carlosandi
Pueblo achuar padece el colmo de la desidia y la indiferencia
14 enero, 2014

Servindi, 11 de enero, 2014.- Además de los estragos de más de cuarenta años de contaminación petrolera, la muerte, la indiferencia, el abuso y la represión asolan a las comunidades del pueblo Achuar, en la cuenca del río Corrientes, en la región amazónica de Loreto, en el Perú. La muerte de cinco niños en diciembre …

Servindi, 11 de enero, 2014.- Además de los estragos de más de cuarenta años de contaminación petrolera, la muerte, la indiferencia, el abuso y la represión asolan a las comunidades del pueblo Achuar, en la cuenca del río Corrientes, en la región amazónica de Loreto, en el Perú.

La muerte de cinco niños en diciembre conmovió a la población local y el hecho de que una comitiva regional de Salud visitara la comunidad dejando de lado a la federación causó perplejidad en la dirigencia local.

Pese a la declaratoria de emergencia ambiental en la zona las autoridades prácticamente no hacen nada efectivo para atender y remediar la situación, mientras que un líder achuar es encarcelado acusado por la empresa de dañar las tuberías.

Tal es el drama que denunció Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco) quién estuvo en Lima para exigir a las autoridades de Salud y el Ministerio Público investigar la extraña muerte de los niños en la comunidad de Sauqui.

Los comuneros presumen que el deceso de los niños estaría vinculado a la contaminación generada por la actividad petrolera en la zona y que luego de años de denuncias obligó al Ministerio del Ambiente a declarar el estado de emergencia en la cuenca del río Corrientes.

Para el pueblo Achuar de la cuenca del Corrientes la situación es altamente preocupante debido a que ellos siguen consumiendo alimentos y agua que estarían contaminados.

La indignación de Sandi fue mayúscula cuando la comisión de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto viajó a la comunidad el pedido de incluir a un representante indígena y a pesar que gracias a la organización se conoció el hecho reportado por la comunidad.

“Estuvimos coordinando la segunda entrada a la comunidad de Sauqui, con la DIRESA de Loreto. Sin embargo, a última hora cambiaron la ruta y no nos avisaron” dijo.

El joven presidente de Feconaco afirmó que desconocerán la evaluación de la comitiva “por falta de transparencia de la evaluación” y exhortó a las autoridades centrales del Ministerio de Salud a efectuar una evaluación imparcial y más especializada con participación indígena.

En la segunda entrada a la comunidad no asistió ningún representante de Feconaco “por lo que no podemos validar la veracidad de los estudios… hay muchas estrategias que pueden utilizarse para ocultar las verdaderas causas de la muerte de los niños” indicó.

Cabe mencionar que la comunidad de Sauqui se encuentra en un lugar de difícil acceso y un primer vuelo en avioneta se efectuó el 31 de diciembre y 1 de enero, luego de varias postergaciones debido a un clima adverso.

El deceso de los menores fallecidos se produjo entre el 14 y el 29 de diciembre. Uno de estos, de nombre Alan Sandi, fue diagnosticado antes de fallecer con la presencia de metales pesados en sangre -plomo y cadmio- superiores a los índices normales.

Durante la primera visita los comuneros señalaron que los cinco niños fallecidos presentaban los mismos síntomas: dolor de cabeza, de estómago, fiebre y no podían ingerir alimento.

Una emergencia… en el papel

La emergencia ambiental se declaró el 7 de setiembre de 2013 mediante la Resolución Ministerial 263-2013-Minam pero no ha solucionado nada, afirmó Sandi.

“Hasta ahora sólo vemos diálogos y más diálogos pero el Estado peruano no se ha apersonado a las comunidades ni siquiera trayendo un litro de agua y mucho menos alimentos”, agregó.

“Los funcionarios se dedican a conversar como si dialogando se va solucionar el problema de la contaminación ambiental. Nosotros queremos acciones concretas e inmediatas. Estamos cansados de conversar y no llegar a una solución efectiva” prosiguió.

El cansancio y la indignación es visible si se considera que la contaminación de la cuenca fue confirmada por una comisión multisectorial y técnica del Estado y la emergencia debe garantizar trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental.

El 19 de octubre el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal y funcionarios del Gobierno Regional de Loreto informaron del monitoreo ambiental a dirigentes de 11 comunidades en emergencia: Antioquia, José Olaya, Pampa Hermosa, Sauqui, Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa y Nueva Jerusalén.

Pero desde entonces las comunidades no han vuelto a saber nada ni recibir ayuda alguna pese a que en la declaratoria se habla de un plan de remediación a corto plazo.

¿Se puede ampliar la concesión del lote 1-AB en estas condiciones?

Una de las principales preocupaciones del sector empresarial de hidrocarburos es concesionar el lote 1 AB cuya vigencia de contrato vence el año 2015. Algunas voces sugieren incluso renovar de manera automática la concesión transgrediendo la propia normatividad del sector.

Pero de los estragos de la contaminación el sector privado no dice nada, y las autoridades competentes no dan ninguna muestra de avanzar en la remediación ambiental y menos aún de la indemnización a la población Achuar.

En tales consideraciones es que representantes de las comunidades indígenas de las tres cuencas afectadas por la contaminación petrolera: Corrientes, Pastaza y Tigre, exigen al Estado se les consulte previamente la decisión y cumpla cinco condiciones mínimas.

Estas son: compensación por el uso de tierras por más de 40 años de explotación petrolera; indemnización por los daños; diagnóstico ambiental y social;  titulación y ampliación de territorios y la remediación de todos los pasivos ambientales.

“Estamos hablando de vidas humanas. Tenemos derecho a la salud, y sin embargo seguimos sufriendo. El Estado concesiona nuestras tierras y extrae nuestros recursos. Son millones y millones de soles los que obtienen y nosotros las comunidades indígenas seguimos abandonados” expresó el dirigente de Feconaco.

Finalmente, reafirmó que los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo, pero exigen que este desarrollo vaya acompañado de medidas que regulen y verifiquen que no se contamine el agua, los animales y el bosque.

“El bosque es todo para nosotros. Es nuestro hogar, nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestra ferretería” afirmó.

El colmo de Pluspetrol

Como si la situación descrita no fuera suficiente castigo para el pueblo Achuar cabe anotar que el 5 de diciembre fue detenido y encarcelado Segundo García Sandi, comunero Achuar, acusado de ser uno de los responsables de supuestos “actos vandálicos” contra las tuberías que transportan el crudo.

Encarcelado en el penal de Guayabamba en Iquitos, los familiares señalaron como responsables de la detención arbitraria a la empresa Pluspetrol Norte que ejercería presión a las autoridades judiciales para mantenerlo encarcelado.

Jovita Hualinga Vílchez, esposa de Segundo García, responsabilizó a las juezas Alicia García del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas y Amparo Magallanes del Primer Juzgado Liquidador de Nauta, por lo que pueda ocurrir con la salud de su esposo.

Sus familiares sostienen que la intención de la empresa es silenciar los reclamos que hacen las comunidades del río Corrientes, en particular las acciones que emprendían los afectados por metales pesados en la sangre.

Segundo García Sandi es uno de los comuneros que el 2006 fue sometido a análisis médicos en los que se determinó la presencia de concentrados tóxicos entre los comuneros de la etnia achuar.

Feconaco presentó el 19 de diciembre un recurso de habeas corpus exigiendo la inmediata liberación de Segundo García por no existir medios probatorios en su contra.

Respaldo de la Aidesep

Durante su presencia en Lima Carlos Sandi se entrevistó con Marisol Pérez Tello, congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), quién se comprometió a viajar a la zona y dar seguimiento al caso hasta que se halle a los responsables y sean sancionados.

También se reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad.

El dirigente de Feconaco recibió el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización a la cual se encuentra afiliada, y acudió a las entrevistas acompañado del dirigente nacional Saúl Puerta Peña.

 

 

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