, las muestras de agua se comenzaron a tomar el día 4 de junio, diez días después del derrame, a pesar de que la norma sobre el procedimiento para control de emergencias por fuga de hidrocarburos (anexo 4, DS 081-2007-EM) establece que las muestras deben tomarse “inmediatamente de producida la emergencia”.
A su vez, los representantes de las comunidades Loboyacu, Sungache, Sabaloyacu, entre otras de la parte media del Pastaza, exigen que se realice una inspección en sus fuentes de agua y territorios por OEFA, DIGESA y Petroperú, ya que han identificado evidencias de contaminación que les ha afectado.

DERECHO A COMPENSACIÓN POR DAÑOS AL AMBIENTE

Tal como señala el acta anterior, el día 17 de julio se debía elaborar un cronograma de trabajo para tratar el tema de indemnización por los daños ocasionados al ambiente y a la propiedad de los comuneros por el derrame; sin embargo esto no ocurrió. Los comuneros exigen una compensación integral por las afectaciones considerando ríos, quebradas y chacras; a lo que Petroperú no ha dado respuesta clara. Por su parte la empresa ha señalado que parte de la indemnización serían la labores de limpieza y remediación en sitios dañados (algo que es parte de sus obligaciones).

 
“¡Ustedes han venido a burlarse! Nosotros no somos mendigos, somos dueños de nuestro territorio y ustedes lo han dañado”, señala visiblemente indignado el apu de Alianza Topal, Edinson Sánchez. “¿Acaso no son padres de familia? Nuestros hijos tienen plomo y cadmio en la sangre. El hecho que nosotros somos indios no quiere decir que ustedes son mejores que nosotros”, culmina.
“Ustedes dicen que van a venir los tasadores de las chacras y que nos van a pagar. Pero qué hay del río; el rio es nuestro mercado, de ahí pescamos”, increpa visiblemente ofuscado Clever Cruz, comunero de Nuevo Andoas. “La abogada de la empresa dice que se basan en el reglamento de la ley general del ambiente. Parece que la ley en el Perú les pertenece a los ricos, pero nosotros los indios tenemos el Convenio 169 de la OIT que también es ley en el Perú”, culmina.
El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional vigente en Perú desde 1995, dice, con respecto a las actividades extractivas en territorio indígena, los pueblos deberán “percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.”
A su vez, se indicó que la empresa había incumplido con los procedimientos para la atención de la emergencia ya que debió “identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y medio ambiente dentro de un periodo de 15 días de la fecha del incidente” y entregarlo a OSINERGMIN; pero no lo ha hecho hasta ahora.
“Nuestros ríos están contaminados, nuestros animales también contaminados, ahora el río también contaminado. ¿Hasta cuándo?”, expresa Elorita Piña Tapayuri, comunera de Nuevo Andoas. “Si no van a venir representantes a solucionar los problemas, entonces que no vengan. Necesitamos que venga alguien de nivel”, exige.

 
Ante la incapacidad de la comisión de la empresa de dar respuestas satisfactorias y tomar decisiones pertinentes para abordar el conflicto, los comuneros exigieron que sus representantes de comunidades viajen a Lima a reunirse con representantes de Petroperú que sí tengan capacidad de decisión. Esta reunión ha sido acordada para el 6 de agosto en oficinas de Petroperú.
“Aquí estamos construyendo una plataforma de lucha por nuestros derechos. Les pedimos que escuchen y hagan caso de las demandas de todas las comunidades. Es lamentable que no entiendan la dimensión de los daños que han ocasionado”, expresa el apu David Chino, vice-presidente de FEDIQUEP.
Haz click en la imagen siguiente para leer el acta: