"Nuevo proyecto petrolero amenaza con dañar más a víctimas de derechos humanos", advierten expertos de la ONU.

Victoria Tauli Corpuz, Relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Victoria Tauli Corpuz, Relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.


GINEBRA / LIMA (15 de diciembre de 2014) – La propuesta para la renovación de la licencia de tierras contaminadas en la región del Departamento de Loreto, en Perú, perpetuaría y agravaría seriamente las violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas de la zona, incluyendo su derecho a la salud, alimentación y agua, señalaron dos expertos de las Naciones Unidas (ONU) sobre pueblos indígenas y los residuos tóxicos.
La advertencia de los expertos en derechos humanos de la ONU se produce luego de la decisión del Gobierno peruano para iniciar la licitación del Lote 192 (antes 1AB), el 15 de diciembre de 2014, a pesar de tener un acuerdo firmado entre la empresa petrolera estatal Petroperú y las comunidades indígenas, para limpiar las tierras y el agua muy contaminadas por 44 años de derrames de petróleo.
«Mientras el mundo mira a París tras la celebración de la Conferencia de Lima de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Gobierno peruano debe hacer más para proteger a sus ciudadanos de los daños al medio ambiente y evitar la repetición de emergencias ambientales que afectan a los pueblos indígenas, incluidos los Quechuas, Kichwas, Kukamas y Urarinas «, dijo la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz.
«Perú debe adoptar medidas para garantizar la remediación de estas situaciones, y proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos; también debe hacer una consulta para la obtención del consentimiento libre, previo e informado«, destacó la Sra. Tauli Corpuz, recordando las recomendaciones hechas en 2013 por el anterior Relator Especial de la ONU sobre pueblos indígenas, después de su primera misión al Perú.
En 2013 y 2014, el Gobierno peruano declaró emergencias ambientales y de salud en el Departamento de Loreto, siguiendo informes que señalaban derrames de barriles de petróleo en el área, contaminando lagos y ríos de la región.
Derrame en territorio quechua del Pastaza, mayo de 2014.

Derrame en territorio quechua del Pastaza, mayo de 2014.


Estudios oficiales recientes muestran altos niveles de bario, cromo, mercurio, plomo, hidrocarburos totales de petróleo (también conocidos como TPH / THP) y otros contaminantes en agua y suelo, así como aluminio, manganeso, arsénico, y acidez de agua.
Según el Ministerio de Salud del Perú, el 98% de los niños en las comunidades afectadas supera los niveles admisibles de metales tóxicos en la sangre. La contaminación de las fuentes de alimentos y de agua también ha dado lugar a graves problemas de salud.
«Las empresas de extracción de petróleo en esta región han dejado atrás un desastre tóxico despreciando los derechos de las comunidades afectadas y las leyes de Perú», señaló el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las sustancias peligrosas, Baskut Tuncak.
«Perú tiene la obligación de limpiar el petróleo tóxico derramado para proteger los derechos de las personas en la región, y para mantener a las empresas responsables por su falta de respeto a los derechos humanos, antes de volver a licitar y generar una situación peor,» subrayó Tuncak.
Los pueblos indígenas afectados han solicitado la suspensión de la nueva licitación hasta que se cumplan ciertos requisitos, incluyendo la restauración de las tierras y aguas, la reparación de los daños causados; la titulación de sus territorios; un proceso de consulta; la participación de las comunidades en la vigilancia del medio ambiente; y se apliquen sanciones a los responsables por daños y perjuicios.
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Imagen de pantalla de la nota de prensa en la web de la ONU


Texto en inglés: Peru / Indigenous peoples: “New oil project threatens further harm for human rights victims” – UN experts warn
GENEVA / LIMA (15 December 2014) – The proposed re-licensing of heavily polluted land in the Department of Loreto region of Peru would perpetuate and exacerbate serious violations of human rights of indigenous peoples, including their right to health, food and water, two United Nations experts on indigenous peoples and toxic waste have said today.
The UN human rights experts’ warning comes after the Peruvian Government’s decision to start licensing block 192 (formerly 1 AB) on 15 December 2014, despite a signed agreement between the State-owned oil company Petroperu and indigenous communities to clean up land and water heavily polluted by 44 years of oil spills.
”While the world looks on to Paris following the conclusion of the Lima Conference of Parties of the UN Framework Convention on Climate Change, the Peruvian Government needs to do more to protect their own citizens from environmental harm and prevent the recurrence of environmental emergencies affecting indigenous peoples, including the Quechuas, Kichwas, Kukamas and Urarinas,” the new UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Victoria Tauli Corpuz, said.
“Peru must adopt measures to ensure remedy to such situations and to protect and respect the rights of indigenous peoples to their land, territories and resources and to consultation towards obtaining their free, prior and informed consent,” Ms. Tauli Corpuz stressed, recalling the recommendations made in 2013 by the previous UN Special Rapporteur on indigenous peoples after his first country mission to Peru.
In 2013 and 2014, the Peruvian Government declared environmental and health emergencies in the Department of Loreto following reports that barrels of oil had been spilled in this area, contaminating the lakes and rivers in the region.
Recent official studies show high levels of barium, chromium, mercury, lead, total petroleum hydrocarbons (also known as TPH/THP) and other contaminants in water and soil, as well as aluminum, manganese, arsenic, and water acidity.
According to the Peruvian Ministry of Health, 98% of children in the affected communities surpass the admissible levels of toxic metals in blood. Pollution of food and water sources has also resulted in serious health problems.
“Companies extracting oil in this region have left behind a toxic mess with disregard for the rights of affected communities and laws of Peru,” the UN Special Rapporteur for human rights and hazardous substances, Baskut Tuncak noted.
“Peru has obligations to clean up the toxic oil spilled to protect the rights of people in the region, and to hold the companies accountable for their failure to respect human rights, before re-licensing the land and making an awful situation worse,” Mr. Tuncak stressed.
The indigenous peoples affected have requested the suspension of all new licenses until some requirements are fulfilled, including the restoration of the lands and waters and the reparation of the damage done; the titling of their territories; a consultation process; the participation of the communities in environmental monitoring; and applicable sanctions to those responsible for the damages.