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Memoria, movilización y reinvención de derechos en las luchas contra el Petróleo
13 marzo, 2018

Un recordatorio de lo que significó el Acta del 10 de marzo en las luchas contra la contaminación petrolera.     En memoria de Tomas Maynas y Perico García. El 10 de marzo del 2015, el Estado concluía mediante un Acta, un proceso de casi cuatro años de diálogo con organizaciones indígenas de las cuencas del …

Un recordatorio de lo que significó el Acta del 10 de marzo en las luchas contra la contaminación petrolera.    

En memoria de Tomas Maynas y Perico García.

El 10 de marzo del 2015, el Estado concluía mediante un Acta, un proceso de casi cuatro años de diálogo con organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, quienes históricamente, mediante denuncias, movilizaciones y diálogo, habían puesto en la agenda nacional, el tema de la contaminación petrolera por causa de las actividades extractivas petroleras en el Lote 1AB (hoy 192) y 8, en la Región Loreto, Perú.

A partir de esta acta y otras tres más firmadas con el Estado, el proceso de lucha logró concretamente, demarcar más de 1 millón de ha. a favor de comunidades nativas en Loreto en un contexto de avance perverso de la promoción extractiva; reconocer el desastre ambiental petrolero y el inicio de procesos de remediación e identificación sui generis de sitios impactados en el entorno de operaciones petroleras con participación de vigilantes y líderes amazónicos; el estudio internacional de la ONU para plantear las mejores técnicas de remediación en zonas petroleras altamente impactadas; el inicio de procesos de implementación de plantas aguas provisionales y permanentes; estudios toxicológicos y epidemiológicos para entender los daños de la contaminación en población indígena; planes de salud para diversas cuencas de Loreto; la implementación de procesos de consulta previa, cambios normativos ambientales y otros temas de educación, proyectos productivos que han caminado vigilados y criticados por los pueblos.

Los procesos no concluyen, el Estado requiere de una transformación de fondo en cuanto a su genética política y de clase, pues sigue capturado por grupos empresariales y sectores sociales que viven de espaldas o en desconocimiento de las realidades indígenas, sus visiones de existencia e institucionalidad y las concepciones de lo que para ellos sería algo llamado desarrollo. Por lo que hasta el momento menos del 50% no está implementado del todo.

Sin embargo, la experiencia de este proceso, que no podremos abarcar del todo en este artículo, deja tres consideraciones centrales e importantes para las luchas indígenas:

  • El reconocimiento de la memoria como ente vivo y activo contra el olvido de las luchas locales y de las injusticias neoliberales.
  • La adopción de estrategias que combinan, movilización, judicialización en paralelo con gestión y foros trans-territoriales como sucesos sinérgicos.
  • Apuntar a la reinvención de derechos colectivos y construir caminos compartidos en utopías de retaguardia.

Memoria Viva

La contaminación nunca fue una moda intelectual, oenegera o evento hollywoodense, la contaminación fue un evento traumático, que causó una transformación profunda, violenta y dolorosa de diversos procesos culturales, sociales, ecológicos y políticos en los pueblos que han sufrido la contaminación petrolera. Sin embargo, estos pueblos no esperaron a que llegara como salvadora a sus cuerpos y territorios, ideas contra-hegemónicas contra el extractivismo, la lucha de clases o la reivindicación de derechos humanos internacionales en términos exclusivamente legales. Los pueblos al verse enfrentados al caos territorial, refundaron su existencia por medio de la resistencia creativa, tomando en cuenta la memoria de quienes han peleado constantemente por la vida en sus territorios y en el silencio público de la Historia.

De ahí que la lucha para la firma del Acta del 10 de Marzo, tenía en el corazón del movimiento indígena que llegó a ello, dos hitos importantes, poco reconocidos a nivel nacional: La lucha del pueblo Achuar en el 2006, y la lucha de Andoas y Tigre en el 2009. Las dos, luchas frontales contra la empresa petrolera que contamina sus territorios.

La primera de ellas, la lucha Achuar del Río Corrientes, logró el Acta de Dorissa (1)  y la transformación de políticas públicas a nivel nacional, como serían las normas específicas de reinyección de aguas tóxicas de producción para todas las petroleras que operan en Perú, antes contempladas en normativas generales, como la Ley de Aguas, las cuales eran ignoradas por el sector (por este vacío), de manera premeditada (2). La empresa las vertía en las quebradas y ríos impunemente. En esta lucha el Apu Achuar Tomas Maynas, hoy finado, tuvo un papel medular, lo recordamos como un luchador constante en medio de eventos perversos de contaminación, para devolver la dignidad al pueblo achuar; podemos decir que el Apu fundó míticamente la lucha por derechos colectivos en los Lotes petroleros de Selva Norte.

La segunda lucha en la cuenca del Pastaza, Andoas, por contaminación y derechos laborales, terminó con la represión de parte de la empresa y el Estado, una represión violenta con el resultado de la muerte de un policía y un poblador indígena, y con el encarcelamiento y persecución de decenas de indígenas. Esta persecución y criminalización duró varios años y concluyó con sentencias a favor de la población, las cuales dejaron jurisprudencia en favor de las causas indígenas que defienden sus territorios de las constantes contaminaciones y explotaciones petroleras y sentó un precedente importante a nivel nacional para la solución de los conflictos sociales y criminalización de la protesta (3).

A partir de ello, cuando el tema de contaminación petrolera en la selva, no era la tendencia de Twitter y Facebook, parte de los pueblos Quechua del Pastaza, Achuar del Corrientes, Kichwa del Tigre y Kukama del Marañón, organizados en el PUINAMUDT (4), desde la voz plural del cuerpo intervenido por las petroleras, con el ejemplo de jefes históricos y de procesos emblemáticos de lucha, pelearon en movilizaciones, mesas de trabajo y espacios judiciales para que la Vida de sus territorios sea el tema central de las luchas contra la contaminación cuyo responsable en esos contextos era la empresa Pluspetrol Norte y la nacional Petroperu. Pelearon también en sus espacios locales contra la división y presión que vivían sus pueblos por la seducción del Estado, las empresas y la violencia del extractivismo cotidiano, que transforma aún su día a día.

En ese marco, la lucha resultó en diversos cambios legales y transformaciones en la implementación de políticas públicas. Si embargo, la experiencia de estos procesos ha permitido visualizar el recuerdo de que las empresas petroleras, instaladas en el corazón de sus territorios, producen desde hace décadas, con apoyo del Estado, la expropiación constante, material y simbólica, de las condiciones de control de la autonomía y el equilibrio ambiental. En este marco la memoria insistente de estos pueblos nos muestra además que eso último persiste estructuralmente, en tanto el Estado establece aún políticas de convencimiento y violentas que apuntan a disociar sus realidades culturales, económicas y políticas del territorio del cual son dueños, ofreciéndoles y hasta tratando de obligarlos a que acepten nuevas actividades petroleras sin salvaguardas adecuadas, con el fin de desposeerlos de su libre determinación.

La memoria de sus territorios vive aún, y es esta memoria que sigue sanando y peleando por los eventos destrucción originarios sufridos (sus medios de existencia territorial), la que plantea la primera consideración a tomar en cuanta en las luchas indígenas: ella no se basa en el olvido y la destrucción de la memoria de otras luchas y el camino abierto por ellas; la lucha no es por el ingreso de otra empresa petrolera, nacional o internacional a sus territorios, ya que cualquiera de ellas ha producido heridas en el cuerpo y memoria de los pueblos y sus territorios; esta lucha no representa solamente una lucha solo local, ni tampoco, solo global, demuestra un patrón civilizatorio que perdura desde la colonización a través de la expropiación territorial y las transformaciones desiguales cotidianas de existencia, por lo que requiere respuesta sinérgicas locales y globales; finalmente, es una lucha por la autonomía futura y una lucha colectiva por la Vida de sus mundos que es la de todo el Mundo.

La sinergia de las luchas

La lucha y el diálogo para la Firma del Acta de 10 de marzo, se movió combinando tres estrategias centrales, tomando en cuenta las experiencias exitosas y los vacíos de otras luchas:

Una movilización con propuesta. Esto se dio al fortalecer a los pueblos en sus institucionalidad y organización constante para recuperar su dignidad, su voz en la denuncia y la elaboración de propuestas en la protesta. Los pueblos en el transcurso de una reflexión colectiva y crítica sobre sus impactos recuperaron sueños de autonomía y sentidos de dignidad, en medio de ello, líderes indígenas de federaciones y monitores independientes de las empresas y el Estado, recuperaron y refundaron su voz de denuncia, resistiendo sin medios económicos, a la captura de sus voces de protesta.

Una protesta clara, ya que Los Lotes petroleros donde vivían, ahora muestran una contaminación que pone en entredicho los grandes beneficios petroleros: la contaminación petrolera y el costo de su remediación puede incluso superar todos los montos acumulados por el canon petrolero (más de 2 mil millones de soles ajenos a los pueblos). Hoy en el Lote 192 por ejemplo, se sabe que tiene más de 1300 sitios impactados, y solo 32 de ellos han demandado la inversión de 50 millones de soles, no para remediar, sino solo para saber cómo remediar tremendo desastre. Cálculos en otras experiencias dicen que la remediación de solo 90 lugares de dimensiones parecidas, implican la inversión de miles de millones de dólares (5) .

Llegar al Acta demandó, a partir de esta experiencia caótica de contaminación, la construcción de nuevos lenguajes, y la movilización y lucha constante de los pueblos para ser escuchados, ello en medio de vacíos ambientales, de participación y de protección a los derechos indígenas que no impidieron la voz de protesta así como la construcción de propuestas para la restitución de sus derechos.

Judicialización y gestión de derechos. Los pueblos indígenas de la zona tenían conocimiento de experiencias de otras zonas petroleras en donde el foco de atención eran los “casos” judiciales, con abogados héroes, que demoraban años y no producían el avance de cambios concretos, o/y que incluso, al terminar dichos casos, permitían compensaciones económicas las cuales generaban más conflictos de los que pensaban restaurar.

De ese modo, los casos judiciales de estos pueblos, por reivindicar derechos de salud, de propiedad, de medio ambiente, fueron realizados en paralelo a un proceso de diálogo constante con el Estado sobre estos mismos derechos en tanto éste nunca ha tenido la voluntad de implementarlos en zonas indígenas. En ese marco, se jugaba en pared: por un lado, denuncias por derechos y por otro, el diseño de procesos para la gestión de políticas públicas con el Estado a partir de propuestas dialogadas, peleadas, excluidas y tomadas en cuenta para que cada derecho reivindicado (salud, educación, medio ambiente, desarrollo), sea restaurado a partir de incorporar la voz indígena.

Así, el Acta de 10 de marzo, después de un largo diálogo en paralelo, construyó una matriz de seguimiento de resultados (con fechas, montos comprometidos, responsables, mecanismos de ejecución y descripción precisa del desarrollo institucional del acuerdo por sector) (6), en la cual se ven reflejados la necesidad de reconocer e implementar en términos indígenas los Derechos al Medio Ambiente equilibrado (remediación), a la Consulta, a la Educación Intercultural, al Agua, a la Propiedad Indígena del territorio, a la Economía, la Salud (planes y estudios epidemiológicos y toxicológicos). Esta matriz planteaba además la inclusión protagónica de los pueblos en los diseños, ejecución y seguimiento de los diferentes procesos, mediante nuevos mecanismos de diálogo.

Al mismo tiempo (y hasta la actualidad), se mantienen juicios para implementar derechos diversos (de propiedad, de salud, ambientales). Estos juicios, no tendrán un efecto solitario, sino que mediante la experiencia ganada en la gestión de tres años del Acta del 10 de marzo, se podrá fortalecer la posible emisión de una sentencia favorable, ello en tanto que, el resultado de los juicios le dirán al Estado que implemente un derecho pero no ahondará en detalles de cómo realizarlo a nivel social y cultural, así, le dirá que aplique sus políticas con participación indígena pero no con precisión institucional y de contenido el cómo realizarla, le dirá que atienda la salud, pero no cómo implementar y trabajar los contenidos de planes y estudios, le dirá que remedie, pero no cómo concertar los procesos de remediación en específico (a menos que se cuente con propuestas).

De hecho, todos estos “cómos” son aspectos ya ganados y avanzados en estos tiempos de diálogo e implementación mientras se solucionan los juicios, así, se tiene la experiencia de la aplicación de estudios toxicológicos y epidemiológicos, el ingreso de procesos de remediación en cogestión con el Estado, el desarrollo de procesos de titulación en coordinación con los pueblos, etc., todo ello permitirá que el ejercicio del derecho no empiece de cero y se pueda aprender de los obstáculos, vacíos y retrocesos que contiene la implementación de las políticas públicas en espacios interculturales.

Foros trans-territoriales híbridos. El proceso para la firma del Acta del 10 de marzo y su seguimiento, nos mostraba que la respuesta al suceso traumático de la transformación inequitativa del territorio, por causa de las petroleras, requería de una recreación de los procesos que permiten devolver el orden y el equilibrio a los territorios. Por el momento uno de esos mecanismos es lo que se puede llamar, la creación de foros (7) de diálogo y disputa híbridos,  trans-territoriales, incompletos (los llamamos foros, porque estos foros adoptan en el lenguaje del Estado diversos nombres como mesas de diálogo, mesas multisectoriales, mesas de trabajo, todas con las mismas características).

Estos foros, tanto para la creación y definición del acta como para su seguimiento han implicado la construcción de procesos de diálogo con el Estado en las cuencas, en Iquitos, en Lima y nuevamente en las cuencas, lo que ha demandado la combinación de espacios de diálogo cultural y político como las asambleas por pueblo, los espacios de diálogo técnico inter-sectorial, y espacios de diálogo político-técnico para la toma de decisiones. En ellos se da la refundación y disputa constante de lenguajes culturales, políticos, técnicos y económicos, para volver a nombrar y ordenar el mundo contaminado, y para dar solución concreta, por medio de la implementación de diferentes políticas públicas y el ejercicio de derechos, y así no estar en movilización permanente sin resultados, y casos judiciales constantes sin transformación contextual.

El problema para los pueblos y sobre todo para quienes trabajan con los pueblos es vencer en estos foros, los diversos sesgos e intereses que van surgiendo en el camino: el sesgo exclusivamente político, el sesgo exclusivamente técnico-económico, el sesgo ambiental, el sesgo culturalista, y también el interés por el protagonismo bien intencionado de líderes políticos individualizados, el interés ecológico neoliberal del Estado y el de oenegés con objetivos fragmentados y sometidos a lógicas de proyectos y entidades externas a los pueblos.

De ahí que estos foros sean siempre incompletos porque eso son y deberían seguir siendo, en tanto requieren de una reformulación constante de la cultura burocrática, la inequidad del intercambio y de la matriz civilizatoria sobre la que se funda, pero a la vez una reformulación de los lenguajes territoriales para renombrar el mundo contaminado, en nuevos sueños y construcciones culturales y sociales.

Finalmente son incompletos porque en los marcos de estos foros (si bien ayudan a gestionar e implementar derechos de manera concreta, pero parcial) no es donde concluye la lucha por la reivindicación y reinvención de derechos (8) . Los espacios de la protesta social, los juicios cuando se hace indigna la imposición y la presión corporativa sobre las decisiones del Estado en estos foros, y otros espacios como las luchas políticas cotidianas locales por mantener el buen vivir de manera concreta y diaria, siguen siendo importantes para resistir a la imposición colonial y la destrucción de los territorios por el extractivismo petrolero. De ahí que el caminar con los pueblos de los líderes y de quienes asesoran es crucial para entender estos vaivenes y caminos de lucha, entre lo local, lo nacional, lo global, lo técnico, lo legal, lo judicial, lo político, lo ambiental, lo alegre e indignante, lo terrenal y espiritual.

Utopías de retaguardia y Reinvención del Derecho

La lucha de los Pueblos, es protagonizada por los pueblos y los apus, y no por abogados, oenegés o grupos políticos de izquierda, derecha, centro y otros locuspolíticos. Su lucha por la Vida es una lucha con voz indígena, apoyada sí por el conocimiento de abogados, técnicos, políticos y científicos del medio ambiente, de comunicaciones y sociales, incluso oenegés, que no fueron los héroes del momento, sino caminaron con los pueblos al ritmo de los pueblos.

Y acá para terminar queremos, siguiendo el camino de la memoria, recordar al hermano de ruta Perico García, quien nos enseñó discursiva y prácticamente formas de lucha digna con y desde los pueblos.

Perico, siempre fue un utópico de retaguardia (9) , puesto que artesanalmente durante años (cuando la Amazonía y los territorios indígenas no eran moda), fue construyendo propuestas y formas de lucha desde las comunidades y desde/con los mismos pueblos, incorporando en el camino todo lo que estas luchas le enseñaban, así fue un compañero y caminante de retaguardia que criticó, apoyó, construyó y dejó en reflexión y aprendiendo de los pueblos, diversas rutas para las luchas que vienen.

El Acta que no llega a tanto, ha sido, en cierto modo, una forma de inicio en ese sentido para que el caminar de los pueblos impactados por contaminación, abran caminos más allá de las reivindicaciones economicistas (compensaciones e indemnizaciones económicas, que son un derecho pero que no abarcan todo el espectro de derechos) y del deseo perverso de someterse a los caprichos de una banda de expropiadores de autonomías y vidas, así estas se vistan de ecológicamente respetuosas o se impongan por la fuerza.

Por último, como lo reflexionó Perico, los derechos en sí mismos no pueden ser defendidos, si éstos, cuando se alcanzan, terminan prescribiendo la realidad deformándola y volviendo a someter a los pueblos, en ese sentido reconocía que los pueblos no son víctimas, ni niños, ni seres a los que hay que dirigir desde una vanguardia ecológica, legal, económica o política, sino tienen todas las capacidades para inventar interculturalmente (10) sus procesos de derechos los cuales permitan alcanzar la libre determinación, es decir, descolonizar y reinventar los derechos cuando estos con capturados por el poder y la destrucción.

Así el Acta de 10 de marzo, no tiene nada que celebrar, es en todo caso, el registro en la memoria de las falencias del Estado capturado por el capitalismo más salvaje. Si bien el Estado en algún momento se puede vestir de respetuoso de los derechos (reconociendo consulta, incluyendo derechos ambientales), este continúa su marcha avasallante contra las libertades y los derechos indígenas. No obstante, esta marcha también es interferida por la reinvención de los derechos indígenas, las cuales retoman, en medio de situaciones complejas de diálogo y movilización, su avance para traspasar las puertas del derecho neoliberal extractivo, recuperando la memoria y dignidad territorial, reinventándose en el camino, y abriendo rutas que permitan seguir construyendo procesos abiertos para conseguir permanentemente la libre determinación.

El capítulo de luchas, acompañado por la memoria de Perico García y Tomas Maynas, no concluye…

Notas

1. Acta suscrita el 22 de Octubre del 2006, luego de un prolongado conflicto entre el Pueblos Achuar del Corrientes y la Empresa Pluspetrol.

2. Chirif A. (2010). Los Achuares del Corrientes: el Estado ante su propio paradigma. En Rev. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXVIII, N° 28, 2010, Suplemento 1, pp. 289-309.

3. Román M (2011). La protesta social y estado de necesidad justificante: el caso Andoas. En https://www.alainet.org/es/active/48903

4. “Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT)”, establecida en julio del 2013, y conformada por 4 organizaciones indígenas representativas: OPIKAFPE, FEDIQUEP, FECONACOR y ACODECOSPAT.

5. Kamp, R; Papoulias, D; Segovia R (2016) Casos de Estudio para costos de la Remediación Ambiental en zonas petroleras. Santa Fe, Estados Unidos. E-TECH International

6. http://observatoriopetrolero.org/los-documentos-de-acuerdos-con-el-estado/

7. La idea me la presto de la propuesta de Joaquin Yrivarren. Revisar Yrivarren Joaquin (2017) Ruido político y silencio técnico. Un ensayo sobre la discusión socio-ambiental de Minas Conga. Lima. Magreb Producciones, Punto Cardinal. pp. 166, 167.

8. Okamoto T y Zúñiga M (2015) Lecciones aprendidas en la consulta del Lote 192. En Revista Ideele N° 249. Lima. https://revistaideele.com/ideele/content/lecciones-aprendidas-en-la-consulta-del-lote-192

9. En alusión a lo que plantea Boaventura sobre los Teóricos de retaguardia. Revisar de Sousa Santos B (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perpectivas desde una epistemología del Sur. Lima. Editorial IILS, PDTG, RELAJU. pp. 34.

10. García P. (2001) Territorios Indígenas: Tocando las Puertas del Derecho. Revista de Indias. vol. LXI, núm. 223. pp 619-647

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