Pronunciamiento de los pueblos indígenas amazónicos unidos por la defensa de sus territorios sobre la consulta previa del lote 192

Las comunidades indígenas de los pueblos Quechua del Pastaza, Kichwa del Tigre y Achuar del Corrientes, sobre cuyos territorios se superpone el Lote 192 (ex 1AB), y sus federaciones indígenas representativas de las cuatro cuencas FECONACOR, OPIKAFPE y FEDIQUEP y ACODECOSPAT, nos pronunciamos respecto a la etapa preparatoria del proceso de Consulta Previa del Lote 192 y declaramos lo siguiente:
1)    Llevamos casi 50 años de afectación por la actividad petrolera en nuestros pueblos y no hemos visto desarrollo alguno. Los daños en nuestras vidas y el territorio los hemos experimentado y denunciado por muchos años y han sido reconocidos por el Estado, comprobados por el Ministerio del Ambiente mediante emergencias ambientales y por el Ministerio de Salud mediante un estudio toxicológico y epidemiológico que demuestra el grado de afectación por metales pesados en nuestros cuerpos. Durante todo este tiempo de explotación petrolera en nuestro territorio, el Estado ha incumplido con su deber de garantizar nuestros derechos. A pesar de firmar compromisos en actas han sido muy pocos los avances, acrecentando la desconfianza que tenemos hacia las autoridades públicas.
2)    Este nuevo proceso de Consulta Previa para los siguientes 40 años de operación del Lote 192 (del 2019 al 2059), es fruto de la exigencia y trabajo de nuestros pueblos y sus organizaciones representativas. Si bien el Ministerio de Energía y Minas ha aceptado realizar la consulta luego de habernos movilizado en septiembre y octubre de 2017, hacemos de conocimiento público que hasta la fecha el diálogo se viene dando de una manera irresponsable e irrespetuosa por parte del Estado. Este no ha cumplido de buena fe la Resolución Directoral 004-2018 – MEM/OGGS, la cual mandaba a informar sobre los daños que se han dado en el lote, las responsabilidades del Estado frente a nuestra exigencia de atención de impactos, la situación de los Planes de Abandono del Lote 1AB (Pluspetrol) y Lote 192 (Frontera Energy), entre otros.
3)    En cuanto a la preparación para la Consulta Previa, el Estado ha pretendido avanzar en el desarrollo de la misma sin información completa ni un verdadero diálogo respetuoso e intercultural, sin la participación de funcionarios competentes ni las condiciones que permitan el entendimiento para llegar a buenos acuerdos. Preocupa la falta de representantes del Ministerio de Cultura, siendo este el ente rector del proceso, así como la falta de autoridades de otros sectores vitales. Estas irregularidades no nos aseguran una consulta de buena fe y ponen en riesgo el respeto de nuestros derechos. En ese sentido, esta reunión ha pasado por alto todos principios que rigen un proceso de Consulta Previa a nivel nacional e internacional. Tenemos como antecedente la consulta fraudulenta del 2015 que fuera aprobada gracias a la confabulación del Estado con organizaciones indígenas que representaban a la minoría de comunidades de afectación directa. El Estado debe respetar los espacios de diálogo con las comunidades y federaciones que representan a la mayoría.
4)    Para desarrollar una Consulta Previa con la seriedad debida, en un clima de confianza y en el marco del pleno cumplimiento de nuestros derechos, se debe tener en claro qué es lo que se va a consultar y la metodología para el mismo. Por ello exigimos que el diálogo preparatorio del proceso de consulta sea en nuestros territorios y cuente con el modelo de contrato del lote, el cual debe incorporar las cláusulas propuestas por nosotros a Perupetro. El proceso de consulta previa no se impone, sino debe ser respetuoso con nuestros pueblos, asegurar una buena participación de las mujeres así como considerar la lengua indígena de cada pueblo.
5)    Nos preocupa que la responsabilidad del lote esté en manos de Petroperú debido a su historia de daños en el Oleoducto Norperuano o en el Lote 8 (cuando operó entre 1975 y 1996), así como a sus malas prácticas que hemos experimentado frente al derrame de mayo de 2018 en la cuenca del Pastaza. Asimismo, nos preocupa la ineficiencia y mala fe de esta empresa para actuar sobre la contaminación en las comunidades indígenas. Hasta ahora no ha logrado remediar efectivamente ningún sitio contaminado donde está operando y el Estado ha sido permisivo frente a ello. Esto también generan desconfianza.
6)    Creemos que antes de iniciar otros 40 años de actividad petrolera, el Estado debe asegurar la elaboración e implementación de  un plan de atención integral y multisectorial para afectados por metales pesados en la Amazonía, garantizar el cumplimiento de la remediación integral de nuestro territorio, cambiar y adecuar el viejo sistema de oleoductos al interior de lote (que han generado 64 derrames en los últimos 3 años), asegurar una normativa que realmente proteja el ambiente y la vida en nuestros territorios, entre otros más.
Haremos respetar nuestra libre determinación para que la consulta esté bien hecha y que sea de buena fe.  En ese sentido queremos que se garanticen nuestros derechos no sólo por los siguientes 40 años, sino por la continuidad de nuestro legado y nuestras culturas.

Iquitos, 19 de diciembre de 2018

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