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FEDIQUEP: PRONUNCIAMIENTO
30 julio, 2014

Frente al paquete de mediadas que facilitan a las empresas seguir contaminando y ante el nombramiento de la Congresista Ana Jara como Primer Ministro, a los pueblos indígenas y la toda la ciudadanía expresamos lo siguiente: 1. Las comunidades indígenas del Pastaza que vivimos en la zona de influencia directa e indirecta del lote 1-AB …

Frente al paquete de mediadas que facilitan a las empresas seguir contaminando y ante el nombramiento de la Congresista Ana Jara como Primer Ministro, a los pueblos indígenas y la toda la ciudadanía expresamos lo siguiente:

1. Las comunidades indígenas del Pastaza que vivimos en la zona de influencia directa e indirecta del lote 1-AB explotado hoy por la Pluspetrol Norte, junto con nuestros hermanos de las cuencas del Corrientes, Tigre y Marañón; afectados por más de 40 años de actividad petrolera en nuestros territorios, venimos dialogando con el gobierno desde mediados de junio del 2011. Ya vamos más de tres años intentado resolver nuestras demandas y a la fecha no hemos logrado nada sustancial que haya cambiado la situación en la que vivimos, solo se alcanzo hacer un inicial diagnostico ambiental que fue suficiente para declarar nuestros territorios en emergencia ambiental y sanitaria; y una segunda Comisión Multisectorial coordinada por la Presidencia del Concejo de Ministros al que se ha denominado “Mesa de Desarrollo” y que tiene un plazo de quinces meses para resolver nuestra demandas de titulación, diagnostico social y ambiental, remediación, compensación por uso de nuestras tierras e indemnización por daños al territorio.

2. En estos diálogos con el Estado hemos ido constatando muchas cosas: la total impunidad con la que la Oxy (1970 al 2000) y Pluspetrol Norte (2000 al 2014) destruyeron nuestros territorios con la complicidad ausente del Estado que en nombre del desarrollo atropellaron todos nuestros derechos. En el tiempo de Oxy con una ausencia de normas ambientales de protección y en el tiempo de Pluspetrol con una insipiente regulación ambiental que no fue suficiente para controlar las malas prácticas empresariales.

3. En los últimos tres años un sector minoritario del Estado liderado por el Ministerio de Ambiente hacia esfuerzos por incorporar normas de control para regular las actividades de las petroleras pero una vez más los intereses económicos que controlan al Estado han desmontado todo lo avanzado creando una situación de impunidad que no debemos permitir que se consolide.

4. El gobierno de Ollanta Humala, como los anteriores, cree que liberando a las empresas de los controles y sanciones ambientales va a solucionar los problemas económicos del país. Esta equivocado. La realidad de nuestras comunidades que hoy vivimos en zonas declaradas en emergencia ambiental y sanitaria es la prueba de este error. En el lote 1-AB de 492 mil hectáreas durante 44 años el Estado lo único que hizo fue facilitar la explotación en beneficio exclusivo de las empresas transnacionales. Permitió a las empresas destruir nuestros territorios y nuestras vidas en nombre del desarrollo y del crecimiento económico.

5. El resultado es territorios declarados en emergencia y la impunidad más grande que avergüenza al Estado frente al mundo y que ni los perdones que expresan en nuestras asambleas y movilizaciones son suficientes para dar cuenta de la magnitud del desastre que han causado a la vida de los pueblos indígenas que han tenido la desgracia de vivir en zonas de extracción de hidrocarburos.

6. Frente a esto nuestra federación expresa su más profunda preocupación y anuncia que la decisión del estado de flexibilizar a un mas las normas ambientales será analizada en nuestra próxima asamblea para tomar las decisiones dentro de nuestra cosmovisión y en defensa de nuestros derechos colectivos.

7. Como Concejo Directivo de Fediquep adelantamos que no permitiremos que se siga flexibilizando las normas ambientales porque sabemos cuáles son los resultados de dejar a las empresas petroleras burlarse de la ley y de los derechos de los pueblos indígenas. No permitiremos que se nos sacrifiquen 40 años más en nombre del desarrollo, vamos a luchar por reconquistar nuestro buen vivir así como nuestros ancestros vivía en armonía con nuestra madre tierra.

8. También conocemos los problemas políticos internos del ejecutivo y la forma como hoy la ministra Ana Jara se ha convertido en la Presidente del Concejo de Ministros; a ella y al Presidente de la Republica le exigimos dar atención inmediata a nuestras comunidades que viven en zonas declaradas en emergencia, fortalecer el dialogo que sostenemos a nivel de la mesa de desarrollo cumpliendo todos los acuerdos a los que hemos llegado, sobre todo el compromiso de que en tres meses debe resolverse las demandas planteadas, y que cumpla con garantizar el derecho a la consulta conforme lo dispone el Convenio 169.

9. Si se sigue legislando solo para favorecer a las empresas, los pueblos organizados nos veremos obligados a movilizarnos nuevamente en defensa de nuestros derechos. Las demandas de titulación, diagnostico social y ambiental, remediación, compensación por uso de tierras e indemnización por impactos son peticiones que deben ser asumidas por respeto a nuestros pueblos. La consulta como derecho de los pueblos indígenas no debe ser interpretado como un obstáculo para el crecimiento económico. Lo que genera más pobreza y exclusión es cuando se gobierna solo para los intereses de las empresas transnacionales en contra de los demás y sobre todo de los pueblos indígenas.

 

Andoas, 26 de julio del 2014

 

 

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